Ejercito Nacional

Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. Un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares retirados que habrían participado en el crimen del excombatiente de las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, en Convención (Norte de Santander). Los afectados con la decisión son el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón. Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente. En ese sentido, los cuatro militares retirados fueron imputados por el delito de homicidio en persona protegida. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres se movilizaba en una motocicleta azul y, mientras pasaba frente a la base Sinaí del Ejército Nacional, fue detenido y recibió cuatro disparos de fusil que le propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Al parecer, un grupo de soldados ayudó a esconder la motocicleta y habría cavado una fosa en una zona boscosa ubicada a 15 metros de las instalaciones militares, en la que presuntamente fue sepultado el cuerpo de la víctima. Las evidencias indicarían que el entonces coronel Pérez Amézquita, supuestamente, ordenó el crimen porque tenía información de que Dimar Torres sería el explosivita del ELN que aparentemente instaló un campo minado en el que cayó un soldado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander). La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres y, en ese sentido, habría pedido actuar contra Dimar Torres. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas. En una de las comunicaciones conocidas el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. El juez de control de garantías dispuso que los cuatro procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en una instalación militar. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Información tomada de la Fiscalía General de la Nación