despojo forzoso

“El éxito de la gestión de la URT puede deberse al cambio de indicadores y metas, así como al aumento en la negación de solicitudes de restitución de tierras”: CCJ. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) recordó que este jueves culmina el periodo fijado por el decreto 1167, para la presentación de solicitudes por parte de las víctimas de despojo ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).  Advirtió que en repetidas oportunidades la resolución, expedida el 11 de julio de 2018, determinó un período de tres meses exactos para las víctimas que pretendían ser incluidas en el registro. El pasado 10 de septiembre, la CCJ demandó ante el Consejo de Estado dicho decreto con el argumento de que fijar una fecha límite de presentación de solicitudes es violación a la ley de Víctimas que da plazo hasta el 2021 para aplicar la Ley de Restitución de Tierras. “El Gobierno nacional debe derogar el decreto 1167 de 2018 porque afecta gravemente los derechos de las víctimas del despojo e impide su goce y disfrute”, escribió la CCJ en su cuenta de twitter. Y aseguró que se necesita de por lo menos tres años para la culminación del proceso, ya que hasta el momento este no ha sido exitoso. “Las víctimas que han sido despojadas son en su mayoría campesinos, población afrodescendiente, indígenas, población vulnerable que no tiene acceso a información, algunos son analfabetas o no hablan español como en el caso de comunidades indígenas y carecen de asesoría legal y no pueden acceder a las grandes ciudades y esto agrava la situación de acceso a la justicia”, dijo Jennifer Mujica subdirectora de la CCJ. Según un informe presentado por la comisión, durante el foro XIV Clínica sobre Restitución de Tierras, 40 mil solicitudes de reclamantes de tierras han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos estipulados. Esto significa que “las metas que superan el 100% de cumplimiento de la operación de la URT se fundamentan en un cambio de indicadores y en una alta negación de las solicitudes a las víctimas que se presentaron ante la entidad”, agregó. Por su parte Danny Usma, funcionario de la Unidad de Restitución explicó en su momento que se ha logrado responder el 99 por ciento de los pedidos y que la intensidad en las reclamaciones ha bajado considerablemente en el último año. Usma aclaró que las peticiones rechazadas obedecen a los filtros para definir quiénes tienen derecho sobre las tierras. “No todo el que reclama finalmente tiene derecho a la restitución de tierras, las condiciones jurídicas, su relación jurídica con el presionar o las fechas del hecho victimizante, hacen parte de las evaluaciones para determinar si las condiciones se cumplen”, explicó.