agosto 3, 2026

Ejecutivo

Las objeciones no los ponen en riesgo, Duque a excombatientes de las FARC

Durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda de San José de Oriente, en el municipio de La Paz (Cesar), el Presidente Iván Duque. se reunió con cerca de 100 excombatientes de las FARC para explicarles las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y darles un parte de tranquilidad. “Estamos a seis artículos de una ley de 159 (artículos) para lograr ese acuerdo sobre una justicia que debe tener garantías para todos”, afirmó el mandatario durante su visita al departamento del Cesar. El Jefe de Estado escuchó de los excombatientes aspectos importantes del proceso de reincorporación en esa zona y recordó que desde el inicio de su gobierno su propósito ha sido ” la construcción de la paz con legalidad, con seguridad, protegiendo los derechos de los ciudadanos”. De acuerdo con lo que explicó el presidente a los habitantes del ETCR, las objeciones a los acuerdos “no tocan, no afectan nada, de lo que se puede considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad”. Fue enfático al afirmar que “nada de lo que hay ahí los pone en inseguridad”. “Lo que nosotros buscamos es que en el Congreso de la República se dé esto y construyamos, porque estamos a seis artículos de lograrlo, una justicia especial que le dé garantías a todo un país”, concluyó Duque.

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La paz es un derecho inalienable e intangible: aseguró el Fiscal

Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, emitió un comunicado donde resalta los puntos en los cuales no está de acuerdo con la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El jefe del ente investigador ha hecho públicos sus reparos al nuevo sistema de justicia transicional durante los últimos dos años, incluso en días pasados intervino en el debate que se derivó entonces de la posibilidad de que fuera objetada la Ley Estatutaria que regula el funcionamiento de la JEP. Es deber de la Fiscalía “poner de presente ante la Nación todo aquello que puede dejar desprotegida a la sociedad frente a las distintas expresiones del delito”, aseguró el fiscal. Así como proteger la paz, que es “un derecho inalienable e intangible”, agregó. Dentro de los puntos que resalta el Fiscal, se encuentra la preocupación por el beneficio que podría ofrecer la JEP a aquellos que hayan cometido “delitos sexuales” contra menores de edad. Martínez también hace reparos a la posibilidad de que los desmovilizados que incurran en delitos como el narcotráfico, después de la firma del acuerdo de paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y el extinto grupo guerrillero de las FARC en 2016, puedan acceder a los beneficios de la justicia transicional. “Desde el pasado hemos manifestado y hoy insistimos, que (i) es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y (ii) que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad”, aseguró. El fiscal hace seis preguntas relacionadas directamente con los artículos objetados por el Presidente Iván Duque y hace algunas aclaraciones frente a la decisión presidencial.

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Corte Constitucional debe ser consultada sobre objeciones a la JEP: César Gaviria

El expresidente de la República y actual jefe del Partido Liberal, César Gaviria, se mostró en desacuerdo con la decisión tomada por el Presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El examandatario consideró que, “antes de iniciar con el trámite legislativo en el Congreso, para estudiar las objeciones presidenciales se consulte a la Corte Constitucional si son posibles las objeciones o si por el contrario se debe negar su trámite”. Para Gaviria, el acuerdo de paz con las FARC es histórico y “el cabal cumplimiento de la JEP es lo que garantizará que, por primera vez en la historia de Colombia, tengamos un sistema de justicia que tenga la capacidad de hacer efectivos los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición”. Por medio de una comunicación, el dirigente liberal aseguró que la decisión de objetar la JEP, “pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes”. Para Gaviria la situación es grave. Por esta razón tomó la decisión de convocar a “las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal para que se adopte una decisión en conjunto y para que la postura de los congresistas y la votación en las plenarias de ambas cámaras sobre la aceptación o el rechazo de las objeciones planteadas por el Presidente sea unánime”. “Tenemos serias dudas sobre si resultaba o no pertinente la presentación de las objeciones tratándose de un proyecto de ley que fue de iniciativa gubernamental y que se tramitó con la participación de los representantes del gobierno y la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo encontró Constitucional”, aseguró el expresidente liberal. “En segundo lugar, manifestamos nuestro total desacuerdo con elhecho de que por la vía de objeciones presidenciales, calificadas deinconveniencia, se pretenda poner en discusión una decisión de laCorte Constitucional en clara violación de los principios deseparación de poderes y de respeto por la cosa juzgada”, señaló en un comunicado. Considera Gaviria que “ni el acuerdo suscrito con las Farc, ni la ley estatutaria, ni el acto legislativo que adoptó el acuerdo y la Jurisdicción Especial de Paz, ninguno de esos documentos deja sin castigo a los reincidentes”. De acuerdo con el dirigente liberal, las interpretaciones que se hacen de la Ley son equivocas, porque los delitos atroces o los delitos contra los niños e incluso los excombatientes que reincidan no quedarán en la impunidad. “Habrá mucho por perfeccionar, hay mucho por arreglar, hay mucho por construir en el camino de una paz estable y duradera, afirmó Gaviria, y resaltó que es esencial “el cumplimiento de lo acordado”. “El Partido Liberal ha estado históricamente del lado de la solución negociada del conflicto. Acompañamos al presidente Juan Manuel Santos y varios de nuestros miembros más destacados fueron protagonistas de la negociación que permitió acabar con la guerrilla más antigua de América Latina. Por esa razón no podemos permitir ni por un instante que retrocedamos en los logros alcanzados” reafirmó el expresidente. El liberalismo apoyó a Iván Duque en segunda vuelta en las elecciones de 2018, cuando él se comprometió a respetar la decisión de la Corte Constitucional, “ahora debe honrar su palabra” concluyó Gaviria.

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Presidenta de la JEP descarta parálisis por objeciones de Duque

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, aclaró este domingo que ese sistema de justicia no se paralizará por las objeciones que hizo esta noche el Presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria que lo rige. Linares agregó que conseguir una “paz estable y duradera” seguirá siendo su propósito. El siguiente es el texto del comunicado expedido por la presidenta de la JEP. “Con el respeto debido al señor presidente de la República y aplicando los principio que rigen el estado de derecho recibimos su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos, lo cual garantiza el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica. A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, para reiterar que la Justicia Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año, ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país”, explicó Linares.

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Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”. Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. “Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”. “El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó. Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”. Las siguientes son las objeciones: Artículo 7: “Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”. Inciso octavo del artículo 63: “El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”. “Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. Inciso tercero del literal j del artículo 79: “El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”. Parágrafo 2 del artículo 19: “Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”. Artículo 150: “El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”. Artículo 153: “Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer

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Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, consideró este jueves que hay “muchas cosas” por hacer con los alcaldes, sobre todo en el tema de regalías y cobertura energética en las regiones. “Desde el ministerio de Minas y Energía en el gobierno del presidente (Iván) Duque, estamos para apoyarlos”, aseguró la funcionaria en declaraciones a la revista El Congreso, en el marco del encuentro de alcaldes que se realiza en Cartagena. Suárez reconoció la importancia de los recursos que por concepto de regalías reciben los entes territoriales para ejecutar proyectos de envergadura que ayuden a cerrar las brechas sociales que existen entre el campo y la ciudad. “Los alcaldes son quienes ejecutan y son la presencia del Estado en el territorio, el mensaje es que desde el ministerio de Minas y Energía en el gobierno del presidente Duque, estamos para apoyarlos, tenemos muchas cosas por hacer con el tema de regalías y tenemos muchas cosas por hacer en el tema de cobertura de energía”, puntualizó. https://www.youtube.com/watch?v=Gw4fI_rVx8s

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Proponen bajar en más de mil pesos el precio de la gasolina

Tras percatarse de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no hace referencia a la variable del precio internacional que incide en el valor del combustible nacional, el congresista por el Partido Alianza Verde, César Ortiz, sugirió una fórmula que reduciría el costo de la nafta en Colombia. El representante a la Cámara por el departamento de Casanare presentó una proposición en la que planteó una metodología para que el precio de los combustibles tenga una limitante a la fijación del precio internacional de la materia prima que se destina a refinería interna del país.  “Hoy la variable materia prima no está sujeta a los costos de producción del crudo puesto en refinería, sino al precio de costo de oportunidad o precio internacional del crudo, el cual está impactando en forma grave a los colombianos y los transportadores”, dijo el parlamentario. El propósito de esta propuesta es reducir en más de $1.527 el precio de la gasolina. El artículo 32 del PND señala que el Ministerio de Minas y Energía o “la entidad delegada”, establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución”.  Agrega, además, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo de estabilización de los valores de referencia de venta al público de los combustibles regulados, que se hará a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC. “La fórmula de hoy tiene en cuenta un precio internacional del barril de crudo de 66 dólares para la materia prima puesta a la entrada de la refinería, que sumado a las variables de refinería, de etanol, o biodiesel, de transporte poliducto, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, impuesto nacional, sobretasa a la gasolina, sobretasa ACPM o diésel, entre otros, arrojan un precio del combustible hoy en la ciudad de Bogotá de$9.539, que es uno de los más altos en la historia de Colombia y que según los transportadores representa el 35% de la carga, impidiendo ser competitivos”, añade el congresista. Ortiz espera que para mayo de este año se apruebe la propuesta que según él “aportaría significativamente a la competitividad nacional, generando un alivio a los empresarios, los transportadores de carga y pasajeros, campesinos, agricultores, ganaderos, y consumidores de la canasta familiar”.

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El cambio en las pensiones

A partir de hoy cambian las reglas pensionales para aquellos que hagan sus aportes a fondos de pensión privados. Según el decreto 959 de 2018 de la Presidencia de la República, los ahorros pensionales de los colombianos que no definan a donde dirigir sus aportes, se asignarán por defecto en fondos de alto riesgo a partir de este martes, de acuerdo a lo previsto en el decreto. Según la norma, “las Administradoras de Fondos de Pensiones iniciarán el traslado de flujo de aportes nueve (9) meses después de la entrada en vigencia del decreto (5 de junio de 2018)”. La Administradora también se encargará de asignar los aportes de los afiliados no pensionados que no hayan elegido el tipo de fondo a los fondos de Mayor Riesgo y Moderado, de acuerdo a su género y edad, en los siguientes porcentajes: El usuario podrá solicitar el cambio entre los tres fondos antes mencionados una vez cada seis meses. Sin embargo, en el caso de haber sido elegido un fondo por defecto se puede solicitar el cambio de manera inmediata. Esta nueva norma aplica únicamente para los fondos privados, que son Porvenir, Protección, Old Mutual y Colfondos. Quienes cotizan a través de Colpensiones cuentan con un régimen diferente.

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Capturan a fiscal de JEP y a un exsenador por pedir dinero en caso Santrich

El fiscal de la JEP, Carlos J. Bermeo, fue detenido junto con cuatro personas, incluido el exsenador Luis Alberto Gil, en el momento en el que recibían dinero a cambio de incidir en el caso que se le sigue a Jesús Santrich. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el operativo se realizó en dos hoteles del norte de Bogotá, donde presuntamente los implicados recibían 500 mil dólares a cambio de incidir en el trámite de extradicción del exjefe guerrillero. Entre los capturados se encuentra el exsenador Luis Alberto Gil, más conocido como “El Tuerto Gil”, quien está condenado por parapolítica. El excongresista fue detenido por primera vez en 2008 y fue llevado a prisión por sus nexos con las autodefensas. En 2012, al cumplir las tres quintas partes de su condena, recibió el beneficio de libertad condicional. #ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 1 de marzo de 2019 Los investigadores informaron que al parecer, la red habría pedido 2 millones de dólares y hoy se había pactado la primera entrega. Los otros capturados son Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar Gamboa y Ana Cristina Solarte Burbano. Esta noticia se produce el mismo día, en el que la Justicia de Estados Unidos, informó que no enviaría a la JEP sobre Santrich, a quien ese país reclama en extradicción por narcotráfico.

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Se cumple con éxito subasta de energía por cargo de confiabilidad

La subasta energética organizada por el Ministerio de Minas y Energía, arrojó resultados positivos que permitirán garantizar el suministro energético del país para el periodo 2022-2023. Así lo hizo saber la Ministra María Fernanda Suárez, quien aseguró que “los colombianos tendrán energía confiable, pese a los diferentes escenarios de incertidumbre que hay”, refiriéndose a los niveles de embalses que se podrían ver afectados por el fenómeno climático de El Niño y lo ocurrido con la represa de Hidroituango. “Quedamos con 1.398 MWh asignados en energías eólicas y solares, el resto está repartido en proyectos de energías térmicas e hidráulicas”, explicó la ministra. Dentro de las empresas beneficiadas sobresalen nombres como Isagen, EPM, Emgesa y Enel. De los 70 proyectos adjudicados, el 10% son nuevos, entre los cuales se destacan cinco que serán desarrollados a partir de energía eólica y uno con energía solar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), afirmó que “la subasta fue de 15,1 dólares por megavatio-hora (MWh), lo cual representa una disminución del 11 % al cargo por confiabilidad resultante de la última subasta, el cual se realizó en 17.01 dólares MWh”.

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