Después del 6 de septiembre, fecha en la que se vencía el plazo para que la JEP aceptara o no las solicitudes de terceros civiles para que pudieran integrarse al programa, 657 peticiones fueron recibidas para su evaluación y análisis.
Según Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, se recibieron más de 500 solicitudes de terceros civiles para que el programa los aceptara y así acceder a sus beneficios. Entre ellos se encuentran empresarios, políticos y ex-paramilitares.
De acuerdo con Linares, exactamente 657 solicitudes fueron recibidas; 540 solicitadas por personas civiles (empresarios, políticos o particulares) y 117 por agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será la encargada de analizar y evaluar cada uno de los casos para ver si cumplen con las condiciones necesarias. Es decir, se encargará de determinar e investigar si estas personas cometieron delitos relacionados con el conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016 que fue cuando finalmente se firmó el Acuerdo de Paz.
Según la presidente de la jurisdicción especial, 513 solicitudes ya fueron distribuidas y las otras 144 están en proceso de reparto. “Hay que evitar que personas que no tienen el derecho o la posibilidad de entrar a la jurisdicción intenten hacerlo”, afirmó Linares.
Las personas civiles tendrán que contar, por su parte, con la confirmación y el permiso de la autoridad que está adelantando su caso, puesto que dentro de las solicitudes de ingreso existen 27 ex-integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que decidieron unirse voluntariamente al programa de Justicia y Paz.
Para que estas personas sean acogidas por la JEP tendrán que comprometerse a presentar un plan inicial de verdad, reparación y no repetición, que evaluarán en conjunto la JEP y la Procuraduría, explicó Linares.