junio 24, 2026

Emberá Chamí

Retorno pacífico a albergue temporal de grupo Embera Katío que protestaba en Plaza de Bolívar

Llamado a autoridades del Pueblo Embera Katío para propiciar retorno a territorios de origen y de esta manera garantizar su identidad cultural y sus derechos constitucionales. Grupos de familias Embera Katío se encuentran albergando la UPI La Florida, al noroccidente de Bogotá, en difíciles condiciones. Bajo el liderazgo del Ministerio del Interior y la articulación del Administración Distrital a través de la Secretaría de Gobierno, se propició el levantamiento de la protesta de cerca de 120 integrantes de la comunidad Embera Katío, que se habían instalado desde el pasado 26 de junio en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y en los alrededores del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Efectivamente, mediante un amplio y concertado proceso de diálogo con los líderes de la comunidad Embera Katío, la tarde del miércoles 28 se logró el regreso pacífico de las familias indígenas a su alojamiento temporal en la Unidad de Atención Prioritaria del Idipron UPI La Florida, al noroccidente de Bogotá, donde se encuentran instalados mientras se les garantiza el retorno a sus territorios de origen. En el proceso de concertación participaron activamente desde el Ministerio del Interior, el equipo de asesores de la Jefatura de Despacho, profesionales especializados de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, gestores del Sistema Nacional para la Convivencia y la Vida, en coordinación con la Unidad para las Víctimas. De esta forma, se  generó una estrategia de atención con enfoque étnico diferencial nación-territorio y se  desplegó un diálogo intercultural con los líderes Embera Katío, en una mesa interinstitucional con asistencia de directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), seccionales de Bogotá y Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital, así como el acompañamiento permanente de la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía Metropolitana de Bogotá. En la Plaza de Bolívar y el Palacio Liévano se encontraban cerca de 120 personas entre niños, niñas y adolescentes, madres y mujeres gestantes y lactantes, que pernoctaban a la intemperie en las condiciones extremas que está circunstancia generaba. En desarrollo de las mesas de diálogo y concertación para mejorar las condiciones de habitabilidad del albergue temporal en Bogotá, se hizo un llamado a las autoridades indígenas del Pueblo Embera Katío del país para que se trabaje prioritariamente en la generación del retorno a los territorios de origen, donde bajo todas las garantías que ordena la ley de víctimas, se materialicen los derechos fundamentales que estas comunidades ostentan por su especial protección constitucional. Todo lo anterior permitirá el fortalecimiento organizativo y la autonomía de los pueblos indígenas, apartándolos de intereses particulares que lo único que genera es el desarraigo territorial y cultural, afectando directamente su pervivencia dentro de las dinámicas propias. Tomado de Ministerio de Interior

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La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV- acelerar los trámites necesarios para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila. 

Procuraduría pidió garantizar derechos fundamentales de comunidad Emberá Chamí ubicada en Campoalegre, Huila

La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV- acelerar los trámites necesarios para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila.  En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Neiva realizó la petición ante el riesgo de una posible afectación a sus derechos, pues no cuentan con acceso a la salud, alimentación y educación, teniendo en cuenta que desde finales de junio pasado permanecen en una casa donde solo les proveen los servicios básicos de agua, luz y gas.   En la misma acción preventiva, el Ministerio Público solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional activar las rutas y programas de protección y prevención que se requieran para garantizar su seguridad, debido a que el pasado 16 de junio fue asesinado uno de sus integrantes y otro más fue herido.  Además, requirió a la Gobernación del Huila adelantar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de alimentación de esa comunidad, integrada por siete familias, toda vez que el auxilio “que les ha venido entregando la alcaldía de Campoalegre no es suficiente para satisfacer sus requerimientos”. Tomado de la Procuraduría General de la Nación.

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