Este jueves la Cámara de Representantes aprobó una resolución que formaliza el proceso de apertura de un juicio político contra el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La decisión se tomó con 232 votos estuvieron a favor de abrir el proceso judicial y 196 en contra de hacerlo. El primer mandatario reaccionó trinando que esto ha sido “la mayor caza de brujas” que se ha llevado a cabo en los Estados Unidos.
La corporación legislativa sacó un texto informando que se le dará continuación a la investigación que hasta el momento se ha desarrollado a puerta cerrada y por reglas marcadas, en su mayoría, por la bancada demócrata liderada por la representante Nancy Pelosi.
“Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense”, afirmó la Casa Blanca en una declaración, en la que acusó a los demócratas, en la oposición, de tener una “obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima”.
Aunque los integrantes del partido republicano denunciarón que se ha violado el derecho de Trump a defenderse en este proceso, la resolución autoriza a la defensa del primer mandatario a convocar sus propios testigos en el marco de la fase de la investigación supervisada por el Comité de Inteligencia, a pedir nuevos testimonios y documentos, a hacer contrainterrogatorios y a presentar objeciones en el juicio.
La presidencia ordenó en efecto a los miembros de la administración no cooperar con la investigación porque considera necesario proteger el trabajo del Jefe de Estado. Así que la decisión judicial tendrá importantes consecuencias sobre el futuro desarrollo de la pesquisa.
Todo inició con una comunicación telefónica entre Trump y Zelenzky. Allí el gobernante norteamericano habría pedido a su homólogo que iniciara una investigación en contra de Joe Biden, vicepresidente del gobierno Obama, con apoyo de su abogado personal Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y quien ya ha aceptado la presión contra el mandatario ucraniano.
En contraprestación, Trump le habría asegurado a Zelensky, según la acusación, el suministro de unos fondos aprobados por el Capitolio, correspondientes a 250 millones de dólares, siempre y cuando hubiera cooperación.
De acuerdo con la denuncia de Pelosi, lo hecho por el Jefe de Estado representa el abuso de poder, lo que es suficiente para buscar su salida de la Oficina Oval. “Las acciones llevadas a cabo por el Presidente suponen una violación grave de la Constitución”, afirmó.