abril 18, 2026

Deuda

El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral.

Colombia está en deuda con las metas de reparación integral de víctimas

El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral. Con esta iniciativa se busca agilizar y fortalecer el proceso de Restitución de Tierras por vía administrativa, reformando la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. La Ley 1448 de 2011, que ha sido prorrogada hasta el año 2031, la cual establece metas ambiciosas para satisfacer y garantizar los derechos de las víctimas en Colombia, beneficiando a un total de 9.492.000 personas. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha logrado avanzar un 3.94% en el acceso y garantía de Restitución de Tierras a las víctimas, como parte integral del proceso de reparación. El proyecto busca convertirse en una herramienta que facilite la meta del gobierno y de su bancada legislativa, de la falta de tierras para las comunidades campesinas y para quienes han sido víctimas del despojo a raíz del conflicto armado. Tomado por Congreso de la República de Colombia

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Proyecto de ley busca que EPS liquidadas respondan

La senadora Laura Fortich radicó hoy ante la Secretaría General del Senado de la República un proyecto de ley que busca garantizar que los acreedores y terceros afectados por las liquidaciones de las EPS puedan iniciar acciones judiciales en contra de los administradores y socios de las dichas empresas, que hayan generado en forma dolosa o culposa su cancelación. El principal problema que enfrenta el Sector de la Salud en Colombia es la inestabilidad financiera de las EPS, el cual se agrava y afecta a todo al sistema cuando estas entidades son liquidadas y dejan cuantiosos pasivos pendientes de pago afectando directamente a trabajadores, prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, y a su vez, afectando la calidad del servicio recibido por los usuarios del sistema, debido a que generalmente estos acreedores son quienes prestan los servicios de salud y medicamentos al beneficiario final.  A la fecha, 17 EPS liquidadas han dejado deudas sin pagar por la suma de $664.621.361.120¸ cifra que podría aumentar considerablemente si se tiene en cuenta que hasta la presente seis EPS, cuya liquidación no ha finalizado, adeudan 4,05 billones de pesos, pago que es incierto debido a que no cuentan con los activos suficientes para atender estas obligaciones (teniendo en cuenta la información preliminar reportada en los casos de Saludvida EPS y Cruz Blanca EPS). “Con el fin de evitar que estas deudas pendientes de pago no conduzcan a la quiebra de trabajadores, IPS y proveedores de medicamentos y tecnología en salud y menos sean asumidas por todos los colombianos con cargo al erario, proponemos mediante este proyecto, que aquellos administradores, socios, controlantes y matrices que con sus actuaciones fraudulentas o culposas hayan generado la liquidación a las EPS, respondan con su propio patrimonio por las deudas que no puedan pagarse una vez finalizada la liquidación. Adicionalmente, como medida preventiva de estas situaciones se establece la adopción obligatoria de un sistema de acreditación en calidad, orientado al cumplimiento de estándares técnicos de administración eficiente y sostenible financieramente para prevenir los desequilibrios financieros en la administración de las EPS”, sostuvo la senadora Laura Fortich. Conforme a la iniciativa, mediante el proyecto de ley se adoptan las siguientes medidas: 1. Se establece la responsabilidad subsidiaria y presunta de los controlantes y matrices de grupos empresariales a los que pertenezca una EPS cuando esta sea liquidada y queden pasivos pendientes de pago, esta responsabilidad deberá ser declarada en un proceso judicial, tal como ocurre en el régimen de insolvencia empresarial comercial. 2. Se consagra una acción judicial para que los socios, administradores, revisores fiscales y empleados respondan patrimonialmente por el pasivo insoluto de la EPS liquidada, a la cual se encontraban vinculados siempre que con sus actuaciones u omisiones hayan contribuido a la liquidación de la entidad. 3. Se impone como deber a los interventores de las EPS que inicien las acciones judiciales en contra de controlantes, matrices, socios, administradores, revisores fiscales y empleados cuando existan indicios graves de que la liquidación se produjo por las actuaciones de estos. 4. Se consagra el deber del Ministerio Público de participar en los procesos judiciales aquí consagrados en representación de los intereses colectivos y de la sostenibilidad del Sistema de Salud. 5. Se adoptan estándares de acreditación para la administración financiera sostenible y eficiente de las EPS. Con información tomada del Senado de la República 

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Samuel Moreno condenado a 30 años de prisión

El juzgado 34 de conocimiento de Bogotá sentenció al ex alcalde Samuel Moreno a 30 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. Moreno deberá pagar una multa por 26.780 millones de pesos. El exmandatario es acusado de entablar conexiones con un grupo de personas para apoderarse de los recursos públicos de la capital. “El entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno creó y dirigió ese concierto para delinquir siendo él quien le propuso a Manuel Sánchez que lo apoyara económica y electoralmente junto con amigos de este en la campaña de la consulta interna del Polo Democrático (…) les ofreció ayudarles a estas entidades del distrito para que se beneficiaran de estos recursos no solo económicamente si no burocráticamente, como en efecto así ocurrió” afirmó la juez en cuestión.  Desde septiembre del año 2011, Moreno fue privado de la libertad. Su primera condena de 24 años, de los cuales ya lleva 7, estuvo ligada a irregularidades en la firma de contratos para el servicio de ambulancias en la capital, mientras la segunda, en la que le añadieron 39 años y nueve meses de prisión, estuvo relacionada con la adjudicación de varios contratos de valorización y malla vial., Los abogados de Moreno anunciaron que presentarán recurso de apelación en los próximos días.  En su decisión la juez le pide a la Fiscalía que investigue al excongresista Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde y al jurista Álvaro Dávila por el delito de falso testimonio pues habrían mentido en los estrados judiciales.    

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