Durante el debate de control político realizado hoy por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional sentó su posición oficial para exigir a la empresa Enel-Emgesa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en Huila. «El Gobierno en los últimos años no pudo tomar una posición y articularse con los entes regionales. Lo que nos compete hoy como Gobierno es hacer que la empresa Emgesa cumpla con sus obligaciones», afirmó la Ministra de ambiente, Susana Muhamad. En este sentido, la jefe de la cartera ambiental también recalcó que está claro que Emgesa no está cumpliendo la licencia ambiental, lo que implica que se deben tomar acciones que requieren escalar la acción pública y política más allá de la licencia para resolver los conflictos socioambientales derivados del proyecto. «Hago un llamado a consolidar un bloque público entre entidades nacionales y locales para defender lo público y hacer cumplir las obligaciones acordadas. No va a haber una movilización administrativa de la licencia hasta que no avancemos en los acuerdos públicos en los que debemos avanzar», puntualizó. El proyecto El Quimbo, aprobado en 2009 y puesto en marcha en 2015, ha venido impactando a las comunidades de Garzón, Agrado, Gigante, Altamira, Tesalia y Paicol, en el Huila, quienes denuncian graves daños ambientales a raíz del proyecto como la mortandad de peces, afectación de cultivos y la falta de compensaciones económicas. Por lo tanto, en el marco del Acuerdo de Escazú, la Ministra reiteró que la justicia ambiental supone entender los impactos que va a tener cualquier proyecto en un territorio, permitir una participación activa de las comunidades y conocer cómo se compensan esos impactos ambientales, lo que no se llevó a cabo con El Quimbo. «El seguimiento a la licencia no ha sido efectivo y no hay transparencia en la información ni claridad en su cumplimiento», manifestó. A propósito, Muhamad destacó que la única forma de trabajar en la transición energética y el desarrollo territorial es con concertación social, justicia ambiental, información científica pertinente y cumplimiento de compromisos. «Compensar a las 427 familias afectadas con un pago en efectivo del que no hay claridad ni trazabilidad no es justificable frente a la obligación de compensar las 2.700 hectáreas productivas al departamento del Huila», mencionó. Además, la Ministra dijo que Enel tiene que adecuar esas 2.700 hectáreas de riego y la Agencia Nacional de Tierras debe comprarlas para ser entregadas a familias vulnerables en los municipios sujetos de Reforma Agraria. Esto permitirá hacer justicia ambiental en el departamento del Huila y aumentar su productividad. Hoja de ruta para El Quimbo Bajo la implementacion del Acuerdo de Escazú, que brinde garantías y justicia a las comunidades afectadas por el proyecto, el Gobierno Nacional avanzará en las siguientes acciones: Generar un proceso de evaluación ambiental público de los impactos del proyecto, con el trabajo articulado del Ideam y el Instituto Humboldt en parámetros como calidad del agua y monitoreo de flora y fauna. Expedir un acto administrativo que formalice la mesa para hacer seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental, que debe contar con participación social. Realizar una audiencia pública ambiental en territorio para hacer explícitos el plan de contingencia, las compensaciones ambientales y la inversión del 1%. Actualizar los caudales ecológicos mínimos en las cuencas y el protocolo de apertura y cierre de compuertas. Revisar el decreto de áreas de influencias de las hidroeléctricas frente a impactos ambientales. Elaborar un estudio ambiental de impactos acumulativos de las represas de El Quimbo y Betania para conocer el estado de los ecosistemas, a través del Sistema Nacional Ambiental. Tomado del Ministerio del Medio Ambiente
