El Congreso Nacional de Municipios, que reunió a más de mil alcaldes del país en la ciudad de Cartagena para buscar soluciones a los problemas que afrontan las regiones, a los que se suma ahora la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, dejó varios compromisos y reflexiones, como la necesidad de liberar recursos para dinamizar los planes de desarrollo, la urgencia de acabar con la Ley de Garantías que limita a los funcionarios públicos en materia de contratación, y la posibilidad de ampliar el período electoral de los mandatarios locales o unificarlo con los demás para acoplar las agendas, reducir costos al Estado y mejorar la gobernabilidad.
Para el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez es claro que se requiere de una verdadera ejecución de obras y proyectos, que en gran parte de los municipios no se ha podido hacer por las dificultades que les genera la Ley de Garantías ante la prohibición que tienen los funcionarios de celebrar convenios interadministrativos cuatro meses antes de un proceso electoral. De eso es consciente el mandatario, quien no dudó en ofrecerles a los alcaldes su apoyo para acabar de tajo con la norma. “Necesitamos que los recursos se agilicen, porque no puede ser que un municipio tenga que enfrentar tantos meses, la parálisis para ejecutar recursos”, dijo el Jefe de Estado en su intervención. Y es que tanto para el Presidente como para los gobernantes locales, no tiene caso mantenerla vigente debido a que ya no existe la reelección presidencial en Colombia, figura que le dio origen en su momento a dicha Ley para garantizar condiciones igualitarias y transparentes a los candidatos en contienda. “Yo creo que ya ha llegado el momento, con la madurez institucional del país, de que ante la ausencia de reelección podamos eliminar muchas de las restricciones que contempla esa norma”, afirmó Duque Márquez en el evento. En esa misma línea se pronunció el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gilberto Toro, quien pidió al Congreso de la República ayudar en ese propósito lo antes posible para dinamizar y agilizar el desarrollo económico y social de las regiones. “Es una Ley absurda que debe acabarse para que no siga trabando la posibilidad de gobernar plenamente los municipios y departamentos”.
Unificación de períodos electorales
Aunque es un debate que tendrá que darse en el Legislativo, desde ya los alcaldes, congresistas y analistas se han anticipado a dar sus opiniones a favor o en contra de unificar los períodos electorales para articular los diferentes programas de gobierno que se ponen en marcha en las regiones. Por ejemplo, el presidente del Senado, Lidio García, cree que la propuesta es beneficiosa para el país porque no solo permitirá trabajar de manera coordinada los planes de desarrollo nacional y locales, sino que se ahorrarán recursos que el Estado gasta en la realización de elecciones en diferentes jornadas. “Es una idea que ha tenido varios intentos en el Congreso de la República. Sería importantísimo que podamos unificar los períodos para que todo empiece desde cero y se pueda trabajar mancomunadamente y de forma mucho más activa”, sostuvo el senador liberal en el encuentro de alcaldes celebrado en Cartagena a finales de febrero pasado. García cuestionó el hecho de que los alcaldes y los gobernadores comiencen su trabajo cuando el Presidente ya lleva más de un año y medio en el ejercicio. “Realmente hay tropiezos en los inicios. Se pierde casi un año, así como muchos recursos en tantas elecciones.
Vivimos de elección en elección y tenemos que ahorrar ese gasto y hacer más inversión social”. El legislador fue mucho más allá al afirmar que esa sería una alternativa para que el Estado funcionara mejor ya que no habría prohibiciones tan seguidas en la contratación como las que existen hoy en día en la Ley de Garantías para las épocas electorales. “Los gobernadores no pueden hacer inversión ni trabajar ningún tipo de tema porque tienen restricciones para contratar a su equipo de trabajo, porque las elecciones no lo permiten. Ya está bueno”, dijo. La propuesta de unificación de períodos se discutió en octubre de 2018 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y sugería que el período de los entonces mandatarios locales se extendiera a 2022, es decir, que no se hicieran los comicios de 2019 para que estos estuvieran en el poder hasta que se hiciera la próxima elección presidencial. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
¿Qué piensan los alcaldes?
Otras reacciones
¿Qué piensan los alcaldes?
Cuando se creía que nada pasaría, el director Ejecutivo de la FCM, Gilberto Toro, planteó de nuevo la propuesta de unificar los períodos de los alcaldes y gobernadores con el del Presidente de la República en el Congreso Nacional de Municipios celebrado en Cartagena, aprovechando el apoyo que le dieron importantes congresistas a la iniciativa. La idea, según explicó Toro, es insistir en su trámite en el Legislativo para que haya una real transformación en el funcionamiento del Estado colombiano. “Debemos reconocer que tenemos un período insuficiente para que tanto alcaldes, gobernadores y presidentes cumplan con un programa de gobierno o un plan de desarrollo serio”. De lograrse el respaldo de los partidos políticos, sería necesario ampliar el mandato de los gobernantes locales actuales para ajustarlo a las elecciones presidenciales y legislativas. Toro coincide con el senador Lidio García en que la propuesta mejoraría la gobernabilidad, garantizaría el cumplimiento de los planes de desarrollo y le significaría un buen ahorro al Estado, que no tendría que invertir más recursos en la realización de elecciones en diferentes fechas. “Los períodos deben ser más amplios (seis años), ya que no se ha logrado lo de la reelección (de alcaldes), que sería lo ideal. Que el período sea para todos los servidores públicos igual”.
Otras reacciones
Aun cuando aclara que no es la posición del Gobierno Nacional, porque es un tema que no es de su resorte, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez considera que se deben racionalizar todos los períodos electorales en Colombia. La funcionaria está de acuerdo con que tantas elecciones le generan costos muy altos a las arcas del Estado. “Estar en campañas políticas permanentemente genera una gran cantidad de costos que se podrían reducir si hacemos un esfuerzo acá por tratar de concentrar mejor los períodos de elección en Colombia”, declaró Ramírez a la prensa. Sin embargo, cree que esa es una propuesta que el Gobierno tiene que evaluar con los partidos políticos. Pero no todos aplauden la iniciativa. La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, opina, por ejemplo, que con su aprobación se afectaría el debate regional. “La decisión de separarlos es para que se pueda hacer ese debate local que no esté truncado con los debates nacionales que se hacen para Presidente de la República. Perder la posibilidad de que los departamentos hablen de sus problemas y debatan los temas que realmente les interesa en un proceso electoral, es perder la posibilidad de que el ciudadano esté bien informado”. Algunos analistas políticos como César Caballero, piensan que hacer unas elecciones unificadas, llevaría a un detrimento de la democracia. “Esta es una propuesta que vuelve a empoderar a las estructuras políticas para que en un solo momento histórico se elija en un solo día a todos los gobernantes. Uno de los avances que ha tenido la democracia colombiana es la alternancia en el poder”, la cual se ha conseguido “gracias a que se eligen en dos momentos distintos”.
Del Congreso de Municipios se desprende un clamor generalizado de los alcaldes para que la administración central apoye los proyectos y programas que comenzarán a ejecutarse en todas las regiones. El pinponeo interagencial, -como lo llamaron los mandatarios-, entre lo local y el Gobierno Nacional, ha demorado la aprobación de los recursos que necesitan los territorios. Ante las dificultades de los gobernantes de llegar a Bogotá a tocar puertas de oficina en oficina para conseguir el aval requerido, el Presidente reiteró el compromiso de acabar de raíz con el peregrinaje burocrático, porque según dijo, se necesita que la relación con los entes territoriales se base “en la interpretación de las necesidades y la capacidad de resolverlas de manera sostenible”. Es por ello que se hizo un cambio importante al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), para que los municipios, sobre todo los de mayor debilidad institucional, tengan ayuda en la estructuración de los proyectos y se acabe con la travesía que tienen que vivir los mandatarios locales al momento de gestionarlos. El propósito es que puedan ser aprobados de manera rápida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que se tengan esquemas bien sustentados para la liberación de recursos. A lo largo de los últimos años, los alcaldes y gobernadores han reclamado mayor autonomía presupuestal y descentralización, para dinamizar sus programas de gobierno. “El objetivo es trabajar con ustedes para ir resolviendo y mirando al futuro con verdaderas convicciones de desarrollo, nivelando recursos, buscando unir distintas fuentes y resolviendo necesidades”, señaló el Jefe de Estado. La gran apuesta de la administración central es recuperar las vías terciarias y avanzar en la construcción de corredores estratégicos para mejorar la competitividad y aumentar la productividad en el campo. Según Duque Márquez, la Ley de Crecimiento Económico permitirá llegar a una inversión récord en las regiones de cerca de 800 mil millones de pesos por año en vías terciarias, beneficiando a cientos de municipios.
Sin excepción, los alcaldes pidieron más pie de fuerza y mayor presencia de la justicia para combatir el accionar del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, que según el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, impiden el anhelo de los territorios de construir desarrollo. Al responder a los mandatarios locales, el Presidente reconoció que las organizaciones criminales siguen afectando a las regiones. Admitió que es un enorme desafío que tiene el Estado, el cual se debe resolver con la presencia de la Fuerza Pública y mejores capacidades de inteligencia. Destacó, no obstante, que durante su Gobierno han caído numerosos cabecillas de grupos armados ilegales y aseguró que “por grande que sea el reto, será siempre más grande la voluntad infranqueable del pueblo colombiano de derrotar cualquier expresión del crimen”. Insistió en que la paz se debe implementar con legalidad, uno de los tres pilares de su administración, junto al emprendimiento y la equidad. “La paz no reposa en los papeles, no reposa en las fotografías, ni en las distinciones; la paz se construye todos los días con oportunidades, llevando proyectos productivos e iniciativas privadas”. Por ello, se trabaja en 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), que deberán producir resultados para cerca de 6 millones de colombianos.
Propuestas para el Gobierno y viceversa
En el marco del encuentro, el presidente del Congreso, Lidio García, lanzó tres propuestas para que sean tenidas en cuenta por el Ejecutivo y que, a su juicio, beneficiaría a los gobiernos locales, como la actualización catastral, que mejoraría los ingresos de los municipios. “La experiencia indica que cuando ocurre tal renovación, la base se ensancha o reclasifica, permitiendo mayores ingresos a las entidades territoriales”. El senador liberal pidió igualmente que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) se pueda convertir en un banco de inversión de las entidades territoriales y que se fomenten asociaciones desde las regiones alrededor de proyectos de impacto. Recomendó, además, que en la próxima reforma tributaria que se gestione haya una mayor equidad en la distribución de los ingresos fiscales de los entes territoriales. “El 63.6% del Producto interno Bruto del país tiene mayor participación en la distribución fiscal; pero las que producen el 37.3%, que son la inmensa mayoría de municipios pequeños y medianos, no pueden alcanzar tales niveles de desarrollo, porque no cuentan con recursos para hacer las obras de infraestructura, que podrían volverlos atractivos para la inversión, ni capacidad para gestionarlos”. Por otra parte, el viceministro de Relaciones Laborales, Carlos Alberto Baena y el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, lanzaron ante los alcaldes del país el Galardón SUÉ, que se entregará a quienes incluyan en su Plan de Desarrollo Territorial, estrategias orientadas a la protección de la vejez. Baena destacó también la necesidad de avanzar en la formalización del sector rural e invitó a los mandatarios a incluir en sus nóminas a los jóvenes entre 18 y 28 años que no tenga experiencia laboral para que hagan su ingreso al mercado laboral. A su vez, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, exhortó a los alcaldes a manejar acertadamente los censos en casos de emergencias humanitarias como desplazamientos y confinamientos masivos que se registran en el territorio nacional. “El llamado es a que incluyan en los planes de desarrollo la política pública de atención a víctimas para que podamos actualizar los planes de contingencias y atender las emergencias en las situaciones complejas que se nos lleguen a presentar”
FCM y Carlos Román, alcalde de Girón, es el vicepresidente.
