El ministerio Público, mediante a su página web y sus redes sociales, informaron que habían formulado cargos en contra de 17 exconcejales del anterior periodo, al parecer por omitir su deber de conformar una sociedad que tenía que ser de tipo industrial, así como comercial del Estado, pero, en cambio, le permitieron al anterior alcalde del municipio realizar una sociedad de economía mixta.
Es por esto último, que la Procuraduría General de la Nación acusó a esos 17 exconcejales de Soacha, Cundinamarca, correspondientes al periodo 2020 – 2023, por presuntas anomalías relacionadas con la autorización concedida al alcalde del municipio para la creación de una empresa de economía mixta destinada a la gestión del servicio de catastro. Esta autorización habría incluido compromisos financieros que afectan el erario, según lo argumentado por la entidad.
La Provincial de Instrucción de Fusagasugá reveló los nombres de los 17 exconcejales de Soacha implicados en el caso de presuntas irregularidades administrativas. Juan Carlos Arias Cante, Ruth Yolanda Ariza Gil, Terry Mauricio Bogotá López, Edgar Cárdenas González, Norberto Cuenca Rivera, Joel de los Ríos Ocampo, Heiner de Jesús Gaitán Parra, Jazmín Olarte Guayambuco, Carlos Alberto Ospina Díaz, Alberto Plazas Balaguera, Jorge Giovanni Ramírez Moya, Juan Rodrigo Rivera Tapiero, Wilson Andrés Rodríguez Fonseca, Néstor Enrique Rozo Escobar, Jaime Ulises Sepúlveda Duarte, Hernán Darío Soto Varón y Jonnathan Andrés Vela Rodríguez, figuran como los que habrían aprobado la iniciativa que permitió al alcalde avanzar con la constitución de la sociedad de economía mixta para operar el servicio catastral, comprometiendo fondos públicos en el proyecto.
Según la Procuraduría General de la Nación, los exconcejales de Soacha pudieron haber violado sus responsabilidades legales al no acatar las normativas correspondientes. La acusación sostiene que, en vez de aprobar la formación de una sociedad de economía mixta para la gestión catastral, tal como lo propuso el alcalde, los servidores públicos debieron apegarse a los requerimientos de la ley y establecer una entidad del tipo industrial y comercial del Estado.
“Para el Ministerio Público los servidores pudieron incurrir en una falta disciplinaria al omitir el cabal cumplimiento de sus deberes y pasar por alto que en lugar de lo solicitado por el mandatario local se debieron ceñir a lo exigido por la ley y conformar una sociedad de tipo industrial y comercial del Estado”, explicó la entidad sobre el caso de los exconcejales de Soacha.
Y es que, de acuerdo con lo que sustentó la entidad, el exalcalde de Soacha, una vez que se le fue otorgado dicho aval en compañía de otra persona jurídica, constituyeron la ya mencionada sociedad mixta, la cual fue nombrada como “Catastro avanza”, la cual es una Sociedad por Acciones Simplificada. Esta tenía como uno de sus objetivos principales brindar servicios públicos para el municipio de Soacha, así como para otros territorios.
La Procuraduría General además argumentó sobre los 17 exconcejales soachunos que su supuesta actuación pudo haber vulnerado el principio de moralidad bajo el cual se rige la función administrativa que ellos tenían, razón por la cual el Ministerio Público calificó de una manera provisional dicha conducta como una falta grave a título de culpa gravísima.