Educación

Por: Óscar Sánchez León Representante a la Cámara, Partido Liberal Las elecciones del 11 de marzo presentaron un nuevo panorama político para el Congreso de la República y para los colombianos, nuevos actores de diferentes corrientes políticas e ideológicas participarán en la formulación de las leyes y el control político, lo cual sin lugar a dudas fortalecerá el debate y la democracia. Este escenario de diferencias ideológicas y políticas debe ser aprovechado para la construcción de soluciones efectivas a las problemáticas que enfrenta el país y que afectan a la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Durante los diversos recorridos por mi departamento, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano las quejas y las manifestaciones de desacuerdo de la gente con el sistema de salud, la seguridad ciudadana, la educación, el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, las políticas de envejecimiento poblacional, entre otras. Por ende, la prioridad del nuevo Congreso será la formulación de una legislación que le permita al Gobierno Nacional establecer acciones concretas contra la delincuencia; para el año 2017, el atraco callejero, el raponazo, el robo de vehículos y de celulares aumentó en Colombia, sumado a un alto índice de reincidencia e impunidad. En materia de seguridad social, se debe mejorar la prestación de los servicios de salud, modificar el modelo de intermediación financiara de las empresas prestadoras de salud y pensar con perspectiva territorial la prestación del servicio. La educación de calidad no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Si bien es cierto que los niveles de cobertura educativa han mejorado en el país, no se puede decir lo mismo de la calidad, las últimas pruebas saber 11 son muestra de ello, en la que los primeros lugares fueron ocupados por colegios privados de difícil acceso para familias de estratos bajos, sin mencionar los estudiantes de la ruralidad en Colombia. En relación a la problemática de sustancias psicoactivas, se presenta un aumento en el consumo por parte de los menores de edad; lo cual genera problemas de salud pública, aumento del microtráfico, inseguridad y desintegración familiar, por lo que se hace necesaria la regulación de ciertas conductas y disposiciones en esta materia.