diciembre 5, 2024

Partido Verde

Anulan elección de Antanas Mockus en el Congreso

Este martes el Consejo de Estado anuló la elección de Antanas Mockus, por violar el régimen de inhabilidades. El político fue el segundo senador con la votación más alta de las elecciones del 2018 al Congreso. Con una votación de 13 contra 9, la Sala Plena del alto tribunal revocó una tutela con la que el año pasado Mockus, había logrado detener la nulidad de su elección. “Se revocó la decisión tomada por la Sección Primera en sede de tutela (la que había dispuesto que se revocaba la sentencia de nulidad de la Sección Quinta), por considerar que la tutela es improcedente porque el doctor Mockus tiene otro medio de defensa judicial: el recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, su elección queda anulada”, explicó la magistrada Lucy Jhaneth Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado.  La decisión de la institución se debió a que seis meses antes de las elecciones legislativas el senador, en calidad de representante legal de Corpovisionarios, firmó contratos con el Estado lo cual lo inhabilita como congresista. Sin embargo, Mockus no se quedó atrás y presentó una acción de tutela para resolver su situación jurídica.  

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En el Congreso reclaman plazos de pagos justos para emprendedores

Varios congresistas se sorprendieron la mañana de este lunes por un aviso que rondaba por los pasillos del Capitolio Nacional, anunciando que el pago de los funcionarios se realizaría con un plazo de 180 días. El objetivo de este cartel, que en sus inicios indicaba lo anteriormente mencionado, era causar impacto en los congresistas para que finalmente apoyaran el proyecto de ley llamado “Plazos Justos“, el cual obligaría a las grandes empresas a pagar en menos tiempo los servicios que les prestan, en la mayoría de los casos, los emprendedores o pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, la regla indica que el plazo máximo para saldar estas obligaciones es de 180 días, practica que según el congresista Mauricio Toro, es la que ha contribuido a que las Mipymes quiebren.  Varios han sido los proyectos que se han impulsado para que esto se implemente como ley, el más reciente radicado por el representante del Partido Alianza Verde, Mauricio Toro, el cual ya tuvo su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara. Sin embargo, le quedan tres filtros más para que sea evaluado y aceptado ante el Congreso de la República.  De igual forma, el Centro Democrático, en mayo de este año también lideró otra iniciativa que busca proteger a pequeños empresarios que incluye, por supuesto, la fijación de plazos justos para sus pagos. 

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Proponen bajar en más de mil pesos el precio de la gasolina

Tras percatarse de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no hace referencia a la variable del precio internacional que incide en el valor del combustible nacional, el congresista por el Partido Alianza Verde, César Ortiz, sugirió una fórmula que reduciría el costo de la nafta en Colombia. El representante a la Cámara por el departamento de Casanare presentó una proposición en la que planteó una metodología para que el precio de los combustibles tenga una limitante a la fijación del precio internacional de la materia prima que se destina a refinería interna del país.  “Hoy la variable materia prima no está sujeta a los costos de producción del crudo puesto en refinería, sino al precio de costo de oportunidad o precio internacional del crudo, el cual está impactando en forma grave a los colombianos y los transportadores”, dijo el parlamentario. El propósito de esta propuesta es reducir en más de $1.527 el precio de la gasolina. El artículo 32 del PND señala que el Ministerio de Minas y Energía o “la entidad delegada”, establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución”.  Agrega, además, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo de estabilización de los valores de referencia de venta al público de los combustibles regulados, que se hará a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC. “La fórmula de hoy tiene en cuenta un precio internacional del barril de crudo de 66 dólares para la materia prima puesta a la entrada de la refinería, que sumado a las variables de refinería, de etanol, o biodiesel, de transporte poliducto, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, impuesto nacional, sobretasa a la gasolina, sobretasa ACPM o diésel, entre otros, arrojan un precio del combustible hoy en la ciudad de Bogotá de$9.539, que es uno de los más altos en la historia de Colombia y que según los transportadores representa el 35% de la carga, impidiendo ser competitivos”, añade el congresista. Ortiz espera que para mayo de este año se apruebe la propuesta que según él “aportaría significativamente a la competitividad nacional, generando un alivio a los empresarios, los transportadores de carga y pasajeros, campesinos, agricultores, ganaderos, y consumidores de la canasta familiar”.

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Partido Verde denuncia artículo que pone en riesgo Acuerdo de Paz

“¡MUY GRAVE! La Cámara acaba de aprobar levantar la suspensión de órdenes de captura de los excombatientes de las FARC sin ninguna discusión. Solicitamos reabrir la discusión”: Juanita Goebertus. La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, denunció que un artículo incluido en la ley de orden público que permitiría que el Gobierno reactive las órdenes de captura que fueron suspendidas, propuesto por la bancada del Centro Democrático, arriesga lo estipulado en el Acuerdo de Paz. “Pretender pasar de agache un artículo para reactivar órdenes de captura de excombatientes de las FARC que están cumpliendo, crea un grave riesgo de seguridad”, escribió este miércoles la congresista en su cuenta de twitter. Se trata de una adición a la Ley 418 según la cual el gobierno, argumentando razones de seguridad nacional o de interés público, puede reactivar las órdenes de captura suspendidas mediante este mismo mecanismo; además, establece que la justicia ordinaria podrá solicitar la recaptura de los miembros de las FARC que no se hayan presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz en un plazo máximo de 30 días. La iniciativa, que fue avalada con 119 votos a favor y 20 en contra, fue duramente criticada por el exjefe del equipo negociador de paz del saliente Gobierno, Humberto de la Calle, quien consideró que su aprobación fue un descuido por parte de los representantes a la Cámara. “La Cámara sepultó el Acuerdo. Si el Presidente puede reactivar órdenes de captura, suplanta la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Y si lo hace por seguridad nacional, no solo reviven viejas ideas tenebrosas, sino que lo puede hacer frente a quienes dejaron las armas. ¡Reabran la discusión!”, escribió en redes sociales. Finalmente, el Partido Alianza Verde solicitó a la corporación legislativa que “#NoEnredenLaPaz” ya que, de acuerdo con su postura, “en la plenaria no hubo ninguna garantía de discusión en el artículo que se aprobó”.

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