Plan Nacional de Desarrollo
“Colombia potencia mundial de la vida”
El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, aprobado por el Congreso y expedido por el Presidente de la República, Gustavo Petro, mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, contempla inversiones por 1.154,8 billones de pesos para combatir la pobreza, la desigualdad y avanzar hacia una transformación productiva del país en la que se aproveche el capital natural y se profundice el uso de las energías limpias. El documento, que se considera la hoja de ruta del Gobierno para el cuatrienio, plantea cinco ejes principales orientados a reducir las brechas sociales, sobre todo en la zona rural, y a caminar hacia la paz total.
El primero de ellos es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, a través del cual se busca un cambio en la planificación del desarrollo en el territorio, mientras el segundo eje está enfocado en la seguridad humana y la justicia social. El Estado colombiano trabajará además en el derecho humano a la alimentación, así como en la transformación productiva, internacionalización y acción climática para propiciar el desarrollo sostenible y la competitividad del país, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas. Fortalecer la convergencia regional para garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, se constituye en el quinto eje sobre el cual se buscará mejorar las condiciones de vida de la población.
Los recursos para las transformaciones que se propone el Ejecutivo, se distribuirán de la siguiente manera: Seguridad Humana y Justicia Social 743,7 billones de pesos; Convergencia regional 138,4 billones; Transformación productiva, Internacionalización y acción climática 114,4 billones; Derecho humano a la alimentación 46,1 billones; Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 28,8 billones y Estabilidad macroeconómica 83,4 billones. “Esto no es un libro o simplemente una ley…es el resultado de un gran diálogo nacional y en los territorios. Es un punto intermedio que sigue… la Paz no se construye sino con justicia social y justicia ambiental. Una sociedad no puede vivir en paz sino es equitativa y este plan avanzará en este frente”, afirmó el jefe de Estado desde Inírida, donde sancionó el documento, junto a su gabinete.
Pilares sobre los cuales se trabajará
- Uno de los pilares del Plan de Desarrollo será el ordenamiento territorial con el avance en el Catastro Multipropósito a un 70% del territorio nacional, lo cual permitirá consolidar la reforma rural integral que busca el gobierno.
- En la apuesta por la justicia social se contempla la entrega masiva de tierras en este cuatrienio. Se pretende que 2,9 millones de hectáreas que se estima entregar a las ciudadanías rurales contribuyan a la restitución y titulación de tierras como instrumentos esenciales para alcanzar la paz total y también potenciar la producción agrícola nacional.
- Otro pilar es el quiebre de la pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito. El Gobierno apunta a que el país baje esta situación de vulnerabilidad extrema a 9,6% y multidimensional a 7,4% en 2026.
- Mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, para lo cual se contempla llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas.
- Ampliación de las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas a 1,7 millones de hectáreas.
- En materia de transición energética, el país seguirá en el proceso escalonado, para lo cual espera agregar en el cuatrienio 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.
- Ese tránsito también estará en la diversificación de la canasta exportadora de Colombia en el que el Gobierno fijó incrementar 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos. • La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizará el giro directo a las instituciones y entidades que presten servicios de salud.
- Se financiarán proyectos de emprendimiento en comunidades y pueblos indígenas y se fortalecerá la economía popular a través de las Asociaciones Público Populares.
- Se agilizará la compra de predios por parte del Estado, sin ningún mecanismo ‘exprés’ ni expropiación. La compra será voluntaria y bajo avalúo comercial.
- Se crea el Registro Único de Ingresos (RUI). Este instrumento va a reemplazar al Sisbén IV y el sistema de estratos para asignar los subsidios.
Renta Ciudadana y hambre cero
- Se crea la renta ciudadana, con lo cual se armonizan los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). • El programa de Renta Ciudadana, que inició de forma anticipada el pasado mes de abril, consiste en la entrega de transferencias monetarias de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a la población con discapacidad, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y fortalecer la economía popular y comunitaria.
- El monto de la transferencia depende de la conformación del hogar y la zona en la que habite, y tiene en cuenta el ciclo de vida, según lo establecido.
- Se da luz verde a la transferencia “hambre cero”, la cual estará a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Consiste en la transferencia de recursos, para garantizar el derecho a la alimentación de la población en pobreza y vulnerabilidad, priorizando la participación de la economía popular y la agricultura campesina y familiar.
Sistema Nacional de Igualdad y Equidad
El Plan Nacional de Desarrollo crea el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, de carácter permanente en su funcionamiento, con el objetivo de coordinar las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales e impulsar el goce del derecho a la equidad de género. El diseño, dirección e implementación del Sistema estará a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad en coordinación con las entidades competentes.
Educación para cambiar vidas
Se implementará la política de Estado de gratuidad en la matrícula para todos los estudiantes de programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica, de equidad territorial y poblacional, como medida que permita el acceso de jóvenes de las regiones y grupos poblacionales que históricamente no han transitado a la educación superior. La política de gratuidad será progresiva, buscará la universalidad y se ajustará a la disponibilidad presupuestal. Se promoverá además la conectividad digital como un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y productividad. La idea es llevar el servicio a zonas vulnerables y apartadas, y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones, a través de diferentes tecnologías y compartición de infraestructura. También hacer del Internet y de las tecnologías digitales un instrumento de transformación social, para lo cual se desplegará la infraestructura necesaria con el fin de mejorar la conectividad digital del país con redes neutras, cables submarinos, fibra óptica y tecnología satelital, mediante diversos mecanismos, incluida la coinversión entre el Estado y los actores privados.
Lo que busca el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026
- Según el documento, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) estará adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Mediante convocatoria pública, se definirán losproyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de la Asignación para la Paz. Las convocatorias deberán estar fundamentadas en un plan construido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en el marco de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), buscando la distribución equitativa de los recursos entre las dieciséis (16) Subregiones PDET.
- Crear el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros delitos ambientales, el cual estará conformado por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa Nacional, Justicia, Agricultura y Salud, así como por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Procurador y el Fiscal General de la Nación.
- Se da vida al Consejo Nacional de la Economía Popular, como organismo asesor y consultivo del Gobierno, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular.
- El Ministerio de Hacienda, en articulación con otras entidades del Estado, impulsará el desarrollo de programas para promover la inclusión financiera y crediticia de la Economía Popular, especialmente pequeños productores del sector agropecuario y los micronegocios, la promoción de las finanzas verdes, la innovación y el emprendimiento.
- El Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME- se liquidará a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Los derechos y obligaciones a cargo del FOME que sean exigibles a la fecha de su liquidación y en adelante, serán asumidos por la Nación con cargo a los presupuestos de las vigencias fiscales que correspondan. Los saldos de recursos que resulten de la liquidación formarán parte de la unidad de caja del Tesoro Nacional, sin que se requiera operación presupuestal alguna.
Fuentes: Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), diario El Tiempo, periódico El país y diario La República.
Facultades extraordinarias al Presidente
Durante el debate en el Senado y la Cámara de Representantes del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, que fue construido por más de tres meses a través de 51 diálogos regionales vinculantes en los que participaron más de 250 mil colombianos se aprobaron algunas facultades extraordinarias para el Presidente de la República y se negaron otras.
Lo que dice el documento
Se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que expida normas con fuerza de ley dirigidas a modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, e incorporarlos al Sistema de Transferencias. También para que adelante las actividades necesarias con el fin de adquirir a título gratuito u oneroso, la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios y cree una entidad que tenga como objeto la prestación de servicios médicos de mediana y alta complejidad o la investigación en temas de salud, y determine su estructura para la entrada en funcionamiento.
El mandatario podrá además crear una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo principal sea el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de Caminos Vecinales o de carácter regional, en el territorio nacional, en cooperación con los Departamentos, Municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales y privadas. La entidad que se conforme en virtud de las facultades extraordinarias concedidas, asumirá las funciones que cualquier otra del orden nacional se encuentre ejecutando en esta misma materia. El Presidente definirá la naturaleza jurídica, el régimen jurídico aplicable, y la forma en que se recibirán los recursos que la crearán.
En el documento se hace referencia al régimen legal del Grupo Bicentenario, donde se señala que con el fin de garantizar una adecuada gestión del servicio financiero público, en condiciones de mercado que permitan la competencia de las empresas estatales con sus contrapartes del sector privado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros.
“El Grupo Bicentenario continuará sometiéndose exclusivamente al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimilado al de las empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participación del capital público en su patrimonio. Por lo tanto, el régimen laboral de todos los trabajadores del Grupo Bicentenario será el de las sociedades de economía mixta no asimiladas a empresas industriales y comerciales del Estado y las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo”, subraya el texto.
Facultades que se negaron
El artículo que proponía otorgar facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para expedir un decreto con fuerza de ley que regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, figura entre los negados por el Congreso. También el que pedía el aval para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y el que le otorgaba al mandatario facultades para “fusionar, modificar o liquidar los fondos cuenta con o sin personería jurídica o los patrimonios autónomos administrados por órganos o entidades del Presupuesto General”. Se rechazó además la posibilidad de crear una Agencia para el Manejo Forestal.
Fuentes consultadas: Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Portafolio y diario La República.
Catastro multipropósito, hoja de ruta del gobierno
El Catastro Multipropósito se constituye en el elemento fundamental del Gobierno del Presidente Gustavo Petro para avanzar hacia la consolidación de la paz total. Por eso fue incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que fija las metas y programas de inversión de la actual administración. La idea es ordenar el territorio con el avance en el Catastro Multipropósito a un 70% para hacer realidad la reforma rural integral que busca el Ejecutivo.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), este presenta un enorme atraso, pues apenas se ha llegado a 9,5% de los predios, panorama que es mucho más crítico en el área rural. “La actualización del catastro rural es fundamental por tres razones: Primera, permite avanzar hacia la consolidación del mercado de tierras. Segunda, es un instrumento importante para incidir en la modificación de las relaciones factoriales. Tercera, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de los municipios”, dijo Jorge Iván González, director de la entidad, quien consideró que la ausencia de catastros formados no permite seguir la evolución de las operaciones de compra y venta que se realizan en el país. “Además, el catastro y la obtención de un título de propiedad ofrece otras ventajas como el acceso al crédito”, añadió
Admitió que a pesar de que las ventajas del catastro multipropósito son evidentes, no se han superado las dificultades técnicas y administrativas, que “se acentúan por razones políticas. Es importante fortalecer la capacidad institucional del IGAC y, además, se debe continuar impulsando a gestores y operadores públicos y privados”, enfatizó. El funcionario es claro en afirmar que el catastro tiene varios propósitos. “Nos pusimos una meta ambiciosa de 9,5% que hay ahora y subirlo al 70%. Un primer criterio es ordenar el territorio, es definir el título de propiedades, porque sin eso no puede haber mercado de tierras y ni modernización en el sector agropecuario”. Lo segundo es el ordenamiento del territorio, para lo cual se está mirando la vocación del suelo y lo tercero, es el tema de relaciones factoriales, para establecer la relación tecnológica más adecuada. Adicionalmente, la actualización catastral puede duplicar los recursos de los municipios, lo que se convierte en una de las fuentes fiscales más importantes del país, según González.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional apropiará los recursos fiscales necesarios para garantizar la implementación, idoneidad y adecuación de la política de catastro multipropósito en los territorios indígenas y colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Cabe recordar que la gestión catastral está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y que para la regulación respectiva, contará con una instancia técnica asesora. “En aquellos resguardos, reservas, territorios protegidos en los cuales con anterioridad el gestor catastral no sea el IGAC, éste acompañará, junto con las autoridades indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras correspondientes, la implementación de la política de Catastro Multipropósito”, expresa el documento.
Ejecución de recursos para la gestión catastral
El Gobierno nacional y el IGAC pueden destinar recursos al Fondo Colombia en Paz o el que haga sus veces, para ejecutar con cargo a este patrimonio autónomo los procesos de la gestión catastral en cualquier parte del territorio nacional en el marco de la implementación del acuerdo de paz. El Fondo Colombia en Paz, mediante las subcuentas que se requieran para el desarrollo de este objeto, también puede recibir recursos propios de las entidades territoriales y del nivel descentralizado, créditos de la Banca Multilateral, recursos de cooperación nacional o internacional y donaciones, entre otras.
Reducción de rezago de avalúos
catastrales a nivel nacional
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos de todos los predios del país, exceptuando aquellos que hayan sido objeto de formación o actualización catastral durante los últimos cinco (5) años previos a la expedición de la presente ley o cuyo proceso de formación o actualización esté en desarrollo a la fecha de expedición, con el fin de contrarrestar la distorsión de la realidad económica de estos, corregir inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación del territorio.
Los procesos de actualización catastral contratados por las entidades territoriales que presenten inconsistencias técnicas reconocidas por los gestores catastrales, podrán ser suspendidos de manera temporal por estos últimos. Las inconsistencias detectadas deberán ser resueltas por el respectivo gestor catastral dentro del mes siguiente a su reconocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda adelantar la Superintendencia de Notariado y Registro en ejercicio de sus funciones.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral especial, levantará los componentes físico y jurídico del catastro, necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con la regulación expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Fuentes consultadas: Departamento Nacional de Planeación (DNP), Presidencia de la República, Senado de la República, Portafolio, diario Nuevo Siglo y diario La República.
Elecciones regionales 2023
Los colombianos acudirán de nuevo a las urnas el 29 de octubre próximo para elegir alcaldes, gobernadores, concejales municipales, diputados departamentales y ediles. La jornada democrática les permitirá a los diferentes partidos políticos fortalecer su presencia en el poder local y llegar con mayores posibilidades de un triunfo a los comicios legislativos y presidenciales del 2026. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 600 grupos de ciudadanos y movimientos sociales que quieren avalar candidatos en todo el país, se han inscrito ante la autoridad electoral para participar en la contienda.
El Pacto Histórico, que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en el 2022, buscará consolidar un gran frente amplio de cara a las elecciones del mes de octubre, sin perder la agenda del cambio que se ha trazado para estos cuatro años. La coalición cuenta con varios movimientos que tienen personería jurídica, entre ellos la UP, Colombia Humana y el Polo Democrático, a los que se sumarían otros grupos en proceso de reconocimiento. El Partido Liberal, que se proclamó en 2019 ganador de las elecciones locales al obtener siete gobernaciones y alcanzar la mayor parte de las alcaldías y curules en los concejos y asambleas departamentales, intentará mantenerse como la primera fuerza política regional en el 2023.
Bajo la consigna “Hagamos parte de las decisiones que transformarán nuestros territorios”, el partido que lidera el expresidente Cesar Gaviria Trujillo, abrió inscripciones para la participación en los comicios locales de este año y reforzó los contactos con sus bases en las diferentes zonas del país, para avanzar en la conformación de las listas de aspirantes. En octubre próximo, los colombianos elegirán a 32 gobernadores, 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá; así como a los 6.513 ediles que integrarán las Juntas Administradoras Locales (JAL). Al igual que los liberales, el Partido de la U inició el proceso para la solicitud de avales a quienes aspiran a representar a esa organización política en las elecciones territoriales, mientras los conservadores le apuntan a la unidad para lograr un triunfo en las urnas. “Tenemos un partido unido de cara a las elecciones regionales. Asumo esta responsabilidad ratificando mi compromiso de escuchar a nuestras bases porque lo más importante es consolidar nuestra fuerza regional y entregarle lo que más le convenga al país, lo que le genere mejor calidad de vida a los ciudadanos” dijo su director, el senador Efraín Cepeda. En esa misma línea vienen trabajando los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.
Puestos de votación nuevos y habilitados
Según el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, se instalarán 603 nuevos puestos de votación a lo largo y ancho del país, 440 de los cuales estarán ubicados en las zonas urbanas y 163 en la ruralidad. También informó que para el certamen democrático más de 400 mil colombianos han inscrito su cédula por cambio de domicilio. Como dato importante, reveló que aumentó en un 372 % la inscripción de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales para los comicios locales y departamentales. De acuerdo con el funcionario, se instalarán aproximadamente 120.000 mesas de votación, aunque la cifra se sabrá con certeza después del 29 de septiembre próximo, cuando se tenga listo el censo electoral, para garantizarles a los colombianos el derecho al sufragio.
Fuentes consultadas: Registraduría Nacional del Estado Civil, Revista El Congreso Siglo XXI, Consejo Nacional Electoral (CNE) y diario El Tiempo.
Leer aquí BOLETÍN PDF
BOLETIN-ECONOMICO-BANCO-DE-OCCIDENTE JUNIO 2023_compressed