El Ministerio de Transporte expresó su preocupación frente al incremento de $350 en la tarifa de TransMilenio y señaló que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional no puede ser utilizado como justificación para trasladar ese costo a los usuarios del sistema.
Según lo indicó el Ministerio en un comunicado, el ajuste tarifario representa un aumento del 10,9 %, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que históricamente se ha tenido como referencia para el análisis de las tarifas del transporte público urbano.
En ese sentido, la entidad recalcó que los costos laborales son solo una de las variables del sistema y que cualquier incremento debe sustentarse en un análisis integral y riguroso.
Además, el Ministerio explicó que la tarifa del transporte público no puede definirse con base en un solo factor. Para su cálculo, deben evaluarse de manera conjunta aspectos como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los mecanismos de subsidio y compensación, así como el impacto que el aumento tendría sobre la demanda y los usuarios.
Por ello, insistió en que no es procedente un traslado automático del incremento salarial a la tarifa sin un estudio técnico y financiero sólido.
Si bien la competencia para fijar las tarifas del transporte público urbano recae en los entes territoriales, el Ministerio de Transporte recordó que “cuenta con la facultad técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad’ de estos incrementos, “especialmente cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y sobre la sostenibilidad del sistema’.
Agregó que “esta competencia se ejerce en un contexto en el que la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio’.
En ese marco, el Ministerio también señaló que recientemente fue aprobado el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha.
Recalcó que, aunque este acuerdo no define directamente la tarifa ni compromete la operación del sistema, sí tiene implicaciones futuras sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones responsables desde el punto de vista técnico y fiscal.
Finalmente, el Ministerio de Transporte anunció que, en articulación con la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio el desglose detallado del análisis técnico que respalda el incremento tarifario.
El objetivo es evaluar la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del aumento, diferenciando los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes, con el fin de proteger el interés general y los derechos de los usuarios del sistema.