El abogado y expresidente de Colombia estará libre hasta que se defina el proceso de la apelación de su condena imputada el pasado 1 de Agosto en los tribunales del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá.
El Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Alvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión junto a una multa cercana a los 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Exmandatario fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y heterogéneo.Ademas, el fallo incluyó la orden de detención domiciliaria inmediata
Tras la condena, la defensa de Uribe Vélez en cabeza del abogado Jaime Granados – ex penalista del presentador Jorge Baron, Laura Moreno, Oscar Ivan Zuluaga, entre otros-. Interpuso un recurso de tutela argumentando que el fallo en contra de Alvaro Uribe vulneraba los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia. También, justificaron que la orden de captura carecía de motivación suficiente y contenía premisas contrarias a la Constitución.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 19 de agosto fue la primera institución en intervenir en el fallo. El tribunal revocó la orden de detención inmediata y dispuso la expedición de una boleta de libertad hasta que se resuelva el recurso de apelación en curso. Según el comunicado, los argumentos utilizados por el juzgado 44 eran “vagos, indeterminados e imprecisos”.
En la decisión, el tribunal señaló que no se probó la intención de fuga de Uribe ni la existencia de elementos que indicaran peligro para la sociedad o posibilidad de reincidencia. Además, destacó que el expresidente había asistido voluntariamente a todas las diligencias judiciales y no había entorpecido en el proceso.
El pasado 18 de Septiembre, la Sala de Tutelas número tres de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se fundamentó en que el juzgado que ordenó su detención inmediata no presentó argumentos claros y suficientes para justificar la privación de su libertad, como lo exige la legislación colombiana.