José Daniel López

José Daniel López Representante a la Cámara por Bogotá D.C., Cambio Radical   Colombia cuenta con una población de adultos mayores cercana a los seis millones de personas, de las cuales el 70% no alcanzaron a una pensión. De acuerdo con estimaciones oficiales, el tamaño de esta población seguirá en aumento y para el año 2020 se espera un crecimiento del 3.76%. Serán un total de 6.440.778 personas de la tercera edad viviendo en el país, y más de cuatro millones y medio que no tendrán una pensión. En los últimos años, la tasa de crecimiento de los adultos mayores ha sido superior a la de los infantes, adolescentes y adultos. El país atraviesa un fenómeno de envejecimiento de la población, en el que dos millones y medio de colombianos mayores de 64 años trabajan en la informalidad y, teniendo en cuenta el más reciente Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, por lo menos tres millones doscientos mil reciben ingresos menores a los de un salario mínimo legal vigente. De conformidad con los artículos 13 y 46 de la Constitución Política, los adultos mayores cuentan con una protección especial, fundamentada en las condiciones físicas, económicas y sociológicas específicas de esta población. Con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez del 2007, la Ley 1251 de 2008 y la Ley 1850 de 2017, los recursos institucionales para los adultos mayores son dirigidos a la garantía de los derechos relacionados con la salud y al suministro de subsidios orientados a la subsistencia. Acciones que, si bien han protegido a una parte de la población, son cada vez más insuficientes. Según Medicina Legal, en el año 2017 se presentó un incremento del 17,60% en los casos de violencia contra el adulto mayor, que revela una correlación entre la dependencia económica de los adultos mayores y la violencia presentada, en tanto la mayoría de agresiones provinieron de hijos por disputas de dinero. “hemos radicado un proyecto que busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de pensión” Adicionalmente, en el mismo año, los adultos mayores aportaron un 14% de los suicidios del país. De acuerdo con Medicina Legal, la tasa de suicidio por cien mil habitantes para personas mayores de 80 años en el 2017 fue la más alta, con un 17.45, seguida de un 16.55 para personas entre los 75 y 79 años. Los casos reportados entre enero y mayo de 2018 (155) representan un incremento del 87% frente a los registrados en el mismo periodo del 2014 (83). Por ello, hemos radicado un proyecto que busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de pensión, a través de la creación de incentivos tributarios y parafiscales para aquellas empresas que los contraten.   La Ley del Empleo para el Adulto Mayor Mediante la modificación del artículo 6 de la Ley 1251 de 2008, se promoverá el trabajo de adultos mayores no pensionados. Las empresas que se acojan a esta Ley obtendrán un descuento del 30% en la renovación de la matricula mercantil y del 10% en los aportes a cajas de compensación familiar, para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; siempre y cuando un 5% de la nómina esté integrada por adultos mayores no pensionados, mediante un contrato de trabajo con todas las formalidades y garantías. Cada una de las empresas contratantes podrá dedicar a los adultos mayores no pensionados a actividades de, por lo menos, medio tiempo, enmarcadas en los roles y oficios que el Ministerio del Trabajo, en consulta con el Consejo Nacional del Adulto Mayor, reglamente en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la expedición de la Ley. El Ministerio del Trabajo, en los mismos seis meses, también tendrá que definir estrategias para la promoción del empleo de adultos mayores en el sector público, los derechos y obligaciones especiales de las empresas empleadoras que se acojan a esta Ley, y el procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos por parte de las empresas empleadoras.