febrero 2, 2023
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Boletín económico

 

Así quedó la Reforma Tributaria

La nueva reforma tributaria aprobada el pasado 17 de noviembre por el Congreso de la República, a través de la cual se espera un recaudo de 19,7 billones de pesos, busca principalmente financiar el plan social que planteó el Presidente Gustavo Petro para erradicar la pobreza y la desigualdad en el país. El texto final recoge las propuestas tanto del Gobierno nacional como de los gremios económicos y sectores sociales que se hicieron a lo largo de los debates legislativos para alcanzar los consensos necesarios. “Aquí se combinan dos elementos que son esenciales: garantizar que tenemos una política fiscal sólida y que tenemos los recursos adicionales para impulsar el salto social o la paz social”, dijo en su momento el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.

En esa línea, la reforma se centra en reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos. También contempla un tratamiento más equitativo entre los distintos tipos de rentas líquidas, en aras de lograr una mayor simplicidad del sistema, así como el establecimiento de un impuesto al patrimonio de la población que más tiene recursos.

Estas medidas, permiten la consecución de más fuentes de ingresos para el gasto social y se alinean con la priorización que se hará de algunos sectores estratégicos como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo, y la economía popular.

Precisamente, en el tema ambiental y de salud, se acordó en el documento la modificación al impuesto al carbono y el establecimiento de gravámenes a los plásticos de un solo uso, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Otros puntos de la reforma

En las discusiones que se dieron en el Congreso de la República, se flexibilizaron algunas propuestas del Gobierno, que fueron descartadas o que solo se pondrán en marcha en periodos más largos. Por ejemplo, las iglesias no pagarán impuestos ni las pensiones altas como se pretendía al comienzo, mientras en el caso de las bebidas azucaradas o productos procesados, que fueron temas polémicos, se tendrá un plazo para que las empresas se adapten a las nuevas condiciones de tributación. En otros frentes, sí resultaron gravadas las rentas de las petroleras y las mineras y hubo ajustes para las hidroeléctricas y las instituciones financieras.

Se buscó una tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas, pero esto no pasó en la conciliación de la reforma, que se convierte en la de mayor recaudo en la historia del país. El texto contempla además una serie de medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos, como la cárcel para evasores, si omiten activos, declaren un menor valor de estos o declaren pasivos inexistentes para defraudar o evadir 1.000 millones de pesos o más. Se les impondrá de 48 a 108 meses de prisión. Para las instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras, las comisionistas de bolsa y agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios y proveedores de infraestructura del mercado de valores, entre otras, que tengan una renta gravable a partir de 120.000 UVTs, se establece una sobretasa de 5 puntos adicionales (tarifa total del 40%) a ser aplicable durante los años 2023 a 2027, inclusive. “Es una reforma progresiva, justa, que invita a aportar a los que más tienen y es un mensaje de gran apoyo y de enorme responsabilidad”, declaró el ministro del Interior, Alfonso Prada, tras la aprobación del documento final.

Lo que se acordó

  • Los dividendos contarán con tarifas que irán de 0 % a15 % en el caso de personas naturales y de 20 % en el de entidades extranjeras y personas naturales no residentes.
  • En cuanto a ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 20%, de acuerdo con el texto.
  • En la reforma tributaria se añadieron impuestos a espectáculos con animales como las tradicionales corridas de toros
  • El impuesto al patrimonio será progresivo con tarifas marginales: de 0,5 % para los de más de 3.000 millones de pesos; de 1 % para los de más de 5.000 millones de pesos y de 1,5 % para los de más de 10.000 millones de pesos.
  • El sector mineroenergético será el aportante mayoritario de las sobretasas serán de 5% o 10% para la extracción de carbón y de 5%, 10% o 15% para el petróleo. Según lo aprobado, no podrán deducir las regalías de su impuesto de renta.
  • Los umbrales, tanto para el carbón como para el petróleo, se definirán de acuerdo con la distribución de los precios internacionales en términos reales. 
  • Entre tanto, las hidroeléctricas quedaron con una sobretasa temporal del 2023 al 2026 de 3 puntos, es decir, de 38 %, mientras que las entidades financieras asumirán otra que llegará a los 5 puntos, es decir, a 40 %.
  • Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de 2023 y se incrementará hasta el 20%, para El pan, lácteos, el salchichón, arequipe y obleas quedaron excluidos de este gravamen.
  • Los impuestos saludables, que gravan las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, entrarán a regir desde noviembre del 2023, a diferencia del resto de artículos que serán cobijados con las nuevas disposiciones a partir del primero de enero del próximo año.
  • Los plásticos de un solo uso, como envases, embalajes y empaques, que tengan un equivalente a 1,9 pesos por gramo de plástico utilizado pagarán igualmente impuesto.
  • La reforma no afecta a las personas que ganan menos de 13 millones de pesos mensuales, que son más del 98% de los  colombianos. 
  • El Gobierno espera recaudar alrededor de $20 billones adicionales en 2023, cifra que aumentará hasta $23 billones, en 2026, con el fin de ser invertidos en las necesidades sociales del país.
  • Se aprobó la exención de $500 millones para la vivienda individual de quienes deban tributar patrimonio.
  • Para las zonas francas se determinó que deben establecer con progresividad un plan para incrementar las exportaciones y así mantener los beneficios tributarios de que gozan.
  • La imposición de IVA a la compra de mascotas para incentivar su adopción y no su comercialización, es otra de las propuestas aprobadas. 
  • Fue rechazada la propuesta de una tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas como también los impuestos a las iglesias. 
  • En el caso del impuesto al carbono, la tarifa dependerá de la emisión para cada combustible y corresponderá a 20.500 pesos por tonelada de carbono equivalente. 

Fuentes consultadas: Ministerio de Hacienda, Revista El Congreso Siglo XXI, Portafolio, El Colombiano, El País, Instituto Colombiano de Estudios Fiscales (ICEF), Senado, Cámara de Representantes, Infobae y diario la República.

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia potencia mundial de la vida”

El proyecto, que se constituye en la hoja de ruta que contiene los objetivos del gobierno, programas, inversiones y metas para el cuatrienio, contempla una inversión estimada de $1.048,2 billones de pesos. El extenso documento, en el cual se fijan los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente Gustavo Petro para su periodo como mandatario, se concentra en la disminución de las desigualdades, sobre todo en el área rural. “Nosotros estamos dando mucha relevancia a los temas de ordenamiento del territorio, es decir que la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, PND, está construida sobre la importancia de la vida de la naturaleza y de las personas. Esa es una diferencia central”, señaló el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González.

Bajo esa perspectiva, se tendrán cinco grandes paquetes presupuestales para igual número de temas: el primer eje será el Ordenamiento del territorio, el segundo la Seguridad Humana y Justicia Social, el tercero la Soberanía Alimentaria, el cuarto la Transformación Energética y el quinto la Convergencia Regional. Desde distintos escenarios, el jefe de Estado ha pedido a la gente que participe de manera activa en el proceso de planificar el país en los próximos cuatro años. “No queremos que este Plan Nacional de Desarrollo sea simplemente la obra de unos técnicos que se contratan, o el episodio constitucional del paso del proyecto a través de las comisiones y las plenarias del Congreso y nada más. Queremos que esta ley la haga la gente”, aseguró el mandatario. Detrás de ese proceso de diseño colectivo ha estado el Departamento Nacional de Planeación, entidad que se ha encargado de recoger, organizar y sistematizar las propuestas que se han hecho a lo largo y ancho del país. “Hemos recogido en cada una de las subregiones los diagnósticos y estudios que se han hecho. No solo por parte de las universidades, sino de diálogos previos que ya se habían tenido”, dijo por su parte el director del organismo.

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

El texto está conformado por alrededor de 235 páginas y se espera que luego de haber finalizado los debates y los diálogos regionales vinculantes que faltan, el proyecto se pueda radicar el 7 de febrero del 2023. El Plan Nacional de Desarrollo se considera inédito en la medida en que han participado más de 200 mil personas en su elaboración, cifra que podría ser mayor ya que otras 100 mil se sumarían a los diálogos que están pendientes por realizarse. De acuerdo con las bases del documento, el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua y justicia ambiental, tendría una inversión de $106 billones, mientras la Seguridad Humana y Justicia Social contaría con $329,2 billones. Para el eje del Derecho Humano a la Alimentación, está prevista una inversión de $26,6 billones, mientras para la Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática un total de 70,9 billones. Finalmente, la Convergencia Regional, tendría garantizados recursos por $4,59 billones.

El documento que se conoce en la actualidad es un borrador, por lo que el texto final estará listo el 7 de febrero próximo para ser presentado ante el Congreso de la República con el fin de que sea discutido y aprobado en mayo de 2023. “El borrador incorpora las bases fundamentales por las cuales votó el pueblo de Colombia, este programa no va a ser ajeno al lenguaje en relación con la paz total, con la seguridad humana, con el papel de la mujer, de los jóvenes, con la población prioritaria en la inversión en el programa y el PND”, enfatizó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Temas adicionales

En su contenido, también se dedican capítulos especiales a la Estabilidad macroeconómica, la Paz total, las mujeres, la potencia del cambio, la Reparación efectiva e integral a las víctimas, los Grupos y comunidades étnicas, los Jóvenes con derechos que lideran las transformaciones para la vida y las Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad, entre otros temas. El borrador actual lo debatirá el Consejo Nacional de Planeación, que solo podrá emitir un concepto, pero no cambiarlo. A instancias del mismo, podrán participar en su discusión representantes de las entidades territoriales y de los sectores que integran la sociedad civil (económico, social, ecológico, y cultural).

Por lo pronto, la paz total y el cambio se constituyen en las dos banderas principales. Con la primera, se busca negociar con las guerrillas y demás estructuras armadas su reinserción a la vida productiva del país y con la segunda, darle voz a los grupos que según el gobierno, han sido históricamente discriminados para responder a sus necesidades, sobre todo, sociales. En esa línea, menciona, por ejemplo, la urgencia de cerrar las brechas y diferencias en términos de acceso a la educación, la salud, el deporte y la cultura, así como poner fin a “las injusticias sufridas por grupos específicos como las víctimas del conflicto y las comunidades étnicas”. La sostenibilidad financiera del Plan Nacional de Desarrollo está garantizada, con la armonía entre el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y los recursos de los municipios y departamentos.

Fuentes consultadas: Departamento Nacional de Planea- ción, diario La República, El país, Ministerio del Interior, Revista El Congreso Siglo XXI y Presidencia de la República.

 

Los PDET, clave en la construcción de paz

-PDET- son un instrumento de planificación y gestión a 10 años, para ejecutar de manera prioritaria y con mayor celeridad en los territorios más afectados por el conflicto armado o que presentan mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Por eso serán prioridad en las acciones que emprenderá el Gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar hacia una paz completa e integral. En un primer paso hacia su fortalecimiento, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el proyecto de Ley del Presupuesto de Regalías que regirá entre el primero de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB, en el que se destinan recursos importantes para los PDET.

El monto aprobado es superior en 81% al del bienio anterior, con un incremento de $14 billones, siendo el más alto asignado a los territorios desde la entrada en operación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2012. En el desglose de cómo serán distribuidos los recursos, 3,4 billones se orientarán a la financiación, en el marco de la paz total, de proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, así como a lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET.

Más recursos para la paz

El Congreso de la República también dio luz verde al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, que incluye recursos para la paz, cuyo monto aprobado asciende a $405,6 billones (27,7% del PIB), con un aumento de 15,1% frente a 2022. Sin servicio de la deuda, los sectores con mayor apropiación para 2023 serán educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones; ha- cienda, $48,7 billones; defensa y policía, $48,3 billo- nes; trabajo, $37,9 billones; e inclusión social y reconciliación, $17,8 billones. Eso permitirá fortalecer los programas de sustitución de cultivos ilícitos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto, al igual que fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria, mejorar los caminos veredales y la infraestructura educativa y garantizar el acceso a las telecomunicaciones en regiones apartadas.

En los planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- se plantea que en los 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional se implementen las distintas iniciativas que se han propuesto en materia económica y social, con la participación de sectores como el campesinado, las víctimas del conflicto armado, los indígenas y los pueblos afrodescendientes, entre otros.

Iniciativas para la paz total

Tal vez uno de los puntos que más se destaca, es la obligatoriedad de implementar en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo locales de las entidades territoriales políticas, programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de los acuerdos pactados con la entonces guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, así como al logro de la paz y la integración de las regiones, particularmente con los municipios afectados por la violencia que ha vivido el país. Para eso se tendrán que tramitar leyes claves como la del Presupuesto 2023 y la reforma tributaria,que ya recibieron el aval del Congreso de la República, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo documento final será presentado al Legislativo el próximo año, una vez culminen los diálogos regionales vinculantes para anexar las distintas propuestas de los representantes de las comunidades y de las entidades territoriales. Otra de las apuestas gubernamentales es la Reforma Rural Integral para crear las condiciones de bienestar a la población que habita en el campo.

El propósito del gobierno es realizar un monitoreo permanente a la ejecución de las obras y programas contemplados en los PDET para que no solo se ejecuten de acuerdo a los cronogramas establecidos, sino que respondan a las necesidades de las comunidades.

Zonas de Paz

Según la Ley sobre Paz Total, aprobada por el Congreso de la República, se podrán constituir regiones en las que se adelanten, con autorización del Ejecutivo, los diálogos de paz con las guerrillas que se mantienen en la actividad armada y decidan acogerse al proceso. Se priorizará además en su conformación los territorios de Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), las comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado. Entre las zonas PDET figuran los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba. De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, la paz ya no será una política aislada, sino una política de Estado para garantizar su continuidad.

Fuentes consultadas: Ministerio del Interior, Departamento
Nacional de Planeación, Senado de la República, Revista El
Congreso Siglo XXI, Razón Pública y Nuevo Siglo

Medidas para mitigar la ola invernal

Colombia es azotada por una fuerte ola invernal, que necesitó de la adopción de medidas especiales por parte del Gobierno nacional para la consecución de recursos y la atención humanitaria inmediata a los miles de damnificados por las inundaciones y deslizamientos de tierra. Y es que la emergencia por la temporada de lluvias ya deja más de 200 muertos y alrededor de medio millón de personas afectadas. Inicialmente, el Ministerio del Interior convocó una sala de crisis que sesiona las 24 horas del día en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Los ministros que tengan algún tipo de responsabilidad en materia de vivienda, reubicación, atención inmediata y entrega de ayudas, van a estar trabajando permanentemente en ese comité de crisis bajo la coordinación de la UNGRD”, explicó el jefe de la cartera de asuntos políticos, Alfonso Prada.

Para atender los eventos reportados, que además dejan cuantiosas pérdidas económicas, el Gobierno nacional dispuso de 2,1 billones de pesos y anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que sesionará semanalmente. Del mismo harán parte los actores regionales que tengan los mayores nive- les de crisis, bajo la coordinación y dirección del mandatario colombiano. Antes, el presidente Gustavo Petro había optado por la declaratoria de desastre natural en el país como consecuencia del inverno, lo que le permitirá mover recursos del presupuesto de este año para poder atender a la población afectada por las inundaciones y la falta de alimentos y medicina. “Estamos en emergencia; se han destinado ya los recursos, ya hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación”, afirmó.

Otra de las medidas tiene que ver con la realización de una junta directiva del Fondo de Atención de Riesgos, con el objetivo de aprobar las asignaciones presupuestales para atender las emergencias. “No vamos a permitir que en esta situación de desastre y de perturbación en el territorio tengamos la posibilidad de que los colombianos queden aislados con desabastecimiento, razón por la cual atenderemos lo primero, que haya suficiente suministro de alimento como una respuesta humanitaria”, sostuvo Prada.

El impacto de las lluvias

El propósito es llevar kits con medicamentos, ele- mentos de aseo y productos de primera necesidad a las personas que lo requieran a los 19 departamentos golpeados por el invierno. Desde enero a la fecha, se han reportado en Colombia más de 2.700 eventos de lluvias en 776 municipios, con más de 200 fallecidos, 53 desaparecidos y cerca de medio millón de damni- ficados. “Vamos a ordenar, a través de decreto, que todos los alcaldes tengan un mapa de riesgo ya dis- ponible frente a posibilidades de inundación o remo- ción en masa en los municipios que tienen pendien- tes; y un plan de reubicación cuyo costo tiene que hacerse con el Gobierno nacional”, dijo entonces el mandatario.

En el plan de contingencia participan los ministerios de Vivienda y Agricultura, así como el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que coordinan todas las medidas de reubicación y atención a los afectados con los alcaldes del país, gobernadores, fuerza pública, Defensa Civil y Bomberos. Aunque prácticamente ha llovido todo el año, las precipitaciones se han sentido con mayor fuerza en los meses de octubre y noviembre con daños considerables en cultivos y enseres.

Otras medidas para proteger a damnificados

A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se reubicarán algunas comunidades tanto temporal como definitivamente, afectadas por las inundaciones o que se encuentra en alto riesgo. El Gobierno nacional contempla, incluso, reubicar a los damnificados en predios privados. “Por instrucción del presidente, las entidades del Sistema deben apoyar a la UNGRD, en la implementación de esta medida, que en primera instancia, como lo establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se debe proteger a las familias en predios o inmuebles que se encuentren en zonas aledañas y que sean seguras para que garanticemos de forma inmediata y no en una fase pos- terior, lugares seguros a donde las fami- lias puedan ser trasladadas e incluso que allí se establezca de manera definitiva su nueva relocalización”, explicó su director, Javier Pava.

Los alojamientos temporales se deben hacer en inmuebles o predios privados que estén en un proceso establecido y reglamentado por la Ley 1523 del 2012. Según el funcionario, a través del marco normativo ya establecido, se podría iniciar un proceso para adquirir predios privados en zonas cercanas a las emergencias para reubicar a los afectados.

El jefe de Estado les solicitó además a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) que la respuesta a la emergencia que se vive en el territorio nacional esté basada en el apoyo a las organizaciones sociales y comunitarias. “Las organizaciones de base son nuestros aliados estratégicos en este momento de la crisis y con ellos vamos a trabajar, no una propuesta complementaria para resolver la crisis alimentaria en sus municipios, sino que sea con ellos con quienes creemos a través de los recursos de la UNGRD, ollas y comedores comunitarios para brindar asistencia de comida a las comunidades afectadas por los deslizamientos e inundaciones que han obligado a la evacuación de muchas familias”, añadió el funcionario.

Apoyo a los agricultores

Ante los efectos negativos que ha ocasionado la ola invernal en el sector rural, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció medidas a corto y mediano plazo, para asegurar recursos financieros que les permita a los productores adelantar siembras en los primeros meses del próximo año y reducir los precios de los insumos agropecuarios. “Estamos abriendo las puertas, para que la siembra, que empieza en febrero, marzo y abril tengan el financiamiento necesario, al tiempo que estamos mirando cómo facilitar créditos de aquellos que no han podido pagar por causa del invierno”, sostuvo la funcionaria, quien informó que se avanza en una política para reducir los costos de los insumos, que consiste en subsidiar el 20% de las compras que hagan los pequeños cultivadores.

También anunció que el próximo año se hará un gran esfuerzo para financiar la producción de bioinsumos en Colombia, como una manera de bajar costos, pero al mismo tiempo de “generar la posibilidad de no someterse a las fluctuaciones de los precios internacionales”.

La ministra pidió a los campesinos utilizar el apoyo que les está ofreciendo el Gobierno para mitigar los efectos de las fuertes lluvias en sus cultivos y cosechas. “Tenemos un subsidio del 20% para 120.000 campesinos pequeños, con el cual le rebajamos el 20% de las compras de insumos. Ya están en marcha todos los procesos que deben seguir para beneficiarse con ello”.

Fuentes consultadas: Presidencia de la Repú- blica, Ministerio de Agricultura, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Portafolio, El Colombiano, El país y Caracol.

 

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