septiembre 27, 2022
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Boletín económico: El país que recibió Gustavo Petro

Noticias del Sector Público Septiembre a Noviembre 2022

Aunque Colombia alcanzó un crecimiento histórico de 10,6% en 2021 y se convierte en el país de América Latina con el mayor para el 2022, con un Producto Interno Bruto (PIB) del 6,1%, según las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá la compleja tarea de contener el desempleo, la alta inflación y la pobreza, cuyos niveles aumentaron como consecuencia de la emergencia económica y social que desencadenó la pandemia del Covid-19 a nivel global.

Pese a las dificultades que se han presentado por la crisis sanitaria y la guerra entre Rusia y Ucrania, que impactó la cadena de suministros, elevó los precios en los productos básicos y afectó el abastecimiento de insumos agrícolas en el mundo, la OCDE estima que Colombia se mantendrá fuerte en medio de los desafíos que se tienen, impulsada por el consumo privado y la recuperación gradual del empleo. Según la organización internacional, la política fiscal “brindará apoyo continuo a los hogares vulnerables durante 2022, mientras que las reducciones del gasto en otras áreas darán paso a un ajuste fiscal gradual que se intensificará en 2023”.

Consideró que se requerirá de esfuerzos adicionales para estabilizar la deuda pública y planteó la posibilidad de que “el consumo privado pueda cobrar fuerza en 2023 en la medida en que disminuya la alta inflación y retroceda el desempleo”. Para los expertos, es clave la recuperación del mercado laboral, uno de los más golpeados por las medidas de aislamiento social preventivo que se tomaron durante los meses más críticos de la pandemia, para seguir consolidando el crecimiento económico alcanzadocional de Estadística, DANE, buena parte del comportamiento positivo del PIB en 2021, se debió al desempeño de sectores como el comercio, el transporte, el alojamiento, los servicios de comida y las industrias manufactureras.

Según el organismo estatal, el gasto de consumo de los hogares evidenció entonces un crecimiento de 14,6%, gracias a la reactivación del aparato productivo interno y a una mayor movilidad. La recuperación se empezó a dar con la flexibilización de varias de las medidas restrictivas y de aforo, la cual fue posible por el avance que se tuvo en el Plan Nacional de Vacunación y los incentivos económicos y sociales otorgados por el saliente gobierno.

Desempleo, inflación y pobreza

Para el mes de junio de 2022, la tasa de desempleo nacional se situaba en 11,3%, una reducción de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (14,6%), de acuerdo con datos del DANE. Aunque el entonces gobierno de Iván Duque logró recuperar los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia—1,9 millones, la desocupación se mantiene por encima del 9,1% alcanzado en junio de 2018. Tampoco se mejoró la formalidad laboral ya que la tasa de ocupación en ese mismo mes fue de 56,5%, mientras que en junio de 2018 era de 58,3%. Por su parte la inflación pasó del 3,23% en septiembre de 2018 al 10, 21% en julio de 2022, según cifras entregadas por el Banco de la República, mientras el precio del dólar pasó de 2.898 a 4.336 pesos, al corte del 5 de agosto pasado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en dos dígitos presionado por el fuerte repunte en el valor de los alimentos como consecuencia del aumento de los precios mundiales del trigo y de los cereales, debido a la interrupción de las exportaciones de Ucrania por cuenta de la invasión rusa. El alto costo de vida es atribuido también por los analistas a la gran demanda de bienes en 2021, año en el que los países pusieron fin a los confinamientos por la pandemia, lo que le facilitó a la gente salir de compras, tras un largo periodo de inactividad económica, por temor al contagio. La pobreza tampoco fue ajena al impacto de las medidas adoptadas por las autoridades Noticias del Sector Público Septiembre a Noviembre 2022

gubernamentales. El país que recibió Gustavo Petro tales para hacer frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. De acuerdo con reportes del DANE, la tasa se incrementó del 36% en 2019 al 42,5% en 2020, cifra que para 2021 se situó en 39,3%, gracias a los subsidios y programas sociales que se pusieron en marcha para los sectores más vulnerables de la población colombiana. Y precisamente para garantizar los recursos con los que financiará su ambicioso plan social para reducir la desigualdad, el presidente entrante, Gustavo Petro, sometió a consideración del Congreso una reforma tributaria con la que espera recaudar $25 billones (1,72% del PIB) en 2023, y, en promedio, de 1,39% del PIB entre 2024 y 2033. Hacia el mediano plazo, la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la lucha contra la evasión, contribuirá para obtener gradualmente recursos totales equivalentes a $50 billones (3,4% del PIB) por año. Considerando las mayores fuentes para financiar gasto social.

Fuente: (MHCP).

Elevado déficit fiscal

 

Para la comisión de transición (empalme), el déficit fiscal del país es crítico, por lo que considera fundamental la aprobación de la reforma tributaria para poder cumplir las promesas del nuevo gobierno de avanzar hacia una Colombia con mayor equidad, igualdad y justicia social. “La realidad fiscal del país es una gran preocupación. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrienio es crítico”, dijo Daniel Rojas, uno de los coordinadores de la comisión. Y es que el equipo entrante prevé un déficit fiscal del 5,6% del Producto Interno Bruto para este año, mientras la deuda pública estaría rondando el 56,5% del PIB, lo que requiere de medidas urgentes como mejorar el recaudo para asegurar la financiación de las reformas. Colombia invirtió cerca de 117 billones de pesos para atender la Emergencia Económica por la pandemia del Covid-19, recursos que en su mayoría fueron obtenidos de créditos gestionados ante organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), para fortalecer el sistema de salud, proporcionar ingresos y apoyo nutricional a los hogares más pobres y vulnerables, y mantener la liquidez y el acceso al financiamiento para las empresas durante la crisis sanitaria. En su informe, la Comisión de transición advirtió sobre las deudas que se tienen con el sector salud (4.600 millones de dólares) y la falta de ejecución de créditos ya desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial. En opinión del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la nueva administración tendrá que darle prioridad a la reducción del déficit fiscal y postergar programas que le signifiquen más gastos. Para el exfuncionario, “la mejor política social en este momento es cuidar los empleos que se han recuperado”. Al gobierno saliente se le reconocen aciertos como la meta de inmunización alcanzada para frenar el avance del Covid-19 por encima del promedio de América Latina (74,5%), lo que permitió acelerar la recuperación económica, así como el estatuto de protección de migrantes, que busca la pronta regularización de las personas de origen venezolano en Colombia, para que puedan integrarse rápidamente a la sociedad contribuyendo al desarrollo social y económico de la nación.

La inflación es un efecto mundial

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Desde hace varios meses, el mundo experimenta un fenómeno inflacionario que los economistas atribuyen en gran medida a la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha afectado las exportaciones de trigo, materias primas e insumos agrícolas, así como a la demanda de los consumidores, tras el fin de las medidas de aislamiento preventivo que se adoptaron como consecuencia del avance inesperado de la pandemia del Covid-19 y su alto riesgo en la salud de la población. La invasión rusa a territorio ucraniano también ha provocado que los precios del petróleo se disparen por encima de los 110 dólares el barril, debido a que muchos países occidentales impusieron sanciones a Moscú como rechazo al ataque militar prolongado. Aunque Estados Unidos y Europa, al igual que Latinoamérica, han alcanzado niveles históricos en su tasa de inflación este año, el analista Paul Donovan cree que será algo transitorio que no tomará mucho tiempo. “La demanda de bienes fue tan inusual que superó a la oferta, y cuando la demanda es mayor que la oferta, se produce escasez o aumento de precios. Lo que tuvimos fue una mezcla de ambos, pero parte de ese aumento de la demanda hizo subir los precios”, señala el reconocido economista, quien insistió en que el fenómeno alcista también está ligado a la preocupación de que la guerra entre Rusia y Ucrania altere el suministro futuro de los insumos que proveen. Eso llevó a que, por ejemplo, en Estados Unidos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzara el nivel más alto en los últimos 40 años, para el segundo semestre de 2022 presentó un incremento positivo cuando pasó de 9,1% en junio al 8,5% en julio, ayudado por la reducción de los precios de los combustibles. “El índice de gasolina cayó 7,7% en julio y compensó las alzas en los índices de alimentos y vivienda, lo que da como resultado que el índice de todos los artículos no cambie durante el mes”, indicó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés). Pese al descenso en la inflación anualizada, el registro sigue siendo uno de los más altos en la historia del país americano.

Récord en la eurozona

Las alarmas se prendieron no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde la inflación interanual marcó un nuevo récord al situarse en 8,6% en junio pasado, según datos publicados por la oficina de estadística de la UE, Eurostat. El aumento en el IPC es atribuido al incremento en los precios de la energía, los alimentos, servicios, alcohol, tabaco y bienes industriales. Entre los países con las tasas más altas de inflación, figuran Estonia (22%), Lituania (20,5%), Letonia (19,2%) y España (10,2%). Para hacer frente a la situación, el Banco Central Europeo decidió subir un cuarto de punto los tipos de interés para desincentivar el consumo y frenar el repunte en los precios que está afectando sin excepción a todo el continente, en particular por la crisis energética que se ha desencadenado por el conflicto bélico entre rusos y ucranianos. “Todavía tenemos algo de esa presión inflacionista, pero está en vías de desaparecer. Si miramos, por ejemplo, los precios de los televisores en Estados Unidos o en otros países, el año pasado subían y ahora bajan, de hecho tienen una inflación negativa. Así que hemos empezado a ver una corrección, pero todavía hay suficientes efectos persistentes que se suman a la inflación”, sostuvo el analista Paul Donovan. Y es que la invasión rusa a Ucrania sigue impactando las economías por la falta de abastecimiento de materias primas, trigo y cereales al mundo, con efectos en el costo de vida a nivel global.

Repercusión en Colombia y la región

Si la inflación está por las nubes en Estados Unidos y Europa, en América Latina está desbordada. Las cifras lo dicen todo. Las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, han alcanzado registros impensables en 20 y 18 años de manera respectiva, mientras que en Argentina, Colombia, Perú y Chile, el IPC mantiene su carrera ascendente, lo que ha llevado a sus gobiernos a tomar medidas para contenerla. Las razones son varias. La primera de ellas es el problema en la cadena de suministro de los productos que se transportan en su gran mayoría desde China por vía marítima a los diferentes países. También la escasez de mano de obra en las naciones desarrolladas, el acelerado aumento del consumo, tras los largos confinamientos por la pandemia, y desde luego el coletazo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado un desabastecimiento de insumos agrícolas en el mundo y por ende, un alza en los precios de los alimentos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que los precios en la región seguirán altos, con una inflación de 12,1 % este año y de 8,7 % en 2023, una de las más elevadas en dos décadas. La gran pregunta es ¿qué se está haciendo para evitar que el costo de vida siga subiendo?…Tanto en Colombia como en otros países de América Latina, los bancos centrales han estado interviniendo las tasas de interés para desestimular el consumo y frenar los precios. En el caso colombiano, las medidas han incluido reducción de los costos de producción, especialmente en el agro y de los aranceles de las importaciones de insumos en el sector de alimentos, al igual que una oferta mucho más amplia de productos como la papa, arroz y lácteos a los usuarios. Adicionalmente, con el Ministerio de Transporte se trabaja en el mejoramiento de la cadena logística, sobre todo, la portuaria, para hacer frente a la crisis presentada.

Aumento de las tasas de interés en Colombia

Luego que la variación interanual rompió la barrera de dos dígitos, colocando la inflación en 10,21% en julio pasado en Colombia por el alza en los alimentos, la Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar a 9.0% las tasas de interés de intervención para detener los precios, lo que según analistas, podría tener efectos en el crecimiento económico del país ante las consecuencias que tendrá la medida, como el encarecimiento del crédito y la reducción en el consumo de bienes y servicios. Y es que desde octubre de 2021, la institución ha elevado sus tasas de interés de manera gradual al pasarlas de 1,75% a 9.0%. Según el Banco, la inflación mundial ha seguido aumentando y ha adquirido mayor persistencia. “Al mismo tiempo, han surgido temores de una recesión global que han generado gran volatilidad en los mercados financieros”.

Noticias del Sector Público Septiembre a Noviembre 2022

Presupuesto general de la nación 2023

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El saliente gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2023, cuyo monto asciende a 391,4 billones de pesos, en el que nuevamente será priorizada la inversión social. Su aprobación se constituye en el primer reto para el presidente entrante, Gustavo Petro, quien buscará ajustarlo a las metas que se ha propuesto para erradicar la desigualdad, combatir el cambio climático y alcanzar una paz completa e integral para el país. El texto presentado a consideración del Legislativo en julio pasado, sugiere $250,6 billones (64%) para gastos de funcionamiento, $78 billones (19,9%) para el pago del servicio de la deuda y $62,8 billones (16%) para inversión. Por sectores, el 89,4% de los recursos que se destinarán para la inversión, se distribuirán de la siguiente manera: inclusión social y reconciliación (25,36%); transporte (15,39%); hacienda (10,94%); educación (8,31%); trabajo (7,36%); minas y energía (6,86%); vivienda, ciudad y territorio (3,71%); defensa y policía (3,21%); planeación (2,34%); agricultura y desarrollo rural (2,10%); tecnologías de la información y las comunicaciones (2,02%) y salud y protección social con un aumento de 1,83%. En la elaboración del documento que fue presentado al Congreso, se tuvo en cuenta que la nueva administración inicia su primer año de gestión para facilitar los ajustes que considere necesarios en el contexto de las prioridades del plan de gobierno con el que ganó en las elecciones presidenciales del 19 de junio pasado. En el proyecto, que ya tuvo algunos reparos por parte de la comisión de empalme, se incluyen recursos importantes para financiar programas sociales, como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción, compensación del IVA, y subsidios para los sectores en condición de pobreza y vulnerabilidad del país. En el caso del Ingreso Solidario, apoyo económico que fue creado por el gobierno del entonces presidente Iván Duque con fin de mitigar los impactos derivados de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del Covid-19 en los hogares colombianos más necesitados, su vigencia llega hasta diciembre próximo, razón por la cual será su sucesor Gustavo Petro el que decida si mantiene el auxilio o lo modifica.

Observaciones al Presupuesto 2023

Al presentar su informe, la comisión de transición del gobierno entrante alertó sobre la des financiación que tendrían algunos programas sociales el próximo año, como el Ingreso Solidario, que busca aliviar la situación de miles de colombianos afectados por la crisis económica y social que desencadenó la pandemia entre 2020 y 2021, como consecuencia del largo confinamiento, que llevó al cierre temporal de empresas y por ende, a un alto desempleo tanto en la zona urbana como rural. “Estos recursos desaparecieron. El gobierno saliente no programó los dineros dentro del Presupuesto General de la Nación” de 2023, dijo Daniel Rojas, integrante del equipo de empalme. Sin embargo, el saliente ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aclaró que existen suficientes recursos para que el subsidio continué, si así lo desea la nueva administración. En ese sentido, aseguró que la financiación de los programas sociales está 100% garantizada. “Los recursos del Ingreso Solidario requieren un sustento legal que tiene que ejecutar el nuevo gobierno”, señaló el exfuncionario, quien explicó que el equipo económico entrante tiene que implementarlos a través del proyecto de ley correspondiente, si se tiene en cuenta que el presidente elegido ha expresado su interés de revisar todos los programas sociales para acoplarlos a sus metas y objetivos. En eso coincidió el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, quien admitió que en el presupuesto del próximo año no aparece el programa del Ingreso Solidario debido a que hace parte de una ley que queda sin vigencia a finales de 2022. “El presupuesto para 2023 no tiene explícito el Ingreso Solidario, porque su base legal es la Ley 2155 de inversión social y termina en diciembre. En el Ministerio de Hacienda quedan ubicados los recursos que financian este programa, el gobierno entrante es el que debe darle vía jurídica”, añadió.

Puntos a destacar del Proyecto del Ley

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  • El presupuesto asignado para el año 2023 (391,4 billones de pesos), es 11,1% superior al de 2022, cuyo monto actual es de 352,4 billones de pesos.
  • El proyecto de Ley incorpora 19,1 billones de pesos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FEPC, según el texto radicado en el Congreso de la República en julio pasado para su aprobación.
  • Con el Presupuesto General de la Nación (PNG) presentado por el saliente gobierno, se busca la reducción de las necesidades de financiamiento de deuda pública a 6,7% del Producto Interno Bruto, PIB en 2023, cuando normalmente son del 8,2%.
  • Las transferencias para el Sistema General de Participaciones, SGP, ascenderán a $54,9 billones, un monto superior en 10,8% al previsto para el proyecto del 2022.
  • El pago de las mesadas pensionales pasará de $50,7 billones en 2022 a $56,0 billones en 2023, 10,3% más, mientras que el aseguramiento en salud de $26,9 billones a $32,7 billones, es decir, un 21,6% más.
  • Se busca con el nuevo presupuesto que el país suramericano alcance nuevamente un superávit fiscal primario de 0,1% del PIB en 2023.
  • Uno de los propósitos del proyecto de Ley presupuestal es reducir las presiones inflacionarias sin afectar la actividad productiva del país.
  • Para los gastos de funcionamiento, que equivalen al 64% del total propuesto en el proyecto de ley, el aumento en 2023 sería del 18%.
  • La inversión para el próximo año tendría una reducción, ya que pasaría de $69,6 billones que tenía asignado en el presupuesto de 2022 a $62,8 billones en 2023.
  • La suma de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y el aseguramiento en salud, $143,6 billones, explican más de la mitad del total de los gastos de funcionamiento.
  • Los objetivos y las metas del Presupuesto General de la Nación del 2023 se centran en mantener programas esenciales de inversión social y competitividad económica sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Reformas a impuestos y salud a socialización

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Uno de los primeros pasos que dio el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue radicar la reforma tributaria con la que espera garantizar los recursos para atender las necesidades de los sectores más pobres del país y cerrar brechas sociales, sobre todo en la zona rural, para acabar con la desigualdad. El proyecto, que será socializado, gira sobre tres ejes fundamentales, el aumento del recaudo, la simplificación del sistema tributario y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. “La reforma tributaria propuesta se construye sobre los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, y tiene como propósito saldar parte de la deuda social histórica del Estado con la población colombiana”, señala el texto de la ley presentada al Legislativo por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En esa línea, el nuevo gobierno se propone aumentar el recaudo en un 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2023, sin afectar a los colombianos de menores ingresos. Los recursos adicionales vendrán de las personas más ricas de Colombia que, según el funcionario, no contribuyen lo suficiente a la redistribución de la riqueza. También del impuesto al ingreso laboral, que se incrementará para quienes ganan más de 10 millones de pesos al mes. Inicialmente se propuso elevar el gravamen a bebidas azucaradas, alimentos ultra procesados y plásticos de un solo uso, punto que el gobierno está dispuesto a revisar, siempre y cuando las alternativas que presenten los empresarios y congresistas no alteren el monto inicial de lo que se espera recaudar (25 billones de pesos anuales). El subsidio a la gasolina será modificado en zonas de frontera, de acuerdo con la reforma. El aumento del recaudo no solo vendrá de nuevos impuestos, sino también por la eliminación de las exenciones, sobre todo de los que más tienen.

Puntos clave de la reforma

Limita beneficios tributarios para las personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales, que representan el 2% de la población.

  • Se unificarán todas las rentas, por lo que el contribuyente pagará de la misma forma por ganancias ocasionales y dividendos como hoy en día lo hace por ingresos laborales.
  • Las personas con patrimonios superiores a los $3.000 millones pagarán una tasa que arranca en 0,5%. Las que tengan patrimonios por encima de los $5.000 millones pagarán el uno por ciento. Noticias del Sector Público 7 Noticias del Sector Público 8 Reformas a impuestos y salud a socialización.
  • Se disminuirán las exenciones de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas y se cerrarán caminos para la evasión. “Combatir esto es muy importante, los distintos estudios dicen que puede ser entre 50 y 80 billones de pesos, esto está asociado a unas reformas en la DIAN para tratar de capturar los ingresos de todos los que están evadiendo”, dijo Ocampo.
  • Aunque el proyecto no contempla un aumento a los impuestos que paga el aparato productivo nacional, si limitará los beneficios tributarios. “Vamos a limitar varios beneficios tributarios, la tasa de tributación se conserva igual en el 35% y 38%, y adicionalmente vamos a mejorar el principio de tributación para tener muchas más empresas”.
  • Se permitirá redistribuir los beneficios que generan los altos precios del petróleo, el carbón y el oro, para lo cual se crea un impuesto a la exportación de estos productos equivalente al 10% del exceso sobre un precio base.
  • No se permitirá la deducción de regalías del Impuesto Sobre la Renta, porque las regalías son pagos que hacen las empresas por la explotación de una propiedad de la Nación.
  • Se propone la eliminación de los tres días sin IVA y se plantea la necesidad de cobrar este tributo cuando ingresen al territorio nacional bienes, cuyo valor este por debajo de los US$200 y provengan de países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio vigentes.
  • No habrá IVA para la canasta familiar y las pensiones de más de $10 millones de pesos serán gravadas, de acuerdo con el texto inicial del nuevo gobierno.
  • La reforma grava además la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez.

Bases de la reforma  la salud

Al igual que la reforma tributaria, los ajustes al sistema de salud serán sometidos a un proceso de socialización para alcanzar consensos. La ministra designada para esa cartera, Carolina Corcho, se propone inicialmente presentar un proyecto al Congreso de la República que incluiría eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que actúan como puente entre clínicas, hospitales y pacientes. “Las EPS están en déficit y muchas están quebradas. En este momento, según las cifras oficiales, por lo menos 14 de estas empresas están en incumplimiento financiero. Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. Además de las deudas impagables con clínicas y hospitales. No hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma”, dijo la funcionaria en una entrevista publicada por El País en su página web. Ante la recomendación de la ministra, el Régimen subsidiado propone mejorarlas y no eliminarlas, para lo cual ha expresado su disposición al diálogo. Por lo pronto la funcionaria ha dejado claro que la intención del nuevo gobierno es recuperar los recursos para poder garantizar a los colombianos, sin excepción, un buen servicio. La ministra descarta que el sector privado vaya a salir del sistema de salud colombiano, como lo han insinuado algunos sectores. En ese sentido, anunció que las clínicas privadas seguirán funcionando, mientras que los hospitales públicos serán fortalecidos. Según Carolina Corcho, en la agenda del nuevo gobierno la salud mental será una prioridad y las medidas que se tomen para atenderla, serán llevadas a las regiones, como parte de la descentralización que prometió el Presidente Gustavo Petro.

Reforma será presentada en 2023

Aunque la reforma a la salud, cuya implementación tendrá un proceso transicional de dos años, es uno de los proyectos bandera de la nueva administración, no será presentada en 2022 al Congreso, entre otras cosas, porque según la ministra, se necesita estabilizar la situación económica de las EPS para después proceder a los ajustes en todo el sistema con el fin de asegurar el derecho a la salud de la población, sobre todo, la que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. “Con el presidente planteamos que hay que revisar la intermediación financiera y administrativa a la luz de otros sistemas de salud en el mundo, y sí es necesario ese intermediario”, sostuvo la funcionaria, quien se propone además robustecer el sistema de información de tal manera que tenga la capacidad de censar al enfermo y al aliviado. En su concepto, todas las cuentas del sistema deben ser públicas para mayor transparencia. Finalmente, la ministra considera que se necesita una salud predictiva, con datos de tamizaje que permitan predecir, con apoyo de la ciencia, eventuales enfermedades o hacer intervenciones de política pública inteligentes. Para Carolina Corcho, defender los derechos de los trabajadores del sector, será uno de sus propósitos. La idea es formalizarlos y dignificarlos.

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BOLETÍN ECONÓMICO – BANCO DE OCCIDENTE AG 31 DE 2022