junio 28, 2022
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Revista el Congreso Siglo XXI

Boletín económico Banco de Occidente segundo trimestre

La Corte Constitucional dejó sin validez jurídica la reforma que autorizaba la celebración de convenios interadministrativos con las entidades territoriales en plena época electoral por considerar que a pesar de ser una ley estatutaria, se tramitó como un procedimiento ordinario.


La modificación a la Ley de Garantías había sido aprobada por el Congreso de la República en octubre del año pasado en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2022. Con la medida, el Gobierno buscaba la reactivación de la economía a través de la ejecución de proyectos y programas de gran envergadura en las regiones, así como generar empleo, tras las dificultades presentadas por la pandemia del Covid-19, que obligaron a un aislamiento social preventivo para preservar la salud de los colombianos.

En consecuencia, el alto tribunal ordenó en su sentencia, emitida a comienzos de mayo del presente año la suspensión de los contratos en trámite con efectos retroactivos a la expedición de la Ley, lo que significa que todos los convenios que se hayan firmado durante este tiempo deben reversarse. En un comunicado oficial, la Corte Constitucional dejó en claro que no es posible suscribirlos al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, razón por la cual aquellos trámites que se encuentran en curso deberán terminarse inmediatamente para impedir su perfeccionamiento.

“Los convenios interadministrativos suscritos al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que a la fecha del comunicado oficial de la presente decisión, no se hayan ejecutado completamente, deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar”, explicó. Según el tribunal, la reforma a dicha Ley no se ajustaba a la Constitución, ya que la misma se tramitó como si fuera una ley ordinaria y no como una ley estatutaria, argumentos que usaron los demandantes.

La Corte Constitucional consideró que la violación de la reserva de la ley estatutaria recayó en este caso sobre una medida que tiene por objeto garantizar la transparencia y el equilibrio electoral. Es decir, “la igualdad de todos los candidatos y organizaciones políticas, así como la libertad de quienes eligen, en un momento crucial para la democracia representativa. En este sentido, sin desconocer que la reactivación económica y la generación de empleo constituyen imperativos para el Estado, su materialización no puede pretenderse a través del quebrantamiento de claros principios para un Estado constitucional y Social de Derecho, como los que aquí han sido referidos”, precisó.

Contratos del Estado y excepciones

En lo que corresponde a los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios interadministrativos anteriores, el alto tribunal decidió en su sentencia que deben terminarse y liquidarse. Se exceptúan de esta regla, los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda. El fallo de la Corte también exceptúa los contratos relacionadoscon: la defensa y la seguridad del Estado, los de crédito público, los destinados a emergencias sanitarias o para la reconstrucción de vías.

“Las reglas aquí establecidas se aplican sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que
pueda derivarse por el uso indebido de la contratación estatal durante la vigencia del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021”, subraya la Corte.

La norma que desaprobó el alto tribunal daba vía libre para celebrar contratos entre entidades nacionales y regionales, en plena época electoral, lo que llevó a que se firmaran 645.495 de ellos por más de 52,3 billones de pesos en los 32 departamentos del país y Bogotá, de los cuales el 40 % se hizo por contratación directa, de acuerdo con un informe entregado por el contralor general Carlos Felipe Córdoba en marzo pasado. Cabe recordar que la Ley de Garantías, tal como fue concebida en 2005, prohíbe que las entidades públicas celebren convenios interadministrativos durante la campaña electoral para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores. Se busca fundamentalmente que los recursos públicos no sean utilizados en apoyo a uno u otro candidato.

La Corte declaró inexequible la modificación de la norma que avaló en octubre de 2021 el Congreso de la República (el inciso primero del parágrafo del artículo 38) con efectos retroactivos a su fallo, por lo que los contratos firmados durante los últimos seis meses que estuvo vigente la reforma, deberán terminarse y liquidarse. Los que ya fueron ejecutados no tienen alteración alguna, pero los que se están tramitando quedan sin sustento legal.

Fuentes consultadas: Corte Constitucional, Contraloría General, Congreso de la República y diarios El Tiempo, El Colombiano y El Nuevo Siglo.

La inflación no da tregua

La guerra entre Rusia y Ucrania, que ha desencadenado dificultades en la cadena de suministros y los efectos de la pandemia, particularmente en China, donde las medidas de aislamiento social han provocado un represamiento de
los contenedores que son enviados con mercancía al exterior, tienen por las nubes los precios de los productos básicos, sobre todo de los alimentos no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Por eso para los analistas no cabe duda que uno de los mayores retos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, será el control a la inflación, que en el mes de abril llegó a niveles históricos.

De mantenerse el escalamiento del conflicto militar entre rusos y ucranianos, los países latinoamericanos, incluido
Colombia, tendrán problemas para el acceso de fertilizantes, situación que podría llevar a un desabastecimiento alimentario, según han advertido autoridades gubernamentales. Consciente de la situación, el gobierno colombiano empezó a tomar medidas, como bajar o eliminar los aranceles para los productos agrícolas, con el fin de evitar que el costo de vida siga subiendo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que en el mes de abril la inflación anual cerró en 9,23%, la más alta en 21 años, cuando fue del 9,29 %, presionada por el alza en los precios de los alimentos, que presentaron una variación anual de 26,17%, seguidos de restaurantes y hoteles (14,37%) y bienes y servicios para el hogar (11,76%), según el reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Lo que se prevé para el 2022

Los analistas económicos estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría situarse entre el 8,4 y el 8,9% durante el segundo semestre del año como resultado del choque de insumos que ha generado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para el Banco de la República, las expectativas de inflación para el cierre de este 2022 están en alrededor de 7%, cifra que coincide con la proyección que ha realizado la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo). El cálculo sobre el comportamiento al alza del IPC en este año se sustenta en los efectos que está teniendo en los mercados la invasión rusa a territorio ucraniano y las consecuencias que ha traído la misma en materias primas e insumos como el petróleo, carbón, gas, fertilizantes y productos agrícolas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue manteniendo una expectativa de 6,9% para Colombia al culminar el año. Por eso los expertos coinciden en que contener el aumento en el precio de los alimentos es uno de los mayores desafíos para el gobierno de turno que asumirá el mandato el próximo 7 de agosto.

Aunque ya se dieron los primeros pasos con el decreto para reducir a cero durante seis meses los aranceles a 165 bienes ligados a la producción agrícola, que Colombia importa, se esperan otras medidas en el corto plazo para frenar la ola alcista, porque los alimentos que se producen en el campo requieren de insumos que provienen de otros países o son exportables, y ante la crisis global que se está viviendo, no están llegando a su destino final.

Para los agricultores, es esencial que se trabaje en la cadena logística, como, por ejemplo, en el transporte que evidencia problemas por la crisis de contenedores. También en el control a la tasa de cambio, ante el aumento que ha tenido el precio del dólar (por encima de 4.000 pesos el oficial) con impacto en el valor de los insumos agrícolas. Aunque da la bienvenida a las medidas, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, considera que la reducción de aranceles termina anulándose por los factores externos que se están dando. El dirigente gremial cree que los insumos que son importados de Rusia y Ucrania pueden verse afectados en su valor por el conflicto militar en marcha. Y es que al menos el 20% de los fertilizantes y abonos que usan los productores nacionales proceden de Rusia.

¿Qué hacer para enfrentar la inflación?

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, considera que ante la coyuntura actual, el sector privado necesariamente tendrá que reacomodarse para hacer frente a la situación, que ya afecta la importación de materias primas y algunas ventas al exterior de productos como el café y el aguacate. “Nos tendremos que reacomodar ante esta situación tan difícil. Hoy en día exportamos una buena cantidad de productos a Rusia y a Ucrania, que seguramente no vamos a poder exportar. Igualmente traemos materias primas. Va a haber un efecto con la inflación mundial que tendrá un grado de afectación relacionado con la no disponibilidad de algunos insumos que provenían de esos países al resto del mundo”, aseguró. Cabe recordar que a Colombia llegan productos como el trigo y la urea, que son claves para la producción de fertilizantes y de abonos, procedentes de las dos naciones que están en guerra en este momento.

Ante la escalada alcista, el Ministerio de Minas y Energía ha buscado mantener la estabilidad en los precios de los combustibles para evitar una mayor presión inflacionaria en el transporte, que traería como consecuencia el aumento en el valor de los alimentos en el país. Para el Gobierno Nacional resulta inconveniente incrementar en este momento el costo de la gasolina y el diésel, porque esa medida afectaría aún más el bolsillo de los colombianos.

Intervención de las tasas de interés

A finales del mes de abril, el Banco de la República decidió intervenir las tasas de interés como parte de las medidas que buscan bajar la inflación en el país, sin frenar desde luego el dinamismo que experimenta la economía colombiana, con una proyección de crecimiento del 5% para el cierre de este año. La junta tomó entonces la decisión por mayoría de ubicarla en el 6,0%, lo que llevará a que el crédito sea más costoso y por ende, se reduzca el consumo y se incentive el ahorro. Según la institución, la tasa de interés actual estaría aproximándose a su nivel neutral. Los analistas prevén que el Emisor continuará incrementando sus tasas de interés, posiblemente en pasos de 100 puntos básicos, en las próximas reuniones para llevarla a un 8,0%.

Fuentes consultadas: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Revista El
Congreso Siglo XXI, Portafolio, El Colombiano, La República, El Tiempo, El Nuevo Siglo y El Espectador.

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Al posesionarse como Presidente de la República en 2018, Iván Duque Márquez anunció lo que sería su Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el que trazó los programas e inversiones para su mandato de cuatro años. Se proponía entonces alcanzar la inclusión social y productiva del país a través del emprendimiento, la legalidad y la equidad. Pero ¿Qué tanto pudo avanzar en el cumplimiento de las metas?… Al cierre de febrero de 2022, se había ejecutado el 90 por ciento de lo propuesto en el plan de gobierno, según un balance entregado entonces por el propio mandatario.

“Tenemos satisfacciones y hemos hablado con hechos. Logramos consolidar la tasa de homicidios más baja en 40 años. Además, la más baja de secuestro desde que existe ese flagelo”, dijo en ese momento al resaltar los logros conseguidos en materia de seguridad, con la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en octubre de 2021 y otras operaciones militares y policiales.

Crecimiento de la economía

Aunque el aparato productivo nacional sufrió los efectos de dos años de pandemia, en los que se adoptaron de manera transitoria restricciones en la movilidad para prevenir un contagio del Covid-19 mayor entre la población, ocasionando el cierre temporal de algunas empresas y un alto desempleo (que se mantiene en dos dígitos), el gobierno de Iván Duque entregó un balance positivo de su gestión para reactivar la economía y regresar a los niveles de crecimiento que se tenían antes de que comenzara la emergencia sanitaria, en marzo del 2020. “Alcanzamos, el año pasado, el mayor crecimiento en 115 años (10,6%), uno de los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Esperamos crecer por encima del 5% este año (2022)”, destacó entonces el mandatario.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el dinamismo que experimentó el Producto Interno Bruto (PIB), obedeció a los resultados en la última parte del año, donde sectores como el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, industrias manufactureras y el sector público, crecieron de manera significativa. Sin embargo, en el 2022 Colombia al igual que otras naciones, se vio afectado por un fenómeno inflacionario como consecuencia de problemas en la cadena de suministros y los costos energéticos, derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, que llevaron al Gobierno Nacional a tomar medidas para enfrentar la situación. Y es que en abril pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado alcanzó niveles históricos al ubicarse en 9,23, presionado por el aumento en los precios de los alimentos por la escasez de insumos.

En la línea de seguir fortaleciendo la producción interna y dinamizar la economía, Duque se propuso en la recta final de su gobierno aumentar el empleo de los jóvenes, pasando de 200.000 a 400.000 el número de contratados por empresas interesadas en obtener beneficios tributarios a cambio de vincularlos al mercado laboral colombiano. En temas como la paz, su administración reportó inversiones por $9 billones para la recuperación económica y social de las zonas golpeadas por el conflicto armado interno. A Duque no le cabe duda que deja ejecutado el 100% del Plan Nacional de Desarrollo, con la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura para volver el país más productivo y competitivo, el impulso al sector vivienda (con la construcción y mejoramiento de más de 600 mil unidades), transición energética, transformación digital y cierre de brechas sociales entre el campo y la ciudad, en una alianza con los entes territoriales. 

Nivel alto de ejecución

Para la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, se trata del Plan de Desarrollo con los niveles más altos de ejecución de las últimas dos décadas. Es el caso de los programas de salud, que incluyeron el fortalecimiento del sistema hospitalario con una inyección de recursos importante para dotarlos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e intermedios, salas de urgencia y aumento del personal médico, así como la dotación de laboratorios y elementos de bioseguridad. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social destacó que la estrategia de Colombia para el manejo de la pandemia permitió dar aperturas económicas mucho antes que otros países de América Latina.

Es así como Colombia supera el 83 % en primeras y únicas dosis contra el Covid-19, el 70% en esquemas completos y más del 30% en dosis de refuerzo. Adicionalmente, se llegó a dos millones de niños atendidos integralmente en primera infancia y se consolidó el programa Generación E y de gratuidad en educación, lo que permitirá que más de 700 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3 ingresen a las universidades públicas de todo el país en 2022 sin pagar nada por su matrícula. Pese a los avances, Fedesarrollo considera que en materia de cifras económicas y en recuperación del empleo, Colombia no ha retomado los niveles de prepandemia. A ello se suman los indicadores de pobreza y pobreza extrema, los cuales aumentaron durante la crisis sanitaria (42,5% en el 2020 y 39,3%) en 2021. Antes de la pandemia, estaba en 35,7%).

Fuentes consultadas: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Fedesarrollo, Presidencia de la República, Planeación Nacional, Ministerio de Salud, Portafolio, El Colombiano, El Espectador, La República y El Nuevo Siglo.

Amplían fuente de recursos para proyectos energéticos

El Gobierno Nacional expidió el nuevo Manual operativo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), a través del cual se amplía la fuente de recursos para financiar proyectos energéticos en el país. Como novedad, se podrán introducir mecanismos de financiación que abarcará el hidrógeno verde y azul del cual Colombia espera convertirse en un productor. El manual se da en el marco de las gestiones que ha emprendido el país para incorporar nuevas tecnologías dentro de su matriz energética.

Para avanzar en esa dirección, Colombia está en la búsqueda de aliados internacionales que inviertan en el territorio nacional en alternativas como el hidrógeno. Las nuevas directrices surgen luego de que se firmara el pasado 26 de enero la Resolución 40045 que trazó la hoja de ruta de FENOGE, donde se abre la posibilidad de que los proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCER) puedan presentarse en el fondo, para lo cual se fijan fechas límite como el 31 de enero, el 30 de abril, el 31 de julio y el 31 de octubre del presente año. En la evaluación que se realice de los mismos, se tendrá en cuenta el aporte de las propuestas que se hagan al mapa energético del país.

La idea es llegar a más regiones con energías solidarias que conserven el medio ambiente, con adaptaciones de sistemas de alumbrado público y la priorización de fuentes de energías no convencionales para prestación de servicios públicos domiciliarios, estrategia que incluye el impulso al mercado de hidrógeno. El Manual Operativo que se expide mediante la resolución 40045 aplicará para las solicitudes de financiación de Planes, Programas y Proyectos, Asistencias Técnicas y/o Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.

Las peticiones para la financiación presentadas con anterioridad a la expedición de la presente resolución se regirán por lo dispuesto en resoluciones 41407 de 2017 y 40104 de 2021, donde se establecieron las fuentes de recursos que nutren el fondo, los proyectos y programas que pueden ser financiados y el régimen de contratación, entre otros aspectos. Lo mismo sucederá con las solicitudes que se encuentren en curso o en trámite conforme las reglas y procedimientos establecidos en las resoluciones anteriores.

Aspectos para destacar

  • Los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCER) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE) se podrán presentar de forma directa al Fondo, en las fechas ya mencionadas.
  • Se dinamizó la presentación de solicitudes para darle sostenibilidad a los proyectos, con formatos adicionales.
  • FENOGE se convertirá en el actor facilitador de recursos en FNCER (especialmente renovables) y Gestión Eficiente de la Energía, GEE, para acelerar la transformación energética en Colombia.
  • El Fondo desarrollará iniciativas con recursos reembolsables, que deberán retornar para su posterior reinversión en otros proyectos, como operaciones de fondeo a entidades financieras y aporte a vehículos de inversión.
  • Se promueve la participación femenina y de minorías étnicas en los planes, programas y proyectos financiados por el Fondo.
  • En sus consideraciones, el Ministerio de Minas aseguró que el nuevo manual operativo se enmarca dentro del manejo integral eficiente y sostenible de los recursos energéticos del país, así como el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios.
  • La resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las Resoluciones 41407 del 2017 y 40104 del 2021.

Fuentes consultadas: Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Valora AnalitikPortal Ámbito jurídico y La República.

Recordatorio publicaciones
SECOP II- Entidades Territoriales

Para las entidades del sector central y descentralizado, incluidas capitales de departamentos, gobernaciones y alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, les recordó la obligatoriedad, tras las directrices impartidas el año anterior, de publicar en el SECOP II los procedimientos de contratación que iniciaron a partir del 1 de enero de 2020, entre otros actos de la actividad contractual. Actualmente tiene varias plataformas en las que las entidades pueden realizar sus procesos de contratación. SECOP I, donde publican su actividad contractual y SECOP II, donde éstas pueden gestionar todo el proceso de compra, excepto la que se hace a través de los instrumentos de agregación de demanda para la cual está la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El SECOP II permite a compradores y proveedores realizar el proceso de Contratación en línea.

En consecuencia, las Entidades Estatales que ejecuten recursos del presupuesto general de la Nación están obligadas a utilizar: i) Los pliegos de obra pública tipo para contratos plan, ii) contrato de obra pública tipo para contratos plan, iii) Apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan, documentos que se encuentran disponibles en:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos tipo/contratos.

También están obligadas a hacer los análisis del sector relativo al Proceso de Contratación y la evaluación del Riesgo utilizando los documentos definidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta el Proceso de Contratación y la demanda en la zona de ejecución del proyecto. El Gobierno Nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los Procesos de Contratación que adelanten.

Las Entidades Estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, ni los factores técnicos y económicos de escogencia. Los Documentos Tipo adoptados por el Gobierno Nacional pueden ser consultados en la página web de Colombia Compra Eficiente. Los partícipes del Sistema de Compra Pública podrán acceder a los manuales y guías expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública en: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-ypliegos-tipo/manuales-y-guias.

Colombia Compra Eficiente como ente rector del Sistema de Compra Pública pone a disposición de todos los usuarios las Guías para el uso del SECOP II, en donde se encontrará de manera detallada las instrucciones en las diferentes funcionalidades de la plataforma para las distintas etapas de los Procesos de Contratación y modalidades de selección, en el minisitio: https://www. colombiacompra.gov.co/secop-ii.

La contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación por parte de las Entidades Estatales debe aplicar el régimen propio de dichas actividades con independencia de la fuente de financiación utilizada. Los contratos para la ejecución de programas, proyectos, y actividades de ciencia tecnología e innovación, pueden celebrarse bajo la modalidad de contratación directa.

En caso de que un proyecto de inversión a ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías haya sido viabilizado o aprobado por el OCAD o se encuentre en ejecución sin que se hubiere contemplado el valor de la supervisión o interventoría es necesario ajustar el proyecto. En la más reciente circular externa, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) exhortó a las entidades estatales para que en los procedimientos de selección que se realicen utilizando los documentos tipo apliquen lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195 del 2022 (Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción).

Fuente consultada: Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente