junio 1, 2026

Opinión

La paz no la van a hacer trizas, Manuel

Aída Avella Senadora, Unión Patriota    A Manuel Cepeda nunca lo olvidaremos. Fue el último senador por la UP y el Partido Comunista Colombiano, antes que nos lo quitaran a tiros. Era un hombre comprometido con la causa del pueblo colombiano. Lo sé porque, estando en el Concejo de Bogotá, compartí mucho con él. Casi que todos los días nos veíamos o nos llamábamos para estudiar los temas nacionales y de la ciudad y coordinar el trabajo que nos correspondía con la UP y el PCC.   Vi su esfuerzo político, desde nuestro periódico VOZ, el parlamento y la movilización, por juntar fuerzas revolucionarias y demócratas en una sola dirección. La unidad en torno a las ideas de cambio para el país y las reivindicaciones laborales y sociales de los trabajadores colombianos, siempre fue su bandera prioritaria.   Bandera que hoy vemos materializada con la presencia en el parlamento de la UP, la Fuerza Alternativa del Común, Decentes, las fuerzas progresistas, y otros senadores y representantes que hoy sumamos el bloque de oposición democrático más importante de la historia, con la responsabilidad de representar las ideas de una ciudadanía activa, movilizada y declarada en oposición a la derecha retardataria y sus mayorías parlamentarias.     A Manuel Cepeda nunca lo olvidaremos. Fue el último senador por la UP y el Partido Comunista Colombiano, antes que nos lo quitaran a tiros A Manuel le podemos contar que nos asignaron la Comisión Cuarta Constitucional en la que discutiremos el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos anuales de inversión. Te podemos contar que no calentaremos silla en el parlamento, que trabajaremos todos los días, para eso nos pagan; que no faltaremos a ninguna citación a comisión o plenaria, que estamos preparando debates como las funciones delegadas del Estado que a nuestro juicio son parte de las venas rotas del presupuesto nacional, que daremos la pelea por la implementación de los acuerdos de paz y para ello nos preparamos para la discusión del Plan Marco de Implementación. La paz no la van a hacer trizas, Manuel.   Hoy la oficina 633B en el Congreso está abierta a la gente, al servicio del pueblo. Siempre vive llena de ciudadanos que acuden a nosotros para que les ayudemos. Estos días atendimos casos sensibles con compañeros que en regiones se están jugando la vida por desterrar el miedo y acompañar las causas de la justicia social.  Ya van 334 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Nuestra prioridad es que esos casos no caigan en la impunidad y que por supuesto no ocurra uno más. Aquí hay un genocidio social en marcha.   Manuel, hoy somos la oposición a un gobierno de grandes empresarios, conducido por una clase política inmersa en la podredumbre; somos resistencia a los vientos de guerra, y al tiempo, alternativa política para ganar gobiernos locales y derrotar las fuerzas políticas del atraso. Seguimos tu ejemplo Manuel, estudiamos tus enseñanzas y avanzamos por tus sueños. Son duros estos 24 años sin ti, pero seguimos dejando en alto el nombre de la Unión Patriótica.    

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Política fronteriza, el gran reto de Duque

Por Álvaro Erazo Paz Su primer acto de gobierno ejerciendo soberanía sobre la isla caribeña de San Andrés es un mensaje claro de que la política exterior, y en particular los problemas que arrastra Colombia con países fronterizos como Nicaragua, Venezuela, Panamá y Ecuador, estarán en primer orden en la agenda del presidente Iván Duque en sus cuatro años de gestión. Aunque todos ameritan la mayor atención, la crisis humanitaria generada por la llegada de miles de venezolanos que huyen de la situación política y económica de su nación, merecerá un capítulo especial para la nueva administración. Desde que estaba en campaña, Duque advirtió que acorralaría diplomáticamente al presidente Nicolás Maduro para que retornara la libertad y democracia en Venezuela, pero que su Gobierno les daría la asistencia humanitaria necesaria a quienes han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones para vivir. Y es que la situación que viven departamentos como Norte de Santander, donde el éxodo de venezolanos ya desbordó la capacidad institucional, ha prendido las alarmas por las dificultades que está generando en algunas ciudades del país en materia de seguridad, salubridad y carga presupuestal. Un problema más que se añade al complejo panorama que presentan regiones como El Catatumbo, limítrofe con Venezuela, donde la ausencia del Estado colombiano ha contribuido al crecimiento de los cultivos ilícitos, y por ende a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan su control. Esa es tal vez una de las razones que llevó al presidente a visitar, dos días después de su posesión, al municipio de Tibú, donde anunció mano dura para reducir de manera significativa el número de hectáreas sembradas con coca, y se comprometió a empujar el desarrollo económico y social de la población. Tanto con su desplazamiento al archipiélago de San Andrés y Providencia, por el cual Colombia mantiene un litigio marítimo con Nicaragua, como con su viaje a Tibú, el mandatario quiso enviar mensajes de soberanía y de presencia territorial. En lo que tiene que ver con Ecuador, Duque ya tuvo su primer encuentro con el presidente Lenin Moreno para hablar sobre el desarrollo de las zonas fronterizas y la lucha conjunta que deben librar los dos países contra el narcotráfico y la disidencia de las FARC, a la cual se atribuye el secuestro y asesinato de varios ciudadanos ecuatorianos en los últimos meses. La idea es establecer los primeros acuerdos que permitan fortalecer un gabinete binacional para avanzar en aspectos comerciales, cooperación en seguridad y conocer iniciativas en telecomunicaciones y educación. Previo a los actos de transmisión de mando, el jefe de Estado colombiano se reunió también con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, con quien dialogó sobre temas de interés mutuo, como la lucha contra el narcotráfico a través del Triángulo Sur (Panamá, Costa Rica y Colombia), la solución a las situaciones comerciales entre las dos naciones, el turismo y el combate coordinado al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Primeros pasos que ha dado el presidente Duque, en el arranque de su administración, que marcan lo que será su política exterior en asuntos clave para el país y en los que todos debemos rodear al Gobierno, al margen de cualquier diferencia ideológica o interés político que pueda existir.

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Bogotá está en riesgo por licitación de TM

Jorge Torres Concejal de Bogotá, Partido Alianza Verde   Existen serios indicios de que los proponentes de la licitación de fases I y II de Transmilenio ofertarán mayoritariamente Diésel EURO V, dejando por fuera los buses a gas o eléctricos. Aunque en la licitación se hizo explicita la inclusión de filtros para buses diésel EURO V, estos no son óptimos, ya que permiten la emisión de óxidos de nitrógeno, ozono atmosférico y CO2, gases que son altamente perjudiciales para la salud humana.  En Bogotá, el sector del transporte aporta cerca del 56% de las emisiones de material particulado (MP) y más del 85% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), todos gases contaminantes para los bogotanos, cuya emisión vulnera el derecho de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano consagrado en la Constitución Política. Por esta razón, un primer paso para mejorar el complejo panorama de la contaminación ambiental en Bogotá es la inclusión de tecnologías limpias en la nueva licitación de la flota para las fases I y II de Transmilenio. Lamentablemente, está ilusión que tenemos millones de bogotanos podría terminar frustrada. El primer punto tiene que ver con el anuncio que la administración distrital hizo el pasado 24 de abril, celebrando que la licitación entregaría 400 puntos en la oferta técnica de los 2.000 posibles a favor de las tecnologías limpias en aras de incentivar la inclusión de articulados y biarticulados con energías limpias. Sin embargo, los buses tanto a gas natural, como eléctricos y diésel EURO VI requieren de mayores inversiones iniciales, lo que podría poner en riesgo su inclusión dentro de los proponentes, ya que en la puja de la licitación prima la oferta económica y los menores costos. Adicional a esto, al conocerse que Ecopetrol, específicamente en la refinería de Cartagena, produce desde el mes de marzo diésel para estándar de emisión EURO VI, resulta factible que la licitación asigne los 400 puntos anteriomente mencionados a este tipo de tecnología que, si bien tiene menor material particulado que los combustibles que actualmente recorren la ciudad, no es cero emisiones y, por tanto, sigue siendo un agente contaminante en las vías de la ciudad.    “Es necesario que los operadores contribuyan para reducir comportamientos negativos en el sistema” Por tanto, si Transmilenio quiere garantizar efectivamente una pluralidad de tecnologías, debería otorgar una puntuación escalonada o adjudicar la totalidad de los puntos a en la oferta técnica a los oferentes que entreguen al menos el 30% de la flota con buses articulados o biarticulados a gas o eléctricos. Pero, bajo el actual planteamiento de la licitación, los concesionarios se lanzarán a presentar ofertas con aquellas tecnologías que representen menores inversiones, menores costos operacionales y que garanticen la captura de la totalidad de los puntos sin que esto represente cambios tecnológicos ni resultados ambientales de alto impacto con la implementación de la nueva flota. Asimismo, nos queda el sinsabor de la inclusión de los filtros que se exigen en la licitación. Porque, si bien mejoran en algo las emisiones de los motores de estándar EURO V y reducen la emisión de material particulado, no son óptimos, ya que permiten la emisión de óxidos de nitrógeno, ozono atmosférico y CO2, gases que son altamente perjudiciales para la salud humana. Además, existen riesgos sobre el mantenimiento, ya que estos motores operan con un diésel de 50 ppm que generaría que la vida útil de los filtros fuera menor, lo cual aumentaría los costos de operación en el futuro. Algo similar ocurre con los buses EURO VI, ya que el mantenimiento de estos es muy complicado y por ende muy costoso. Finalmente, la licitación de Transmilenio tampoco exige a los oferentes acciones que generen cambios de comportamientos de los usuarios y conductores del sistema vía cultura ciudadana. Se limita únicamente a definir detalles de operación, mantenimiento de los buses y adecuación de los patios. Lo cual es preocupante tras conocerse el fracaso de las estrategias de Cultura Ciudadana que adelantó Transmilenio durante los dos primeros años del actual Gobierno. Es necesario que los operadores contribuyan para reducir comportamientos negativos en el sistema, como los colados, las agresiones, la intolerancia, la falta de orden en las filas y los daños a las puertas para lograr el sistema de transporte público masivo que nos merecemos todos los bogotanos.

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No más muertes de líderes sociales

GUILLERMO GARCÍA REALPE Senador de la República, Partido Liberal Cada día los colombianos vemos con asombro y con impotencia cómo en el país se siguen presentando asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, sobre todo en aquellas regiones donde con más intensidad se ha vivido la violencia. Se supone que en un país en paz, que hace transición hacia el posconflicto, este tipo de hechos muy lamentables, por cierto, no se deben presentar. Pero, hoy la realidad es otra y el panorama es bastante desolador. Según las últimas cifras recopiladas por el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), tan sólo en lo corrido del 2018, es decir, durante estos primeros seis meses y medio se ha registrado la muerte de 123 líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país, 22 de estas muertes se han presentado después de las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio. Algo realmente ¡alarmante! Departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Cesar ocupan hoy el deshonroso top 10 de las regiones donde han caído más líderes sociales. Pero la radiografía de muerte es más alarmante si retomamos datos estadísticos desde diciembre  del año 2016, fecha de la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las FARC, las cifras de INDEPAZ muestran que 293 defensores han sido asesinados en Colombia, es decir, que en promedio se registró una muerte cada cuatro días. Este exterminio generalizado y sistemático contra nuestros líderes, lideresas sociales y defensores de los Derechos Humanos no lo podemos seguir permitiendo. La sociedad civil, y todos quienes defendemos la vida como derecho fundamental y la paz como ese gran anhelo nacional, estamos llamados a enarbolar las banderas de la reconciliación nacional y exigirle a los violentos que están cegando la vida de nuestros conciudadanos que cesen todo acto de barbarie, de muerte, y que respeten sus derechos fundamentales y el de sus familias. “durante estos primeros seis meses y medio se ha registrado la muerte de 123 líderes y lideresas sociales” Frente a la violencia generalizada y al exterminio sistemático de líderes sociales surgen varios interrogantes que aún no han sido despejados por el gobierno nacional y por los organismos de inteligencia del Estado. Según cifras oficiales, el 81,5% de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, como Juntas de Acción Comunal o comunidades étnicas. Mientras tanto, muchas de las causas como, por ejemplo, las disputas y los conflictos por tierras, también la minería ilegal, y los cultivos ilícitos representan el 83 % del motivo de los asesinatos. Factores como la presencia de disidencias de las FARC, del ELN y de otros actores armados ilegales que buscan apoderarse de las antiguas zonas donde ejercía control la guerrilla de las FARC, están generando graves impactos en las poblaciones de influencia, pues todos buscan apoderarse y controlar la economía ilegal, sin importar que en ese trance se vulneren los Derechos Humanos de sus habitantes y de quienes ancestralmente han ocupado esos territorios. Recientemente también graves hechos han sucedido en el departamento de Nariño. La muerte el pasado 11 de julio de tres agentes investigadores del CTI de la Fiscalía en momentos en que se dirigían a una diligencia judicial en el sector Guayacana, kilómetro 78 vía Tumaco-Junín es un grave episodio que enluta a las familias de Willinton Montenegro, Douglas Medina y Jair Montenegro. Nuestra solidaridad y apoyo a sus familias en estos difíciles momentos. Así mismo, toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía debe ser dispuesta para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan más temprano que tarde a la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes. Los violentos no pueden quedar impunes, quienes decidieron seguir por el camino de la criminalidad, delinquiendo, asesinando, narcotraficando, deben ser perseguidos por las Fuerzas del Estado, sus organizaciones se deben desmantelar y sus cabecillas y demás antisociales enfrentar todo el peso de la Ley. El proceso de Paz, a pesar de todas las actuales dificultades, debe continuar, sobreponerse al difícil momento y avanzar en la búsqueda del respeto por la vida, los Derechos Humanos y alcanzar la reconciliación nacional. Nuestro abrazo solidario a todas las familias de las víctimas de los líderes y lideresas sociales que han caído en esta cruel violencia que no se resigna a dejarnos vivir en paz.  

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Nueva oportunidad para el nuevo liberalismo

Juan Manuel Galán Exsenador, Partido Liberal   Miembros del movimiento Nuevo Liberalismo han solicitado el reconocimiento de su personería jurídica. Este reclamo, dicho sin exageraciones, se funda en hechos dolorosos de la historia colombiana que han dejado cicatrices en el alma nacional, pero que hoy, marcan el horizonte de una nueva esperanza para nuestro país. Luis Carlos Galán Sarmiento entregó su propia vida al servicio del combate contra la corrupción y el narcotráfico movido por las ideas que inspiraron al Nuevo Liberalismo. Esas ideas libertarias en contra de la inequidad y la desigualdad, así como la convicción de que Colombia solo alcanzará su madurez democrática cuando se recuperen los valores éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes de partidos políticos, fueron su sentencia de muerte en la plaza de Soacha casi 30 años atrás. Hoy, quienes lo acompañaron en los inicios de su proyecto político, son proponentes de una nueva demanda que busca recuperar la personería que se obtuvo  en 1986 y que, como consecuencia directa de su exterminio físico (50 militantes asesinados en el Urabá, Puerto Boyacá y Magdalena Medio) en los años ochenta y noventa en el país, después del asesinato de su líder, no pudo mantenerse. “Esperamos celeridad y justicia para que el Nuevo Liberalismo reaparezca como intérprete de ese liberalismo que el Partido Liberal decidió abandonar” Prueba de ese clima de violencia es que, cuando el movimiento se disolvió para ingresar al Partido Liberal durante la campaña a la Presidencia de la República en 1989; su principal rival dentro del partido fue Alberto Santofimio Botero, político condenado por la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Posterior a esto, los demás miembros del Nuevo Liberalismo fueron víctimas de persecución, secuestro y atentados de diverso orden. Solo por honrar a algunos de ellos, recordamos a los concejales en Apartadó, y Antioquia, los periodistas Guillermo Cano Isaza y Jorge Enrique Pulido Sierra, y otros miembros que sufrieron atentados como Alberto Villamizar, Enrique Parejo,  Iván Marulanda Gómez y Maruja Pachón. Todos estos hechos, muestran la sistematicidad de los ataques contra el Nuevo Liberalismo, solo comparable al de la Unión Patriótica, a través de aparatos organizados de poder, razón por la cual, la Corte declaró el magnicidio como un crimen de lesa humanidad. Pese a las pruebas aportadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de restitución de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Ahora, los demandantes acuden al Consejo de Estado, quien declaró que el CNE debe valorar de nuevo la solicitud inicial a la luz de consideraciones precisas impartidas por el propio Consejo de Estado. Esperamos celeridad y justicia para que el Nuevo Liberalismo reaparezca como intérprete de ese liberalismo que el Partido Liberal decidió abandonar.    

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Un nuevo Congreso con responsabilidad social y política

José David Name Senador, Partido de la U Somos conscientes de la gran expectativa que hay en el país por los cambios que veremos en este nuevo Congreso, que ante todo deberá concentrarse en la búsqueda de consensos para sacar adelante reformas que realmente beneficien a los colombianos. El pasado 7 de agosto asistimos a la posesión del nuevo gobierno, que desde el 17 de junio ha venido recibiendo información de empalme, haciendo consultas a nivel nacional e internacional, exponiendo ideas de principios y políticas, y dando a conocer el equipo más próximo al Presidente. Me siento profundamente honrado de hacer parte de este momento histórico que vive nuestro país. Es satisfactorio poder decir que en estos últimos años, Colombia ha avanzado en áreas esenciales como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura, la arquitectura del comercio exterior, las posibilidades de diversificación de la oferta exportable, la oferta energética, la recuperación del sector agrario, y que además se ha podido establecer una ruta para la búsqueda de la paz, que aunque está sujeta a algunos ajustes, ha cambiado la historia de los colombianos. “…debemos seguir trabajando por mejorar los aspectos que continúan con indicadores en rojo como la inseguridad, la educación, la desigualdad, la salud y el desempleo”. Pese a los logros y avances que ha tenido el país, debemos seguir trabajando por mejorar los aspectos que continúan con indicadores en rojo como la inseguridad, la educación, la desigualdad, la salud y el desempleo que requieren de un compromiso articulado por parte de todos para que verdaderamente nos convirtamos en la nación de la justicia social. Estaremos atentos de las actuaciones del nuevo gobierno frente al tema económico que debe dar mejores señales de estabilidad y buen juicio en la toma de las decisiones fiscales y de la política económica.  El Presidente Iván Duque ha venido asumiendo compromisos en la denominada Economía Naranja, enfocada en las pequeñas empresas y con la reactivación de la industria, que es la más potente palanca de desarrollo sostenible. Hay muchos desafíos para esta nueva legislatura, entre ellos lograr el tramite exitoso de reformas como la de justicia, la tributaria, la pensional, la de educación en todos los niveles y la nueva reforma a la salud, que son vitales para el desarrollo de los colombianos y que necesita con gran urgencia el país.  Confío en que este nuevo Congreso será comprometido y responsable con la labor que nos ha sido encomendada. Las consultas internacionales del Presidente han logrado respaldo para su agenda, sobre todo en temas cruciales como los cultivos ilícitos y Venezuela. Con Europa y Asia hay temas por desarrollar en materia de mercados y en eso tenemos avances por efecto de la pacificación y el ingreso a la OCDE, que constituyen factores de confianza. Las prioridades del Ejecutivo y el Legislativo deben estar centradas en los temas sociales y económicos, que son los principales cambios que está exigiendo la ciudadanía. Las demandas sociales estuvieron concentradas en seguridad ciudadana, la educación, la salud, el empleo y la vivienda.  En el caso de la costa Caribe, en la confiabilidad en suministro de electricidad, el desarrollo humano y de infraestructura. Queremos una respuesta del nuevo gobierno que genere confianza frente a las disparidades sociales en la región con respecto a la nación que nos ubica con ingresos que llegan hasta la mitad apenas del promedio nacional en casos extremos, como Sucre y el sur de Bolívar. Partimos en desventaja en materia de desarrollo territorial porque hay compromisos en otras regiones golpeadas por el conflicto y gran parte de nuestro territorio no aplica en esa estrategia de desarrollo. Este es un tema que impone un debate interno para la toma de decisiones en el Plan de Desarrollo hasta el 2022. El Presidente Duque anunció que el paquete de reformas llegará con su posesión. Tendremos, en consecuencia, un Congreso con tareas urgentes, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, y eso nos anima a realizar un trabajo con responsabilidad social y política.  Lo lograremos.

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Educación construida entre todos

Luz Marina Gordillo Concejala de Bogotá La corrupción, la violencia, la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el cambio climático y en general la pérdida de valores son las principales preocupaciones de las sociedades actuales, especialmente en países en vía de desarrollo, que pueden ser contrarrestadas si brindamos a toda la población educación de calidad y con cobertura universal. La base del progreso de cualquier país es la educación. Así lo afirmó el Banco Mundial cuando planteó los desafíos para un desarrollo verdaderamente sostenible. El ingreso de Colombia a la OCDE ha desatado críticas en algunos sectores de la sociedad; sin embargo, en el campo de la educación es quizá donde mayores expectativas ha despertado, por cuanto debemos pensar en estándares semejantes a los países con los mejores sistemas de educación, independiente del estrato socioeconómico de los estudiantes, del lugar de residencia o el tipo de colegio al que asistan. Por citar algunas cifras, la inversión pública en educación respecto al PIB que está cerca del 4,5%, deberá llegar al 5,6%. También se deberá mejorar la profesión de docente brindándoles mayores oportunidades de formación y actualización de conocimientos. Este no es un aspecto menor, la formación de los docentes es indispensable para pensar en educación de calidad. “…es de vital importancia el compromiso de la comunidad educativa, es decir, que la formación de los estudiantes no esté a cargo de los docentes únicamente…” En armonía con estos estándares, debemos reconocer que Bogotá ha tenido grandes avances durante los últimos años. Cobertura cercana al 98% de la población en edad escolar y una tasa de deserción escolar del 1,6%, lo confirman. Nos corresponde ahora trabajar en calidad. En este aspecto es de vital importancia el compromiso de la comunidad educativa, es decir, que la formación de los estudiantes no esté a cargo de los docentes únicamente, sino incluir en este proceso a padres, comunidad en general y los propios estudiantes, para que entre todos se construya el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia y todos tengan la posibilidad de decidir cómo invertir los recursos de cada Institución Educativa porque, finalmente, son recursos de los estudiantes y para los estudiantes. Con este propósito, vengo trabajando de la mano con varios padres de familia de diferentes colegios, comprometidos con la educación de sus hijos, preocupados por las problemáticas alrededor de los colegios y conscientes de la necesidad de trabajar en equipo. Este trabajo ha resultado realmente sorprendente y gratificante, pues viene despertando el interés de muchos mediante sugerencias e iniciativas construidas a partir de sus propias experiencias. A manera de ejemplo, recientemente pusimos a consideración del Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para institucionalizar, apoyar y fortalecer la red de emisoras estudiantiles, como un espacio de creación y crecimiento pedagógico, proyecto que surgió de un proceso de participación ciudadana en los colegios distritales. Esperamos que esta red crezca y logremos presentar nuevas propuestas a la Secretaría de Educación.

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Reforma al Sistema Nacional de Regalías

Rodrigo Villalba Mosquera Senador, Partido Liberal Por estos días previos a lo que será la posesión del nuevo mandatario de los colombianos, se han escuchado propuestas de reforma tributaria que causan temores, pero la reforma que me llama la atención, la escuché en campaña al doctor Iván Duque, la misma que ha reiterado ahora sobre la necesidad de crear un nuevo Sistema Nacional de Regalías -justo y equitativo- frente a los entes territoriales productores (caso Huila), que corrija la enmienda del actual gobierno, que con el pretexto de combatir la corrupción en las regalías y repartir ‘la mermelada en toda la torta’, distribuye por igual en productores y no productores, mediante los OCAD regionales. Aquí es prudente aclarar que equidad no siempre significa que hay que partir por igual. La equidad quiere decir que a cada cual hay que darle lo justo, y por supuesto lo equitativo es que los entes territoriales productores de estos recursos naturales en explotación tengan unas regalías preferenciales y privilegiadas, pues donde se explota es donde se registra el impacto negativo en lo ambiental y en lo socioeconómico, especialmente. El esquema actual desestimuló la producción. Sin incentivos, los municipios y departamentos productores, como también la comunidad, perdieron el interés, pues lo único que les deja es deterioro en su entorno, debilitamiento social y ningún recurso adicional para mitigar estos efectos negativos. En hora buena hay que respaldar la propuesta a la nueva enmienda constitucional al Sistema Nacional de Regalías, para que haya equidad y se haga justicia con los entes productores. Hoy, con este torpe sistema de regalías y el desgano de los entes productores, se han puesto en riesgo las reservas de hidrocarburos, lo que pone en peligro el abastecimiento futuro y, por ende, las finanzas de la nación. En hora buena hay que respaldar la propuesta a la nueva enmienda constitucional al Sistema Nacional de Regalías, para que haya equidad y se haga justicia con los entes productores, con la participación de unas regalías privilegiadas para mitigar el impacto negativo por la explotación del recurso natural, y generar también unos recursos disponibles de tipo compensatorio en obras de desarrollo para las regiones donde se den explotaciones mineras, de hidrocarburos o de cualquiera de estos recursos naturales. No será fácil sacar adelante el proyecto de Acto Legislativo de la referencia, pues como se sabe, son mayoría los no productores y eso se refleja en que ellos tienen mayor representación congresional, pero se tendrá que imponer la razón de la equidad, la conveniencia sectorial y de país. Nos corresponde como bancada de un departamento productor de hidrocarburos, apoyar la iniciativa con liderazgo, para que brille la equidad y también aprovechar la oportunidad para eliminar esos procedimientos engorrosos de presupuestos paralelos a través de los OCAD, y que los recursos de regalías, como en el pasado, lleguen directamente a los presupuestos departamentales y municipales. Tomada del diario La Nación.

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¡Un exabrupto! ¡No se puede pretender comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca!

Amylkar D. Acosta M Miembro de Número de la ACCE El doctor Jorge Humberto Botero, ex ministro de Comercio y actual Presidente de FASECOLDA levantó una polvareda con el dislate de su propuesta de privatizar a ECOPETROL, la joya de la corona del Estado colombiano. Sus argumentos para proponer la venta del 88.5% de las acciones de la Nación son traídos de los cabellos y a los colombianos le quedó la sensación de que esa película ya la vimos. Recordemos que la venta de ISAGEN se dio por descarte, en concepto del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la rentabilidad sobre la inversión de ECOPETROL era de 6.7% mientras que la de ISAGEN era de 2.4%. Además, “la rentabilidad sobre patrimonio que en 2012 para ISAGEN fue de 13% y en ECOPETROL de 22%”. Para concluir, axiomáticamente, que era más rentable invertir el producido de la venta de ISAGEN en la modernización de la infraestructura de transporte. De esta manera estaríamos cambiando un activo energético por dobles calzadas. A contrario sensu de lo que dijo el exministro, ‘que la propuesta no puede ser más oportuna’, considero que no puede ser más impertinente” Después se supo que los $5.8 billones que recibió la Nación por la venta de ISAGEN no se invirtieron en el programa de modernización vial, como se había dicho, sino que sirvieron para capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Como lo manifestó su Presidente Clemente del Valle dicha capitalización permitió “ampliar  la capacidad de financiación, tanto en número de proyectos a financiar, como en el monto individual que se puede comprometer por proyecto”. Es decir, que la Nación sale en auxilio de los concesionarios de las vías de cuarta generación (4G), apalancándolos para el cierre financiero de los proyectos. Como lo acotó en su momento la Contraloría General, dichos recursos  “serían otorgados a los inversionistas privados (léase concesionarios) con unas condiciones de crédito flexible”, además de advertir el riesgo de cambiar “un activo productivo” por otro “que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar”. El Presidente de FASECOLDA nos viene con una propuesta similar, dice él que “no se trata de cambiar los mecanismos de obra pública, sino de generar recursos de financiamiento y de capital en los proyectos que deben ser recuperados por la Financiera de Desarrollo Nacional en el mediano y largo plazo”. Más de lo mismo, apoyándose en el sofisma de que “es obvio que es mucho más interesante, por los impactos sociales y económicos que genera, tener los recursos en vías que tenerlos en ECOPETROL”. Su planteamiento sólo se diferencia en que propone constituir un Fondo en el exterior, el cual trasvasaría el 50% de los recursos a la FDN, para, digámoslo sin rodeos, financiar a los privados y con el “flujo de ingreso” generado por el rendimiento del otro 50%, según él, se supliría los ingresos que hoy recibe la Nación por concepto de dividendos. Ahora, con el socorrido argumento de que “la inversión en infraestructura tiene una buena rentabilidad social y económica, no sólo rentabilidad financiera, Botero nos invita a “dar un ‘salto de canguro’ para volver a las tasas de crecimiento de antes” con su propuesta, pasando por alto que las mayores tasas de crecimiento del PIB “de antes” respondieron al largo ciclo de precios altos del petróleo, el carbón el oro y el ferroníquel, que se prolongó hasta mediados de 2014. El hecho de que el crecimiento potencial de la economía haya pasado del 4.5% al 3.5% y de que lleva tres años creciendo por debajo del mismo, sólo demuestra su enorme dependencia de la actividad extractiva y nada más. Y no va a crecer más, como por arte de birlibirloque, vendiendo a ECOPETROL. Ello es una falacia, pues bien se sabe, como lo dice el refranero popular lo que por agua viene por agua se va, de allí la urgencia de la diversificación de la economía, esta es la verdadera tabla de salvación de un crecimiento mayor y sostenido. Según el ex ministro, “hay que seguir el ejemplo de Noruega que ha podido aprovechar sus recursos naturales y promover el desarrollo económico de largo plazo” y resulta que Noruega mantiene el control sobre su empresa petrolera Statoil y, hasta donde sabemos, no se les ha pasado por la cabeza venderla. A contrario sensu de lo que dijo el ex ministro, “que la propuesta no puede ser más oportuna”, considero que no pudo ser más impertinente y, para utilizar el lenguaje futbolístico en boga, fuera de lugar. Según FASECOLDA, el Gobierno debería seguir las prácticas internacionales y “dejar al sector privado la realización de la producción de bienes y servicios, salvo en aquellas circunstancias en las que existan fallas de mercado”. Pero con esta frase sólo se busca embaucar a los incautos y tratar de justificar semejante exabrupto, como lo es tratar de vender, a tontas y a locas, el principal activo con el que cuenta la Nación con el espejismo de cambiar un activo por otro activo.

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Colombia, con esperanza para todos

Esperanza Andrade Senadora, Partido Conservador   Todos tenemos una esperanza guardada a pesar de la adversidad; una esperanza que nos impulsa a continuar; una esperanza que nos invita a decirle a nuestros hijos que sí es posible un futuro mejor, que sí se puede soñar e ilusionarnos con un mejor país. Por eso ingreso al Senado con el firme propósito de contribuir al cambio que reclama Colombia, en representación del Partido Conservador. Y es que el conservatismo tiene el histórico compromiso con la equidad social y la defensa de la moral; encarna la justicia social y la solidaridad; la estabilidad, el orden y la autoridad; la libertad y los derechos fundamentales; el desarrollo, el progreso y el crecimiento de la economía. En esos preceptos se fundamentará mi labor legislativa. Lo digo convencida de que puedo cumplir. Tengo una extensa trayectoria de muchos años en lo público, que inició en el Concejo de Neiva y se complementó con mi paso por la Secretaría de Gobierno del Huila y la Gobernación en calidad de encargada, mientras en lo privado he desempeñado cargos relacionados con mi profesión de abogada del Externado. En lo personal, mi objetivo será enfocarme en la construcción de políticas públicas para la promoción, desarrollo y protección de la mujer y la familia; basada en el respeto, la solidaridad, igualdad y la no discriminación. Hoy, infortunadamente, tenemos muchas normas que se quedan en el papel. Esto no puede ni debe seguir ocurriendo, por lo que estaré haciendo un seguimiento permanente a su aplicación. Buscaré que en realidad funcione la Ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y castiga con hasta 41 años de cárcel el homicidio de una mujer por razones de género. Vamos a fortalecer los mecanismos para prevenir cualquier tipo de violencia en su contra y de nuestros niños. Y es firme nuestro compromiso de impulsar el referendo que castigue con prisión perpetua a los violadores. “Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política” Pero también tengo previsto otras iniciativas para avanzar hacia la prosperidad, tomando distancia de la corrupción. Por ejemplo, juventud libre de drogas y alcohol, con oportunidades y liderazgo. Presentaré un proyecto de ley para que se construyan centros de prevención y rehabilitación en cada municipio del país. Igualmente, reformas de la Ley del Primer Empleo, con fortalecimiento del emprendimiento e innovación, así como políticas que permitan la transparencia y su dignificación: Sí al voto obligatorio; no reelección de congresistas por más de dos periodos; financiación de campañas por cuenta del Estado y elecciones en un día hábil de la semana. También trabajaré por abrirle ‘campo’ al crecimiento del sector agropecuario, sinónimo de desarrollo social y paz. Con la creación de un fondo para terciarias; menor valor en los insumos agrícolas; recursos para brindar asistencia técnica a los pequeños productores y freno y control a los cobros jurídicos. Desde el Congreso impulsaré, además, el fortalecimiento del empresariado colombiano, sin maltratar a los trabajadores. La base de nuestra economía son las empresas, pero la carga tributaria es exagerada y limita el crecimiento empresarial. Como abogada, lucharé por una justicia social firme y segura. Es necesario una reforma estructural para devolverle su legitimidad. No más politización y clientelismo. La corrupción debe erradicarse. Ante todo, legislaremos en defensa de los ecosistemas estratégicos y velaremos por normas que protejan el Macizo Colombiano; ejerceremos control político para garantizar que el Estado ponga en cintura la minería ilegal y para que se apliquen las normas existentes que cuidan los animales y su entorno. En ese sentido, impulsaré la implementación de una cátedra animalista. En resumen, Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política, es la gestión que nos proponemos cumplir en el nuevo Senado apoyando el Gobierno Nacional de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.  

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