Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que le plantearía al Congreso colombiano y a las altas cortes la posibilidad de implementar una especie de ‘fast track’ para acelerar la aprobación de las reformas, la iniciativa generó diversas opiniones entre los legisladores, especialmente, afirmando que dicha propuesta no sería viable.
Entre las opiniones, se encuentra la del senador Miguel Uribe, quien dijo que “el ‘fast track’ que propone Gustavo Petro es un golpe al estado de derecho, una amenaza a la democracia y un intento más por quedarse en el poder. Al presidente hay que insistirle que el fin no justifica los medios”.
El senador Carlos Motoa aseguró que el país requiere un Gobierno que ejecute y que ponga en marcha los proyectos que necesita el país y no más reformas aprobadas en tiempo récord. “El Estado colombiano no requiere más normas al respecto, ni mucho menos reformar la carta política mediante la figura del ‘fast track’, ese mecanismo excepcional se implementó en el año 2016 y cumplió con su objetivo en su momento”.