ministerio público Archivos - Revista el Congreso

Gobierno logra acuerdos con habitantes de Loboguerrero en Valle del Cauca para levantar bloqueos

El pasado viernes, se logaron los acuerdos con el fin de suplir necesidades de vivienda, servicios públicos, educación, salud, empleo, entre otros, logró el Gobierno Nacional con los habitantes de Loboguerrero para poder levantar el bloqueo en la vía Dagua – Buenaventura. La viceministra del Interior para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, señaló que se restableció la movilidad de este sector tras llegar a consensos con los manifestantes quienes reclamaron la presencia del Estado para atender temas de carencias de fluido eléctrico, puestos de atención en salud, soluciones para damnificados del invierno, así como de carácter administrativo y territorial. “Hay un barrio que se llama el Matadero y la comunidad vive sin luz en pleno siglo XXI, entonces hay unas solicitudes puntuales para la legalización de este barrio, la afirmación de los derechos fundamentales, y si algo tiene claro este gobierno es que estos sectores sociales que tanto han sufrido deben tener una oportunidad”, sostuvo Solano. Entre las medidas a implementar se contempla dirigir recursos para modernizar el puesto de atención en salud de Loboguerrero, entrega de predios a familias vulnerables del sector, reorganización y funcionamiento del comercio local, y demás que contribuyan al progreso y bienestar de la región. La jornada de diálogo, participación y concertación estuvo apoyada por entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Dagua, autoridades de la fuerza pública, organismos de emergencia y por representantes del Ministerio Público. Tomado por Ministerio del Interior

Gobierno logra acuerdos con habitantes de Loboguerrero en Valle del Cauca para levantar bloqueos Read More »

Mandatarios regionales reciben orientación pedagógica sobre contratación

Actualidad, Regiones / revistacg

La Federación Nacional de Departamentos (FND), en reunión virtual con la Procuraduría General de la Nación, acordó una formación pedagógica que les ayudará a los mandatarios locales a prevenir errores al contratar bajo el régimen de urgencia manifiesta. En un trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la Federación entregó a gobernadores y alcaldes las “pautas de carácter jurídico y legal que les servirán para evitar errores en los contratos celebrados para mitigar el impacto de la pandemia”. La procuradora delegada para la Función Pública, Liliana Caballero, y el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Dario Gómez Lee, participaron en el ejercicio virtual de carácter pedagógico y académico, moderado por el profesor Mauricio Rodríguez Tamayo. Los asistentes recibieron formación en las normas que regulan la contratación por vía de urgencia manifiesta, “régimen que están empleando los gobiernos regionales para garantizar la seguridad alimentaria y la dotación de sus servicios de salud, principalmente”. Igualmente, absolvieron sus dudas sobre planeación, publicación en el SECOP de los actos administrativos relacionados con la contratación y sobre contratos de carácter verbal. Entre otras recomendaciones, expusieron que, en ausencia de estudios previos, debe existir como mínimo un análisis de costos y una trazabilidad de todas las decisiones adoptadas para la celebración del contrato. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís, agradeció a la Procuraduría su contribución para la apertura de este espacio pedagógico y logró que el Ministerio Público abriera una línea de consultas para atender las dudas e inquietudes de los funcionarios regionales. En el encuentro virtual también estuvieron presentes directivos de la Federación Colombiana de Municipios y de la Asociación de Ciudades Capitales. Esta ha sido una de las alternativas del Gobierno Nacional para continuar trabajando desde la regiones del país y para que los mandatarios locales realicen un trabajo riguroso de formación y atención para responder satisfactoriamente a sus territorios.

Mandatarios regionales reciben orientación pedagógica sobre contratación Read More »

Procuraduría hizo un llamado a implementar la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

Actualidad / revistacg

La Procuraduría General de la Nación exhortó a autoridades locales y entidades del orden nacional a implementar la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial establecida por el Estado, para evitar la pérdida de referentes culturales en los procesos de cambio. Como parte de una acción preventiva y defensa del patrimonio público, el ente de control expidió el Memorando 001 de 2020, donde señaló que alcaldes, gobernadores, instituciones y concejos departamentales y distritales de patrimonio no han otorgado el debido cuidado a la ejecución de la política para preservar las prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, incluidos en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial del orden nacional del Ministerio de Cultura, donde algunos han sido reconocidos por la UNESCO. Dada la gravedad y la afectación al patrimonio cultural inmaterial el Ministerio Público solicitó que se tomen medidas inmediatas como planes de acción, mesas de trabajo, y otros que consideren pertinentes. Entre las manifestaciones reconocidas como patrimonio cultural inmaterial se encuentra el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Arahuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta; el Carnaval de Barranquilla; el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Nariño; la música vallenata tradicional del caribe colombiano; los cantos de trabajo del Llano; las procesiones de Semana Santa de Popayán, Cauca; y la música de marimba y cantos tradicionales del pacífico sur de Colombia. El órgano de control recordó que la política de salvaguardia tiene como objetivo el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial para su amparo y fomento, el reconocimiento de la diversidad cultural, desarrollo y bienestar colectivo, y reorientar la acción pública para su protección y promoción. El Ministerio Público requirió a los gobernadores y alcaldes municipales y distritales, dar cumplimiento a los planes especiales de salvaguarda expedidos por el Ministerio de Cultura, y ejecutar los proyectos sectoriales que se hayan constituido en los planes de desarrollo territorial. En el memorando la PGN demandó la integración de las autoridades indígenas y afrodescendientes para la creación de las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, con el fin de promover y rescatar aquellas manifestaciones propias de sus comunidades que trascienden en la sociedad. Pidió al Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los consejos departamentales y distritales de patrimonio cultural adoptar las medidas necesarias para contribuir a la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, divulgación y apropiación social del patrimonio cultural inmaterial. Así mismo, exhortó al Ministerio de Cultura y a las dependencias adscritas para que, adelanten y ejecuten planes de capacitación sobre patrimonio cultural inmaterial a nivel territorial dirigidos a funcionarios y ciudadanía en general. Información tomada de la Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría hizo un llamado a implementar la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial Read More »

Proyecto de ley busca que EPS liquidadas respondan

Actualidad / revistacg

La senadora Laura Fortich radicó hoy ante la Secretaría General del Senado de la República un proyecto de ley que busca garantizar que los acreedores y terceros afectados por las liquidaciones de las EPS puedan iniciar acciones judiciales en contra de los administradores y socios de las dichas empresas, que hayan generado en forma dolosa o culposa su cancelación. El principal problema que enfrenta el Sector de la Salud en Colombia es la inestabilidad financiera de las EPS, el cual se agrava y afecta a todo al sistema cuando estas entidades son liquidadas y dejan cuantiosos pasivos pendientes de pago afectando directamente a trabajadores, prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, y a su vez, afectando la calidad del servicio recibido por los usuarios del sistema, debido a que generalmente estos acreedores son quienes prestan los servicios de salud y medicamentos al beneficiario final. A la fecha, 17 EPS liquidadas han dejado deudas sin pagar por la suma de $664.621.361.120¸ cifra que podría aumentar considerablemente si se tiene en cuenta que hasta la presente seis EPS, cuya liquidación no ha finalizado, adeudan 4,05 billones de pesos, pago que es incierto debido a que no cuentan con los activos suficientes para atender estas obligaciones (teniendo en cuenta la información preliminar reportada en los casos de Saludvida EPS y Cruz Blanca EPS). “Con el fin de evitar que estas deudas pendientes de pago no conduzcan a la quiebra de trabajadores, IPS y proveedores de medicamentos y tecnología en salud y menos sean asumidas por todos los colombianos con cargo al erario, proponemos mediante este proyecto, que aquellos administradores, socios, controlantes y matrices que con sus actuaciones fraudulentas o culposas hayan generado la liquidación a las EPS, respondan con su propio patrimonio por las deudas que no puedan pagarse una vez finalizada la liquidación. Adicionalmente, como medida preventiva de estas situaciones se establece la adopción obligatoria de un sistema de acreditación en calidad, orientado al cumplimiento de estándares técnicos de administración eficiente y sostenible financieramente para prevenir los desequilibrios financieros en la administración de las EPS”, sostuvo la senadora Laura Fortich. Conforme a la iniciativa, mediante el proyecto de ley se adoptan las siguientes medidas: 1. Se establece la responsabilidad subsidiaria y presunta de los controlantes y matrices de grupos empresariales a los que pertenezca una EPS cuando esta sea liquidada y queden pasivos pendientes de pago, esta responsabilidad deberá ser declarada en un proceso judicial, tal como ocurre en el régimen de insolvencia empresarial comercial. 2. Se consagra una acción judicial para que los socios, administradores, revisores fiscales y empleados respondan patrimonialmente por el pasivo insoluto de la EPS liquidada, a la cual se encontraban vinculados siempre que con sus actuaciones u omisiones hayan contribuido a la liquidación de la entidad. 3. Se impone como deber a los interventores de las EPS que inicien las acciones judiciales en contra de controlantes, matrices, socios, administradores, revisores fiscales y empleados cuando existan indicios graves de que la liquidación se produjo por las actuaciones de estos. 4. Se consagra el deber del Ministerio Público de participar en los procesos judiciales aquí consagrados en representación de los intereses colectivos y de la sostenibilidad del Sistema de Salud. 5. Se adoptan estándares de acreditación para la administración financiera sostenible y eficiente de las EPS. Con información tomada del Senado de la República

Proyecto de ley busca que EPS liquidadas respondan Read More »