junio 15, 2024
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Boletín económico Banco de Occidente marzo – mayo 2023

Un plan de desarrollo construido desde las regiones

 

 

El Congreso de la República ya tiene en sus manos el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” para su debate y aprobación antes del 7 de mayo próximo, el cual contempla inversiones por $1.154 billones para los próximos cuatro años en temas relacionados con la seguridad humana, la justicia social, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la convergencia regional, la transformación productiva, la acción climática y la estabilidad macroeconómica, según los lineamientos trazados por el gobierno nacional.

Actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas, figuran entre las metas de lo que se considera la hoja ruta del Presidente Gustavo Petro para el periodo 2022-2026, que tendrá como ejes principales el combate a la desigualdad en las regiones y la consolidación de la Paz Total. “Lo que estamos convocando es a un cambio real. Sabemos que es difícil porque la inercia y los temores abundan, pero buscaremos que la opinión de la gente se traduzca en ley”, afirmó el mandatario, quien destacó que el Plan de Desarrollo brindará un impulso a la Economía Popular y a nuevas fuentes de energía, pero sobre todo, buscará cerrar las brechas, para hacer de Colombia una potencia de la vida.

El extenso documento, en cuya construcción participaron 250 mil personas que asistieron a 51 Diálogos Regionales Vinculantes convocados en distintas zonas del país, donde se entregaron más de 89 mil propuestas, tiene previstas inversiones por $138,4 billones para la convergencia regional; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho humano a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua; y 83,4 billones para la estabilidad macroeconómica.

Construido desde las regiones

Según el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González, las propuestas presentadas por las comunidades fueron claves para definir los pilares del Plan de Desarrollo 2022-2026 en los tres meses que duró el ejercicio de diálogo convocado por el gobierno nacional. Un 44% de las recomendaciones ciudadanas tienen que ver con la seguridad humana y justicia social, seguido por el ordenamiento territorial alrededor del agua con 17,9%; derecho humano a la alimentación con 15,5%; transformación productiva, internacionalización y acción climática con 11,6%; y convergencia regional con 11%. En las 2.115 mesas poblacionales, los temas con mayor participación fueron educación, salud, empleo, vías terciarias, seguridad, infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, cultura, y agua potable. “No fue fácil lograr que nuestra tecnocracia creyera que pedirle a cerca de 250.000 ciudadanos sus aportes sobre lo que debe ser el Plan pudiera tener buenos resultados. El avance de los diálogos y la intervención de miles de ciudadanos demostraron que planear y priorizar no es ajeno a la gente”, aseguró el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

En ese orden de ideas, se buscará apoyar a los municipios pequeños en el fortalecimiento del catastro multipropósito para darles mayores herramientas fiscales que les permitan avanzar en mejorar las capacidades institucionales y de respuesta a las necesidades de cambio que se identificaron a través de los Diálogos Regionales Vinculantes.

Puntos para destacar del Plan de Desarrollo

  • El documento otorga facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, con miras a modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción. También dará vida al programa de Renta Ciudadana y a la transferencia en especie “Hambre cero” con lo que se busca asegurar el derecho a la alimentación de las familias pobres. La directora general de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, informó que el primer pago se realizará en abril de 2023 y garantizará un ingreso de hasta $500.000 mensuales a hogares en situación de pobreza extrema. El programa de transición tiene cubrimiento nacional, pero se asignarán mayores montos a las familias ubicadas en 466 municipios de Colombia con prevalencia alta y muy alta de desnutrición infantil, identificados dentro de los mapas de hambre que fueron elaborados por el Gobierno Nacional, municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y municipios PDET. Priorizará además a las madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años.
  • A través del ordenamiento territorial se pretende transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental.
  • El Presidente podría directamente crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la Rama Ejecutiva, así como modificar sus funciones y estructura orgánica.
  • El respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible que no esté basado en el petróleo ni el carbón.
  • Propone como metas una reforma rural integral; acelerar la actualización del catastro multipropósito, pasando del 9,4 % al 70 %; llegar a 2.982.494 hectáreas entregadas a través del fondo de tierras; formalizar 3.972.423 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural; y reducir la brecha municipal en ingresos corrientes que corresponden a recursos propios.
  • El Plan propone facultades especiales al Ministerio de Ambiente para la inspección y vigilancia de las CAR, así como crear un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y crímenes ambientales.
  • Otra de las grandes apuestas del ordenamiento territorial alrededor del agua es el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y las comunidades, para la toma de decisiones de planificación territorial.
  • Contempla además la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral con el fin de mejorar la calidad de vida, garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas; proteger y promover la producción de alimentos, la economía campesina, familiar y comunitaria, y consolidar la paz con enfoque territorial.
  • También propone la creación del Sistema de Administración del Territorio (SAT), el cual deberá ser reglamentado por el Departamento Nacional de Planeación en menos de un año.

Otros objetivos del Plan de Desarrollo

  • Establece condiciones para el saneamiento en la compra de tierras en cumplimiento al Acuerdo de Paz; medidas especiales a segundos ocupantes, y otorga a la Agencia Nacional de Tierras la posibilidad de compra directa por motivos de utilidad pública e interés social para la Reforma Rural Integral.
  • Para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fueron incluidos $50,4 billones.
  • Potencializar el agro como fuente de ingreso nacional capaz de competir con el petróleo y el carbón, y comenzar a evitar que departamentos tan ricos en recursos naturales tengan poblaciones tan pobres.
  • Aumentar el acceso a Internet; la cobertura en educación superior y la formalidad laboral en 1,6 puntos porcentuales.
  • Disminuir a un digito la Pobreza Monetaria Extrema; dejar en 3,37 por cada 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años y aumentar la producción en cadenas agrícolas priorizadas.
  • Impulsar la reindustrialización del país a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, para dejar de ser una nación dependiente de los hidrocarburos y utilizar los recursos que generan para hacer una transición energética segura.
  • Buscar que Colombia sea líder regional en el cuidado de la Amazonía y de la transición hacia energías limpias, que cuiden el medio ambiente, a la vez que se avanza en procesos de reforestación. Para ello se contempla aumentar a 1,7 millones de hectáreas las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados; tener una nueva capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y mitigar las toneladas de CO2 emitidas por el sector transporte.
  • Reducir en 5 puntos porcentuales los hogares con déficit habitacional; mejoras a vías terciarias; aumentar el índice de confianza institucional y el desarrollo en los municipios PDET.
  • El documento dedica un apartado especial a la importancia del papel que tendrán las mujeres como motor de desarrollo económico, su rol en el centro de la vida política y la paz, la creación de una sociedad libre de estereotipos y gobernanza de género.

Fuentes: Departamento Nacional de Planeación, Senado de la República, Presidencia de Colombia, Departamento para la Prosperidad Social y Revista El Congreso Siglo XXI.

Régimen tributario del 2023

La Reforma Tributaria, con la cual el Gobierno del Presidente Gustavo Petro busca recaudar 19,7 billones de pesos en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años para combatir la pobreza y la desigualdad en el país, comenzó a regir en Colombia desde el 1 de enero pasado de manera gradual ya que los denominados impuestos saludables solo operarán hasta el mes de noviembre próximo para evitar un impacto en la inflación. La nueva Ley, aprobada por el Congreso de la República en 2022 y sancionada a mediados de diciembre pasado por el mandatario, priorizará recursos para la lucha contra el hambre, el acceso a la educación y la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo, la economía popular y la sostenibilidad de las finanzas públicas, con el propósito de avanzar hacia la igualdad y la equidad, particularmente en el área rural.

Para alcanzar el recaudo necesario, se reducirán sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos, se establecerá un gravamen al patrimonio de la población que más tiene recursos en Colombia y se modificará el impuesto al carbono, cuya tarifa dependerá de la emisión para cada combustible.

Las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, serán obligados a tributar. Habrá también una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá en gran medida del comportamiento de los precios a nivel internacional. ¿Pero cómo quedó el régimen tributario para el 2023 con los cambios que aprobó el Legislativo el año pasado?… De acuerdo con la reforma avalada por el Congreso de la República, se mantienen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto de renta, el impuesto de timbre y las contribuciones especiales.

Aunque los alimentos básicos de primera necesidad no serán gravados con el IVA, habrá otros productos y servicios como los tiquetes aéreos que contarán con el 19 % del IVA. Según el gobierno nacional, los recursos que se obtengan de los nuevos impuestos que se cobrarán este año, mejorarán sustancialmente las finanzas públicas del país. El plazo concertado para el tributo que deberán pagar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados (desde noviembre próximo) busca evitar presiones adicionales a la inflación, la cual cerró en 13,12% en diciembre de 2022 y se espera que comience a bajar en el tercer trimestre de 2023. “Tenemos que movernos en un objetivo de justicia social y financiar proyectos que logren este cometido. Estos recursos le generan mayor capacidad al gobierno para financiar”, dijo el Presidente Gustavo Petro al sancionar la reforma.

¿Quiénes pagarán más impuestos?

En el caso del impuesto de renta, pagarán más quienes tengan ingresos mayores a 13 millones de pesos mensuales. Para el sector minero-energético se fijó una sobretasa a la actividad de extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales, la cual será del 5% o 10% para el primer mineral. En lo que tiene que ver con el petróleo, para el 2023 será de 5% si el valor es mayor a USD 67 por barril; de 10% si el precio supera USD 75; y de 15%, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82. Se estima que más de la mitad del recaudo total ($11,16 billones) provendrán de los nuevos impuestos para las industrias extractivas. Según la Reforma Tributaria, no se podrán deducir de los impuestos de renta de las empresas de ambos sectores los montos por concepto de regalías.

Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados solo se aplicarán a los productores que obtengan ingresos mayores a $419 millones anuales para no afectar a las microempresas de dichos bienes, como las panaderías de barrio. Se excluyeron también de pagar este impuesto, productos como el pan y las bebidas lácteas, de alto consumo popular. Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de noviembre de 2023, el cual se incrementará hasta el 20%, para el 2025.

En las zonas francas habrá un impuesto ponderado: es decir el 20% para ventas al exterior y el 35% para el mercado interno. Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.

Para las instituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras, las comisionistas de bolsa y agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios y proveedores de infraestructura del mercado de valores, entre otras, que tengan una renta gravable a partir de 120.000 UVTs, se establece una sobretasa de 5 puntos adicionales (tarifa total del 40%) a ser aplicable durante los años 2023 a 2027, inclusive.

Lucha contra la evasión

La reforma que entró en vigencia este año reduce los montos a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten los mismos incurrirán en sanciones establecidas en la ley. Además, las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas. De acuerdo con lo establecido en el texto, se les impondrá de 48 a 108 meses de prisión.

Impuesto al patrimonio, dividendos y otros

El impuesto al patrimonio será progresivo con tarifas marginales: de 0,5 % para los de más de 3.000 millones de pesos; de 1 % para los de más de 5.000 millones de pesos y de 1,5 % para los de más de 10.000 millones de pesos.

Los dividendos contarán por su parte con tarifas que irán de 0 % a15 % en el caso de personas naturales y de 20 % en el de entidades extranjeras y personas naturales no residentes. En lo referente a las ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 20%, según el documento aprobado por el Congreso de la República.

Para las hidroeléctricas se estableció una sobretasa temporal del 2023 al 2026 de 3 puntos, es decir, de 38 %, mientras que las entidades financieras asumirán otra que llegará a los 5 puntos, es decir, a 40 %. En la reforma se acordaron impuestos a espectáculos con animales como las tradicionales corridas de toros y a los plásticos de un solo uso, como envases y embalajes, que tengan un equivalente a 1,9 pesos por gramo de plástico utilizado, al igual que la imposición de IVA a la compra de mascotas para incentivar su adopción y evitar su comercialización. Finalmente, se aprobó la exención de $500 millones para la vivienda individual de quienes deban tributar patrimonio.

Fuentes consultadas: Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República, Revista El Congreso Siglo XXI, Portafolio, Senado, Cámara de Representantes y diario La República.

¿Qué cambios propone la reforma a la salud?

Con el argumento de que el Sistema de Salud que posee el país debe armonizarse con los principios y buenas prácticas de las cuales se pueda construir sobre lo construido y desarrollar los modelos de atención que resulten plenamente eficaces para el goce efectivo del derecho a una asistencia médica, el gobierno nacional radicó en febrero pasado ante el Congreso de la República la Reforma a la Salud para su trámite y aprobación.

El nuevo proyecto de ley busca dar un giro al modelo que rige actualmente, con el fin de priorizar el acceso de todos los residentes de Colombia a la atención primaria. Al revelar los ejes de la reforma, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que los recursos del sector volverán a ser administrados por el sistema público y destinados al cuidado de la vida en condiciones de equidad. La funcionaria dejó claro que “la política pública del sistema de salud se construirá de manera consensuada”. Anunció que “como nunca antes” la salud llegará a los lugares y territorios de la Colombia Profunda que han estado abandonados por décadas, para lo cual se constituirá una red de centros de atención médica públicos, privados y mixtos.

A ello se sumará la creación de un régimen laboral especial para los trabajadores del sector. La reforma también contempla construir un sistema público de información en línea para garantizar la transparencia en el manejo de los dineros destinados a la atención médica. “Desde el gobierno estamos en disposición de escuchar los argumentos que ubiquen a la vida como el centro de Colombia. Nadie nunca más podrá ser excluido del sistema de salud”, precisó la ministra. El proyecto revive además el Consejo Nacional de Salud, entidad que fue eliminada en el año 2007.

Bases de la Reforma a la Salud

El “Cambio hacia una Salud para la Vida” se rige por el principio de universalidad, por lo que estará orientado a transformar el sistema con el propósito de cubrir todo el territorio nacional y garantizar el acceso de todos los colombianos, sin excepción, a la atención médica, sin tener que contar con un carnet de afiliación. El documento que quedó en manos del Congreso de la República, propone un sistema preventivo y predictivo, que va desde la atención en salud mental hasta el monitoreo y oportuno diagnóstico de enfermedades.

La idea es que la salud sea territorializada, lo que implica que la familia tendrá el mismo sistema para todos sus miembros. Para lograr que el nuevo modelo beneficie a toda la ciudadanía, se establecerán los Centros de Atención Primaria (CAP), cuya función no será solamente atender a los pacientes, sino organizar el territorio en un promedio de 25.000 personas por cada uno y distribuidos según el lugar de vivienda o trabajo. De esta forma, los médicos visitarán de manera permanente a los hogares, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estado primario en donde todavía sea posible salvar la vida.

Para lograr la transición al modelo que propone el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se fortalecerá para convertirse en un pagador único. Mientras tanto, las EPS que hoy se encuentren en liquidación serán eliminadas y las EPS con estados financieros óptimos acogerán, de manera progresiva y ordenada, a sus pacientes para que no queden sin cobertura. Una vez termine la transición, las EPS que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar su objeto social como IPS y/o auditoras del cobro al ADRES.

Los planes complementarios, medicina prepagada o pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por la reforma.

Modelo mixto de funcionamiento

En resumen, la reforma propone un modelo mixto de funcionamiento en el que los CAP, centros especializados del servicio y las redes integrales e integradas de salud (ambulatorios, hospitalización, urgencias médicas y odontológicas, rehabilitación, laboratorios, vigilancia en salud pública, servicios diagnósticos, farmacéuticas, ambulancias, entre otros), estarán conformados por entidades públicas, privadas y de orden mixto.

El proyecto, que soporta uno de los programas bandera del Presidente Gustavo Petro para combatir la pobreza y la desigualdad en el país durante el próximo cuatrienio, también plantea la dignificación de los trabajadores de la salud con la recuperación de la autonomía médica y la autorregulación, con ética y evidencia científica. Además, contempla incluir criterios para mejorar las condiciones laborales, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos y garantizar la educación permanente y de
actualización a todo el personal, especialmente a quienes están en los territorios. “El ‘Cambio hacia una Salud para la Vida’ construye sobre lo construido. Tomaremos lo mejor que hoy tiene nuestro sistema de salud, requeriremos las capacidades del sector privado en la prestación del servicio, en sus clínicas y hospitales. Durante la transición, ningún paciente que hoy esté siendo atendido o en un tratamiento de alta complejidad quedará sin cubrimiento”, señala el texto.

El Consejo Nacional de Salud

El proyecto revive el Consejo Nacional de Salud que existió entre 1993 y 2007, y tras ser eliminadas sus funciones, se transfirieron a la Comisión de Regulación en Salud (CRES), que fue creada en una modificación que se hizo al sistema. De acuerdo con el documento presentado al Legislativo, el Consejo será “una instancia de dirección, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, con autonomía decisoria; tendrá a cargo la concertación de iniciativas en materia de política pública de salud, llevar iniciativas normativas, evaluar el funcionamiento del Sistema de Salud y generará informes periódicos sobre el desenvolvimiento del mismo”. Estará integrado por cuarenta representantes con voto y una representación pluralista, de la cual harán parte desde funcionarios del gobierno hasta voceros de comunidades étnicas, sociedad civil, comunidades LGBTIQ+, gremios médicos, empresarios y académicos, entre otros.

Fuentes consultadas: Ministerio de Salud y Protección Social, Presidencia de la República, Senado, El Tiempo, El Colombiano y Revista El Congreso Siglo XXI.

 

Desahorro FONPET 2023

La Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET, con el objetivo de aprovisionar los recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional. Los recursos de este fondo provienen de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, así como de la Nación y son administrados por el Ministerio de Hacienda a través de patrimonios autónomos manejados por fiduciarias y fondos de pensiones. Las entidades territoriales pueden solicitar el desahorro de recursos excedentes del FONPET, de acuerdo con las normas expedidas en esa materia.

La más reciente de ellas es el Decreto 2326 del 28 de noviembre de 2022, por medio del cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinó que las entidades territoriales que cuenten con cálculo actuarial aprobado y actualizado financieramente, se les puedan flexibilizar algunos requisitos para el desahorro de los recursos excedentes del sector Propósito General del FONPET durante las vigencias 2022 y 2023. Eso les da la posibilidad de solicitar la devolución del 30% de dichos recursos. Cabe destacar que los territorios que alcancen el cubrimiento del pasivo pensional en los términos del marco jurídico vigente destinarán los recursos excedentes en el fondo, para la financiación de proyectos de inversión y atenderán la destinación específica de la fuente de donde provengan los mismos.

“Las entidades territoriales que hayan cumplido, por lo menos una vez, con el envío de información al PASIVOCOL (Programa que contiene la base de datos de los empleados Activos, Oficiales, Pensionados y Beneficiarios de una entidad territorial para calcular su pasivo pensional), con corte a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior (2021 o 2022), y cumplan con los demás requisitos habilitantes, podrán solicitar el retiro de recursos del FONPET para el pago de sus obligaciones pensionales, únicamente para las vigencias 2022 y 2023”, señala la norma.

Desarrollo pospandemia

Para que los departamentos, municipios y Distritos mejoren su capacidad financiera con el fin de reactivar su economía, aumenten la disponibilidad de recursos para inversión y logren el desarrollo económico en sus territorios en el período posterior a la pandemia, y ante la necesidad inminente de recursos para atender gastos, el gobierno consideró conveniente incrementar la posibilidad de que las entidades territoriales accedan a los recursos excedentes del sector Propósito General del FONPET y, destinarlos a los fines previstos en las normas vigentes.

Fuentes consultadas: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asocapitales, Ámbito Jurídico y Revista El Congreso Siglo XXI.

 

 

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