“Estas situaciones han generado afectaciones en los usos y costumbres de las comunidades, ha sido vulnerado el derecho de acceso a educación y se han presentado afectaciones en la salud de las personas”: Defensoría del Pueblo.
Entre enero y agosto del 2018 se han presentado 19 eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento de Nariño, que han afectado 2.409 familias (7.441 personas). Así lo denunció la Defensoría del Pueblo en un nuevo boletín informativo.
El éxodo interno se ha presentado por los presuntos enfrentamientos entre los grupos armados ilegales Frente Oliver Sinisterra (FOS), Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se disputan el control territorial
“La zona con mayor afectación ha sido el municipio de Roberto Payán donde se han presentado nueve eventos de desplazamiento masivo que han dejado 493 familias desplazadas (1.415 personas) de las veredas Tasdan, Cualiman, Las Brisas de Muñambi, Fátima, Tamaje, El Cedro, Papi Trinidad, Papi Palma, Papi Boca y Papi Playa, pertenecientes a los Consejos Comunitarios Unión de Cuenca y El Progreso”, explicó el documento.
Según el documento, en el municipio de Tumaco se presentó la salida masiva de población en los barrios Once de Noviembre, Tangarial, La Paz, Viento Libre, Buenos Aires y Tres Cruces de la Comuna Cinco, donde fueron afectadas 1.217 familias (4.148 personas) y un descentramiento en el Resguardo Piedra Sellada de donde salieron 12 familias (58 personas).
De acuerdo con la Defensoría, las medidas de atención en alimentación y alojamiento temporal durante las emergencias humanitarias han desbordado la capacidad de las Alcaldías Municipales.
La entidad advirtió sobre la presencia de grupos ilegales “postdesmovilización, disidencias de las FARC y el ELN, que han provocado desplazamientos, amenazas generalizadas, homicidios y confinamientos”.
“La Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar la protección, atención y defensa de los derechos humanos de la población afectada, ha realizado gestiones como: misiones humanitarias y de verificación, trabajo articulado con otros entes humanitarios nacionales e internacionales, incidencia ante las autoridades locales, participación en los Comités Territoriales de Justicia Transicional y acciones de acompañamiento a la población desplazada y confinada”, concluyó el informe.