junio 16, 2024
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Clara Rojas

Baños públicos, una necesidad urgente

Clara Rojas González Representante a la Cámara, Partido Liberal El Concejo de Bogotá infortunadamente hundió un Proyecto de Acuerdo 211 de 2017 que, en mi concepto, es necesario y se debe presentar nuevamente. Se trata de una iniciativa que buscaba la construcción e instalación de baños públicos gratuitos, publicitarios y autosostenibles en el espacio público de la capital del país. Con cuatro votos a favor y siete en contra, la Comisión de Plan archivó la iniciativa, entre otras razones, por considerar que existían falencias jurídicas, financieras y de ocupación del espacio público que hacen inviable la puesta en marcha del proyecto, acogiendo los argumentos esgrimidos por varias entidades de la Administración Distrital. Según Planeación Distrital, Bogotá tiene 163 baños públicos, es decir, dos baños por cada 160.000 habitantes, pero incluye los 11 ubicados en Transmilenio, 6 en Cades y SuperCades, 60 de la infraestructura del IDRD, 32 administrados por el IPES y 4 por el IDIPRON, que no solo son insuficientes para atender la demanda de la ciudadanía, sino que debe llamar la atención sobre la necesidad de construir más en varios puntos de la capital. El autor del Proyecto de Acuerdo Concejal Jorge Torres, por su parte, contradice las cifras del Distrito y advierte que el número de baños públicos asciende a 113, es decir, 1 por cada 50 mil habitantes otros cabildantes señalan que la cifra podría ascender a un año por cada 75 mil habitantes. En Suba hay 1 baño por cada 178.000 habitantes; en Bosa 1 por cada 141.000 y en el centro donde la población flotante asciende a 1.700.000 ciudadanos hay 19 baños públicos, es decir, 1 por cada 89.473 personas.  “El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos…” A la discusión sobre la cifra real se suma la afirmación del Alcalde Mayor según la cual se deben sumar los que están ubicados en locales y centros comerciales que suman 32.660, lo que equivale a decir, según el gobierno Distrital a un baño por cada 33 habitantes sobre un potencial de usuarios de un millón de personas. El Código de Policía en el Artículo 88 señala que esos establecimientos podrían ser objeto de multas hasta de 104.166 pasos en caso de no prestar ese servicio.  “Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia la imposición de una Multa General Tipo 1 o suspensión temporal de actividad” Muchos locales han establecido tarifas entre los 500 y los 2.000 pesos con papel higiénico incluido por el servicio de baño pero la mayoría prefiere no prestarlo por razones de seguridad ya que se roban las tapas de los sanitarios, las llaves del lavamanos y hasta las cisternas. Además  se abstienen de hacerlo argumentando motivos de salud. Creemos que es importante brindar alternativas a los ciudadanos, porque aunque se ha anunciado que a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), se estudia la construcción de baños públicos, la Administración Distrital cuestionó la falta de espacio público y de recursos para construir este tipo de infraestructura teniendo en cuenta que de acuerdo con los estudios el costo de un baño para que esté medianamente atendido es entre 6 y 7 millones de pesos mensuales, sin contar con el pago del agua, luz y demás. Más allá de la controversia, creemos que es importante que se adelante un programa de construcción de baterías sanitarias porque la ciudad lo requiere. Se debe acatar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó dar cumplimiento a un proyecto de Acuerdo aprobado en 2006. Debido al incumplimiento del fallo de 2011, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial le impuso a la Alcaldía una multa equivalente a 30 SMLV unos  23 millones 437 mil 260 pesos. Pero además hay un elemento fundamental en esta discusión sobre las necesidad de construir baños públicos en la ciudad y está relacionado con lo previsto en el Artículo 140 del Código Policía en su numeral 11 que prevé que es objeto de una multa tipo 4 lo que significa unos 833 mil 324  pesos a las personas por “realizar necesidades fisiológicas en el espacio público”. El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos porque se trata de garantizarle a los ciudadanos unos espacios en condiciones dignas para estos casos, ya que hoy solo se hacen  obligatorios en los establecimientos comerciales solo para un sector de la población como lo mencionamos anteriormente.  

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Más transparencia en los recursos del posconflicto

Clara Rojas González Representante a la Cámara, Partido Liberal Un eje fundamental del fortalecimiento de la paz en Colombia está relacionado con la atención integral a las víctimas y a la ejecución de planes de inversión en las zonas afectadas por la violencia que padeció el país durante más de 50 años. Y es importante porque se trata de resarcir no solo a las más de 8 millones 666 mil 577 personas sujetas de asistencia y reparación, de acuerdo con las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas, sino también a las diferentes regiones que necesitan obras de infraestructura y atención para su recuperación socio-económica. La ley 1448 de 2011 estableció que se consideran  víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 en hechos ocurridos  con ocasión del conflicto armado interno. La norma prevé que las víctimas tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Para lograr la financiación del programa se creó un Fondo Especial por más de 7.9 billones de pesos en 2011. A pesar de los esfuerzos presupuestales, solo el 7% de las víctimas han sido indemnizadas según un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley. Eso quiere decir que el Estado ha invertido más de $3,1 billones para indemnizar a 503.716 víctimas. Adicionalmente, advirtió que ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva han terminado. Es necesario que el Estado le cumpla a las víctimas que son el eje central de la finalización del conflicto armado, así como la garantía de reparación y no repetición a la que está obligado el grupo armado causante de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Pero, si la reparación a las víctimas necesita más eficiencia, preocupan las recientes denuncias por presuntos malos manejos de los recursos para el posconflicto, dineros que provienen no solo del Presupuesto General de la Nación sino de la cooperación internacional. Son recursos destinados para la atención de las comunidades afectadas por el conflicto. Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en las investigaciones para aclarar lo que está sucediendo con estos recursos. El Gobierno Nacional debe seguir dando las explicaciones sobre el manejo de los mismos de manera detallada y por esa razón en el debate de control político que se realizó el pasado 2 de mayo en la Comisión Primera de la República solicité que el ministro de Posconflicto entregue las explicaciones del caso en una sesión posterior, debido a que no pudo asistir por razones de salud. Se trata de un tema delicado ya que se trata del manejo de millonarios recursos.  A la fecha al presupuesto autónomo del Fondo Colombia en Paz se han asignado 875 mil 671 millones de pesos.  Para funcionamiento 17 mil 935 millones de pesos. A las subcuentas misionales que administra el fondo en conjunto con las demás entidades designadas por el Gobierno Nacional se han asignado otros 857 mil 763 pesos.  Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en las investigaciones para aclarar lo que está sucediendo con estos recursos. Un informe de la Contraloría General de la República entregado al Congreso de la República durante el 2017 se asociaron 89 proyectos al acuerdo de paz por un valor de un billón 18 mil millones de pesos. La ejecución presupuestal es de 67 % al 31 de diciembre. El Fondo Colombia en Paz, recibió $875.671 millones, de los cuales se comprometieron $727.046 millones al 13 de abril de 2018; el Fondo Multidonante recibió US$89 millones, de los cuales se han ejecutado US$67,2 millones, a través de 69 proyectos;  el Fondo Unión Europea recibió $94 millones de euros y se han ejecutado $56 millones de euros y en el Fondo Colombia Sostenible se recibieron US$210 millones, lo cuales no se han ejecutado a la fecha. Entre los proyectos ejecutados, está el de apoyo a la implementación de la JEP por US$4,7 millones, de los cuales se han ejecutado US$4,3 millones, del total de estos recursos 46 % se destinó a contratación de personas individuales y 37 % a firmas consultoras (US$1,6 millones). Durante el debate en la Comisión Primera sobre el manejo de estos recursos, me impactó positivamente la intervención del Fiscal General de la Nación porque reveló detalles de estas investigaciones en las que se encontrarían involucrados alcaldes y otros funcionarios locales en estos hechos. Esperamos que avancen las investigaciones y las capturas porque, según dijo el Fiscal, informó al Gobierno lo que estaba pasando. Por eso, es necesario que el gobierno de las explicaciones en detalle de cómo se han venido manejado esos recursos del caso, ya que se nos presentaron unos cuadros con el 86% de inversión pero es una información muy generalizada y existen denuncias que esos recursos no han llegado a las regiones. Pedimos que haya transparencia y una permanente vigilancia de los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Las acusaciones son graves. No podemos taparnos los ojos ante esta realidad, por eso se deben asumir las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.  Pero también debemos mirar hacia el futuro de manera que los recursos se inviertan realmente en el posconflicto. Esta crisis debe ser una oportunidad para enderezar el rumbo, que sean castigados los responsables y que los recursos lleguen a las comunidades que las necesitan porque son ellas las principales afectadas por los 50 años de conflicto y que derivaron en un atraso en obras de infraestructura como vías, colegios y escuelas, vivienda, salud y educación.  

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