El Congreso de la República tendrá en estas sesiones ordinarias la compleja tarea de debatir y aprobar proyectos que son clave para el Presidente Gustavo Petro, en su propósito de avanzar hacia el cambio social que ha propuesto a los colombianos, como las reformas a la salud, laboral y pensional. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), documento que contiene las políticas gubernamentales del próximo cuatrienio, ocupará también gran parte del trabajo legislativo.
El pasado 16 de marzo iniciaron las sesiones ordinarias, en las cuales se espera avanzar en los proyectos que no se tocaron durante el periodo extraordinario y que tienen que ver precisamente con las reformas sociales, consideradas la columna vertebral del programa de gobierno del mandatario. Por ejemplo, en el Senado y la Cámara de Representantes se debatirá el PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que contempla inversiones por $1.154 billones para el desarrollo de programas y obras que le permitan al Ejecutivo dar pasos firmes hacia la paz total, la transformación productiva y la transición energética, así como combatir la pobreza, que por la pandemia, el desempleo y la alta inflación, aumentó en los centros urbanos y rurales de Colombia.
El Congreso abordará también la reforma pensional, que plantea entre otras cosas, condiciones especiales para la mujer, otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas, de 50 por cada hijo que tenga sin que supere los tres, es decir, 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado. De acuerdo con la propuesta gubernamental, las pensiones de invalidez y sobrevivencia continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones. Adicionalmente, se respetarán los derechos adquiridos por quienes ya están jubilados. El ahorro voluntario busca que las personas con mayor capacidad adquisitiva ahorren con este mecanismo para obtener una mejor mesada.
Los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y La U), llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo para salvar la reforma a la salud en su trámite en el Congreso, pero con algunos ajustes importantes al texto inicial. Hubo consenso en respaldar el fortalecimiento de la atención primaria, la eliminación de la integración vertical, el giro directo y la dignificación del talento humano. Las EPS privadas no desaparecerán, lo que destraba el proyecto, que en principio planteaba eliminarlas. Es decir, seguirán teniendo afiliados y manejando sus planes de salud, bajo el nombre de Entidades Gestoras de Salud y Vida.
La tarea de realizar los pagos quedaría en manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, mientras el usuario no estaría obligado a aceptar el prestador de servicios que le imponga el Estado. Se buscará una fórmula para que los hospitales públicos presten la función de los Centros de Atención Primaria (CAPS), para evitar costos fiscales. “Tenemos humo blanco. La reforma a la salud coge cada vez más fuerza de manera concertada. Tendremos un sistema mixto público privado”, anunció el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Según anticipó el diario El Tiempo en su página web, el sistema estará organizado de la siguiente manera: “el privado estará articulado a través de las Gestoras de Salud y Vida (EPS), las cuales recibirán un 5 % por concepto de administración. Por su parte el público estará integrado por todos los hospitales públicos del país, los de nivel uno, que se convertirán en Centros de Atención Primaria (CAPS)”.
En el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales que presentó el Gobierno, se aclara que no se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia; sus integrantes deben confesar sus delitos, pagar penas efectivas en prisión, y reparar a sus víctimas. Podrían conservar hasta el 6 por ciento de los bienes que hayan obtenido de manera ilegal. Se trata de la herramienta principal para hacer realidad la política de “Paz Total” propuesta por el Presidente Gustavo Petro a los colombianos durante la campaña. El presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, “para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”. Si el proyecto es aprobado, las llamadas bandas criminales tendrían un plazo de dos años para desarticularse de manera voluntaria.
En el documento se establece que las estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva. Adicionalmente, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras desarrollan actividades de restauración y de reparación a sus víctimas. Cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios. De acuerdo con la propuesta gubernamental, los grupos delincuenciales, deben entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al seis por ciento de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos. “Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan
a las víctimas, el Estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Desde ya la iniciativa ha generado polémica entre los entes de control y desde luego en los congresistas de la oposición.
En la lista de proyectos que debatirá el Senado y la Cámara de Representantes, figuran además el que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos y ordena la reformulación de la política de transición energética en el país. Estas son otras iniciativas que harán parte de la agenda legislativa que comenzó a discutirse en el Congreso de la República desde el pasado 16 de marzo:
•Proyecto de Ley No. 278 de 2021 Senado “por medio del cual se aprueba el «Tratado de extradición entre la República de Colombia y la República Argentina», que fue suscrito en Bogotá, el 18 de julio del año 2013”.
•Proyecto de Ley No. 083 de 2022 Senado “por medio del cual se aprueba el «Convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe», hecho en Argentina.
•Proyecto de Ley No. 082 de 2022 Senado, a través del cual se aprueba la «Convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior», adoptada en el marco de la 40ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-Unesco, en Paris, en el 2019”.
•Proyecto de Ley No. 285 de 2022 Cámara – 279 de 2021 Senado “por medio del cual se aprueba el «Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos», suscrito en la ciudad de México, en 2011”.
•Proyecto de Ley No. 322 de 2022 Cámara – 208 de 2022 Senado a través del cual se aprueba el «Acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera», suscrito en Cartagena de Indias en 2014.
