La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos. Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada “economía popular” en la capital.
El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, enfatizó que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público. “Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, el uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgos para la comunidad”, aseguró.
El dirigente gremial hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios venta ambulante.
GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”
Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.
GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”
Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.
En Bogotá 10.331 puestos de comida en el espacio público emplean GLP
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el “motor” de su economía familiar. Martínez destaca que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que con la prohibición de la alcaldía van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes de comidas generando un aumento en enfermedades respiratoria y visuales, aumentando los costos que deberá asumir el SISBEN y afectando gravemente las vidas de estas personas vulnerables.
GASNOVA también argumenta que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles. Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan entre edificios públicos y privados, los carritos de crepes en Paris y para no ir tan lejos, casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte de su turismo gastronómico. Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades.
GASNOVA dispuesto a trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá
Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana, similar a la de otras ciudades del mundo.
El dirigente gremial concluye que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta el turismo gastronómico y ofrece opciones de alimentación asequibles a millones de bogotanos. Prohibir su uso es inviable, discrimina y deja sin opciones a miles de personas que han encontrado en esta actividad su única fuente de ingresos.