Una lucrativa red de tráfico de coltán, mineral estratégico para la industria tecnológica y aeroespacial, está enriqueciendo a grupos armados en la Orinoquía colombiana. Según inteligencia militar, el ELN y la Segunda Marquetalia extraen ilegalmente alrededor de 200 toneladas mensuales, con un valor estimado de 130 millones de dólares en el mercado internacional.
El mineral, desatendido históricamente por el Estado, se ha convertido en una fuente de financiación para el terrorismo, mientras las comunidades indígenas son explotadas en condiciones precarias.
En enero de 2025, en un campamento clandestino en Apure (Venezuela), líderes de la Segunda Marquetalia y el ELN sellaron un pacto para controlar la extracción y comercialización del coltán. Entre los asistentes estuvieron “Jhon 40”, cabecilla del frente Acacio Medina, y “Pedro Pablo” o “Copete”, jefe del frente José Daniel Pérez del ELN.
El coltán se extrae de manera artesanal en Guainía, Vichada y Vaupés, regiones abandonadas por el Estado. Los indígenas, obligados a trabajar bajo amenazas, reciben apenas $30.000 por kilo, mientras en el mercado negro el precio se multiplica.
El procedimiento es rudimentario: se humedece el suelo, se excavan pozos de tres metros y se extrae el mineral en masa lodosa. Sin embargo, la actividad está devastando bosques y contaminando ríos, sin beneficio real para las comunidades.
El mineral viaja por tres vías principales:
A pesar de los golpes, el negocio sigue activo. La Policía y Homeland Security Investigations (EE.UU.) rastrean a los compradores internacionales, mientras los grupos armados convierten el coltán en armas para seguir sembrando terror.
Mientras tanto, la Orinoquía sigue sangrando: su tierra saqueada, su gente esclavizada y su futuro hipotecado por la codicia de la guerra.