El Congreso Internacional de Seguridad Privada, desarrollado en Bogotá el pasado 29 de noviembre con más de 450 asistentes, logró de manera exitosa generar un espacio de diálogo abierto que integró ideas que proyectarán al gremio de la seguridad hacia una sostenibilidad en el mercado nacional y latinoamericano, fortaleciendo los vínculos intergremiales y estatales de la región, además de brindar un soporte robusto a las naciones y sus instituciones para incentivar ambientes propicios que lleven al desarrollo económico de Latinoamérica.
El Congreso Internacional de Seguridad Privada, desarrollado en Bogotá el pasado 29 de noviembre con más de 450 asistentes, logró de manera exitosa generar un espacio de diálogo abierto que integró ideas que proyectarán al gremio de la seguridad hacia una sostenibilidad en el mercado nacional y latinoamericano, fortaleciendo los vínculos intergremiales y estatales de la región, además de brindar un soporte robusto a las naciones y sus instituciones para incentivar ambientes propicios que lleven al desarrollo económico de Latinoamérica.
Seguridad privada, clave en posconflicto
Se identificó lo necesaria que es la participación del gremio en los comités de seguridad de las ciudades, donde su contribución debe ser tanto a nivel de consultoría como de presencia operativa y aún más en aporte tecnológico al monitoreo y seguimiento. En virtud de la última jurisprudencia de la corte, los espectáculos públicos deben ser vigilados por la seguridad privada. Este es un escenario muy grande que se abre a los empresarios para proteger a los usuarios y clientes de dicho servicio, ampliando así las fronteras del mercado de la seguridad en Colombia.
El segundo panel incluyó la participación de un brasilero, Paulo Gregoire, experto en cárceles de Latinoamérica, y del viceministro de política criminal y justicia restaurativa, Juan Francisco Espinosa, los cuales intercambiaron experiencias que abrieron las posibilidades a corto plazo de la migración del modelo actual de gestión de prisiones hacia un modelo mixto público-privado para vigilancia y administración, que llevará a mejores condiciones para los presos, garantías para el Estado en cumplimiento de derechos humanos, auto sostenibilidad de las cárceles a mediano plazo, reducciones inmediatas de costos promedio mensuales de mantenimiento por interno y, lo más importante, la reducción de los índices de reincidencia y mejores números en la resocialización.
El viceministro Juan Francisco Espinosa manifestó que el Gobierno ve con buenos ojos estas soluciones para el sistema carcelario y espera un planteamiento del sector de la seguridad, priorizando los conceptos de eficiencia y eficacia, así como los de rentabilidad para el Estado Colombiano. En palabras del señor superintendente Fernando Martínez, se abre este espacio para el gremio de la seguridad privada, ampliando este espectro para las empresas de vigilancia. La participación de la Cámara de Comercio de Bogotá con su vicepresidente de competitividad y valor compartido, Marco Llinas, planteó la importancia del desarrollo de un clúster de seguridad privada, bajo la metodología que ha sido exitosa para otros gremios. Esta iniciativa llevará al crecimiento del sector y la integración de todas las empresas de los diferentes ramos que brindan servicios de seguridad en el país; la cual fue bien recibida por CONFEVIP y por los empresarios de la seguridad.
Competencias
El tercer panel, que reunió a Fernando Martínez Bravo, superintendente de Vigilancia; a Juan Pablo Herrera, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, y a Gabriel Ibarra, presidente de la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia, fue muy importante, ya que dio las herramientas jurídicas para que los empresarios puedan contrarrestar la feroz competencia ilegal en el mercado de la seguridad y vigilancia privada dentro del marco de la legalidad y la equidad de oportunidades.
Una de las conclusiones más importantes de este panel, moderado por el señor Hernán Sanín, exviceministro de Defensa, y el exsuperintendente de Vigilancia, es que cualquier empresa puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio o a cualquier juez de la nación para exigir sus derechos, y los que hayan sido vulnerados por otros competidores por prácticas restrictivas ilegales, abuso de posición dominante y precios depredatorios.
El doctor Gonzalo Muñoz, viceministro de Defensa, reiteró todo el apoyo del Gobierno al sector, y el Presidente Iván Duque reconoció la necesidad de profundizar el diálogo y el consenso en la solución de las necesidades, problemas y propuestas realizadas por el sector de la seguridad privada, en cabeza de su líder, el doctor Miguel Ángel Díaz.