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El Consejo de Estado emitió una condena contra la fiscalía general de la Nación por llevar a cabo una investigación ilegal contra una menor de edad en un caso de aborto en Boyacá. Según el fallo, ocurrido en las cercanías de un colegio en 2004, la Fiscalía procedió con la investigación de la menor de 15 años durante más de un mes, en lugar de remitir el caso al Juzgado de Menores como correspondía. El Consejo de Estado encontró que la Fiscalía realizó investigaciones sobre el delito de aborto sin tener la competencia legal necesaria, utilizando estereotipos, prejuicios y sesgos de género contra la menor. Por ejemplo, el ente acusador tomó declaración de la mujer pero no incluyó a su novio en el proceso, y la sometió a un escarnio público desproporcionado. El fallo del Consejo de Estado destacó que la Fiscalía ignoró las condiciones especiales y el enfoque diferencial que la ley exige para tratar con menores de edad en situaciones como esta. En lugar de ello, intentó indagar sobre aspectos privados y sexuales de la menor, lo cual fue señalado como una práctica discriminatoria común hacia las mujeres. Además, el Consejo de Estado subrayó que la Fiscalía no consideró la condición especial de la menor como sujeto de protección por su doble vulnerabilidad como mujer y menor de edad. Durante la investigación, la Fiscalía recibió la declaración de la menor sin seguir los protocolos legales requeridos y ordenó exámenes forenses que expusieron su situación a un escrutinio público innecesario. El Consejo de Estado calificó la actuación de la Fiscalía como obstinada y terca, ignorando las normas de competencia y afectando gravemente los derechos de la menor. Como resultado de la condena, la Fiscalía deberá coordinar un acto público de desagravio por los actos de violencia y discriminación cometidos, así como indemnizar a la afectada con 50 salarios mínimos vigentes por la persecución ilegítima por parte del Estado.