Elecciones 2023 con cifra récord de candidatos

Las elecciones regionales de 2023 pasarán a la historia por su alto número de candidatos inscritos para ocupar alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y Juntas Administradoras Locales (JAL) a lo largo y ancho del país. De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se inscribieron 132.553 aspirantes, que con la modificación a las listas por renuncia o no aceptación, quedó en 128.105. Según los entes de control, algunos estaban inhabitados para participar en la contienda política por procesos disciplinarios, sanciones o investigaciones en curso, o por no cumplir con los requisitos que exige la ley. El Partido Liberal se ubica primero con 11.632 candidatos inscritos ante las autoridades electorales colombianas, seguido del Partido Conservador Colombiano, que cuenta con 10.342 aspirantes, mientras que el tercer lugar lo ocupa el Partido de la Unión por la Gente con 9.410 candidatos, el cuarto el Partido Cambio Radical (9.224) y el quinto el Partido Alianza Verde, con 8.359.

De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega, la inscripción de aspirantes a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y Juntas Administradoras Locales (JAL), desbordó las expectativas que se tenían para la jornada electoral del 29 de octubre, ya que la cifra se incrementó de manera amplia con relación a procesos democráticos de años anteriores. “Ha sido un éxito la participación en Colombia y esto es un triunfo de la democracia y de la organización electoral”, destacó. Y es que con respecto a las elecciones territoriales del 2019, el aumento en el número de candidatos inscritos fue del 13,73%.

Según la entidad estatal, 251 aspirantes se inscribieron para el cargo de gobernador, 3.894 para las asambleas departamentales, 6.175 para alcaldías, 106. 429 para concejos y 15. 804 para las Juntas Administradoras Locales (JAL). Llama la atención la participación de varios exmandatarios que ya fueron alcaldes y gobernadores en sus ciudades y departamentos y decidieron postularse otra vez para acceder de nuevo a los cargos que antes ocuparon.

Novedades en la elección de alcalde de Bogotá En Bogotá, la jornada electoral tendrá como novedad el llamado a una segunda vuelta, si los aspirantes no logran la votación exigida para declararse ganador en la primera ronda, la cual tendrá lugar el 29 de octubre próximo. Es decir, si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos válidos y la diferencia con el segundo no es de mínimo 10%, se convocará de nuevo a las urnas tres semanas después, sistema que se implementará por primera vez en el Distrito Capital, tras la aprobación por parte del Congreso de la República del acto legislativo 03 de 2019, por medio del cual se modificó el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia.

Para aspirar a la alcaldía más importante del país, se inscribieron ante la autoridad electoral, Gustavo Bolívar, en representación del Pacto Histórico; Carlos Fernando Galán, quien se postuló por el Nuevo Liberalismo; el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien busca la victoria con el apoyo del movimiento ‘Con Toda por Bogotá’; el excongresista independiente Rodrigo Lara Restrepo; el exsenador Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Dignidad y Compromiso; el exministro de Defensa, Diego Molano, por el Centro Democrático y otros sectores políticos y el General (r) Jorge Luis Vargas, excomandante de la Policía Nacional, quien cuenta con el aval del partido Cambio Radical. Los otros dos aspirantes inscritos son Rafael Alfonso Quintero Mora del movimiento Alianza Democrática y Nicolás Ramos Barbosa del movimiento “Más acciones, menos rostros”.

Alta participación de grupos ciudadanos

El masivo registro de movimientos sociales para las elecciones regionales del 2023, en las que se elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados departamentales y 12 mil 72 concejales, al igual que las Juntas Administradoras Locales (JAL) en todo el país, ha sido destacado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y es que mientras en 2019 se inscribieron 275, en el 2023, lo hicieron 1.262, de los cuales más de 500 entregaron las firmas de apoyo para avalar candidatos.

Cifras para resaltar

De los 251 que se inscribieron para el cargo de gobernador, 93 lo hicieron a través de coaliciones, 9 por grupos significativos de ciudadanos, 1 por movimientos sociales y 148 por partidos o movimientos políticos.
De los 3.894 candidatos para las asambleas departamentales, 1.201 se registraron por coaliciones, 33 por grupos significativos de ciudadanos y 2.660 por partidos o movimientos políticos.
Para alcaldías se inscribieron 6.175 candidatos, de los cuales 1.821 lo hicieron a través de coaliciones, 168 por grupos significativos de ciudadanos y 4.186 por partidos o movimientos políticos.
Para los concejos, se inscribieron 106.429 aspirantes, de los cuales 8.050 lo hicieron por coaliciones, 1.180 por grupos significativos de ciudadanos, 13 por movimientos sociales y 97.186 por partidos o movimientos políticos.
De los candidatos inscritos, 14.431 están entre los 18 y 25 años, 31.372 entre los 25 y 35 años, 35.321 entre los 35 y 45 años, 28.597 entre los 45 y 55 años, 16.971 entre los 55 y 65 años, y 5.861 de 65 años en adelante.
Del total de inscritos, 80.344 corresponden a hombres, es decir, el 61% y 52.209 a mujeres, equivalente al 39% de los aspirantes.

Fuentes consultadas: Registraduría Nacional, Procuraduría General de la Nación, Revista El Congreso Siglo XII, periódico el Colombiano y diario El Tiempo.

¿Cuánto se plantea de presupuesto para el 2024?

El Congreso de la República viene trabajando en el trámite legislativo del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, en el que se plantea un monto de $502,5 billones y se priorizan de nuevo recursos para la inversión social. La cifra es superior en un 19% a la que fue aprobada para el 2023. El presupuesto, que está en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, proyecta un aumento de 18,9% en los gastos de funcionamiento, que pasarían de $261 billones a $310,3 billones.

En el servicio de la deuda, el PGN del 2024 incorpora una partida de $94,5 billones, un 20,4% superior al monto previsto en el presupuesto que está en ejecución. De acuerdo con el texto, de esos $94,5 billones, $55,2 billones corresponden al pago de intereses. “El servicio de la deuda crece por encima de lo que crece el presupuesto simplemente porque tenemos una inflexibilidad en el manejo de los vencimientos en el año 2024”, explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla.

El presupuesto planteado por el Gobierno para el año que viene representa el 29,6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el de 2023 es del 26,3%. Para definir el PGN, se tuvo en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, el cual prevé que para 2024 habrá una inflación de 5,7%, un crecimiento del PIB de 1,5%, y una tasa de cambio del dólar promedio anual de 4.603 pesos.

Recursos para inversión

En inversión, el Gobierno tiene previsto destinar el próximo año $97,7 billones, $14,5 billones más que el monto que está en ejecución, para un aumento porcentual de 17,4%. Aquí, se hace énfasis en recursos para estimular la reforma agraria, la transición energética y los procesos de desarrollo de la nueva estructura educativa y de salud, al igual que la reindustrialización, considerados temas bandera del presidente Gustavo Petro. Al desglosar las partidas contempladas en el proyecto de ley, la educación aparece como el mayor receptor, con un monto de $70,44 billones, es decir un 28,5% más que en el 2023.

Le siguen salud y protección social, con $61,48 billones (que tendría un incremento del 22,4%); Hacienda, con una partida de $54,47 billones; el sector de trabajo, que recibiría un 21,5% más que en 2023, con un monto estimado de $46,1 billones y Defensa Nacional con $37,43 billones. El sector transporte, clave para la actual administración, tendría recursos por 15,2 billones de pesos, donde las vías terciarias serían priorizadas para volver el campo mucho más competitivo y productivo. Inclusión Social y Reconciliación, como el componente de Igualdad y Equidad, serían los sectores que liderarían en inversión, con más de 35% del total asignado.

“El PGN 2024 es consistente con el Plan Financiero y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), cumple el Principio de Coherencia establecido por la Ley 1473 de 2011 (…) y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida (Ley 2294 de 2023)”, remarcó el ministro.

Destacó además la situación del presupuesto para el Sistema General de Participaciones territoriales, pues de una apropiación en el de 2023 por valor de $54,9 billones, se pasará a una cercana a $70,5 billones en el 2024. Un crecimiento del 28,4%, es decir, más de $15,6 billones adicionales de una vigencia a otra.

¿De dónde saldrán los recursos?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto proyectado para el próximo año es fiscalmente responsable, ya que está sustentado en el aumento del recaudo tributario, la eficiencia del gasto público y la reforma tributaria aprobada en el 2022 por el Congreso de la República. En ese sentido, la dependencia aseguró que “las disposiciones contenidas en la Ley 2277 de 2022 permiten aumentar el recaudo tributario de forma estructural y mejoran la legislación contra la evasión y la elusión tributaria lo cual, junto con el fortalecimiento institucional de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ayudarán a incrementar el recaudo de ingresos corrientes”, que se prevén en $330,2 billones.

Por recursos de capital se proyectan $148 billones, por fondos especiales $15,5 billones y por contribuciones parafiscales alrededor de $8,7 billones. No obstante, expertos consideran que el Presupuesto General de la Nación para 2024 presentado a consideración del Congreso de la República en julio pasado, no está financiado ni cumplirá la regla fiscal. Es el caso del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que alertó sobre un aumento mayor en gastos que en ingresos, el próximo año, lo que derivaría en un desfinanciamiento.

Fuentes consultadas: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Portafolio, diario La República, Infobae, periódico El Nuevo Siglo y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Matrícula gratuita en universidades públicas

En lo que se considera el proyecto educativo más ambicioso para cerrar brechas sociales en el país, los jóvenes colombianos tendrán la posibilidad de acceder de manera gratuita a los programas de pregrado en las universidades públicas, tras la aprobación de la Ley 2307 de 2023 a manos del Congreso y su posterior sanción por parte del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el mes de agosto.

La norma que establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de aprendizaje en dichas instituciones, está encaminada a eliminar las barreras de acceso de los estudiantes a los centros de enseñanza superior estatales, pero sobre todo, a garantizar la permanencia educativa de los jóvenes en todo el territorio nacional. La ley señala en uno de sus apartes que el Gobierno asegurará la financiación para el valor de la matrícula en las universidades públicas del país, en el nivel de pregrado.

El documento aclara que las instituciones de educación superior públicas son todas aquellas de tipo técnico, tecnológico y universitario y que los recursos para financiar la gratuidad de la también llamada matrícula cero, estarán a cargo del Presupuesto General de la Nación.

Aspectos para destacar

Dentro de las novedades que la nueva Ley de Gratuidad contempla, se mencionan, por ejemplo, el aumento en la edad de los beneficiarios, quienes ahora podrán superar los 28 años y la posibilidad de que los graduados que tengan especializaciones tecnológicas puedan ser cobijados con ese beneficio. En aras de garantizar el sostenimiento de los estudiantes más vulnerables como madres cabeza de familia, grupos étnicos, población con discapacidad y jóvenes de colegios oficiales y rurales, la norma permitirá la gestión de programas intersectoriales para el otorgamiento de apoyos económicos. Asimismo, se promoverá la implementación de programas de permanencia diferenciales en las instituciones para asegurar el éxito académico y profesional de los estudiantes.

El nuevo marco normativo iniciará su implementación en el primer semestre de 2024 reforzando la estrategia “Universidad en Tu Territorio”. Esta estrategia, liderada por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo facilitar el acceso de 500 mil nuevos alumnos a la Educación Superior, especialmente de aquellos que han sido históricamente excluidos en las diferentes regiones.

Lo que dice la Ley de Gratuidad

El Gobierno Nacional promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes.
Se implementará un mecanismo de verificación para la entrega de los apoyos económicos, con el fin de evitar que un estudiante matriculado en programas de pregrado de las instituciones de educación superior pública reciba más de un auxilio del Estado para el mismo propósito.
La política pública de gratuidad en la matrícula será de forma progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional.
El Ministerio de Educación desarrollará de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual, programas intersectoriales que permitan asignar apoyos para el sostenimiento de los estudiantes matriculados en programas de pregrado, priorizando los pertenecientes a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad según la focalización Socio económica Sisbén lV o el instrumento que haga sus veces definido por el Departamento Nacional de Planeación, víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país.
Frente a la población afectada por el conflicto, se priorizará a quienes se encuentren en el registro de la Unidad para la atención de las Víctimas.

Para tener en cuenta

En ningún caso se podrán afectar los presupuestos anuales, ni las transferencias que por ley se realizan a las Instituciones de Educación Superior (IES) y la financiación será exclusivamente proveniente de recursos adicionales dispuestos por el Gobierno para dar cumplimiento a esta ley.
Se autoriza a los municipios, distritos y gobernaciones la potestad de transferir recursos o cofinanciar la política pública de gratuidad en la matrícula, según lo disponga el ente territorial.
El Ministerio de Educación se encargará de fijar los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula y establecerá las medidas a imponer a los alumnos que dejen su proceso de formación inconclusa y hayan sido beneficiarios de la nueva ley.
Dicha cartera presentará ante las Comisiones Sextas de la Cámara de Representantes y Senado un informe anual en el que se detallará el avance de las acciones emprendidas y el progreso de la gratuidad de la matrícula, al igual que de la metodología utilizada para identificar los criterios de priorización e identificación de la población beneficiaria.
Este asunto se deberá definir en la reglamentación de la norma que, inicialmente, no contemplaría a los estratos 4, 5 y 6.
La ley va a permitir que las zonas rurales que más necesitan oportunidades, y que requieren acceso a las instituciones, puedan apelar a la política de gratuidad en mayor proporción, según explicó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

Fuentes consultadas: Presidencia de la República, Ministerio de Educación Nacional, Infobae, diario La República, periódico El País y Senado de la República.

Reformas al Presupuesto General 2023

El pasado mes de junio, el Congreso de la República aprobó la adición presupuestal de 2023 con la cual el Gobierno Nacional busca impulsar la Reforma Rural Integral y la lucha contra el hambre, fortalecer los subsidios de vivienda y avanzar en el catastro multipropósito, en el que se dispone de la información predial para el ordenamiento territorial y la planeación social y económica de las regiones. Con el proyecto de ley, se adicionan 16,9 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, que con los nuevos recursos, ascendió a $422,5 billones.

La adición se ajusta a la regla fiscal, y se dio en un escenario de desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El propósito es seguir avanzando en la reactivación económica, tras el difícil periodo que vivió el país como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y sus efectos en el aparato productivo nacional y por ende, en el mercado laboral, con la pérdida de miles de empleos tanto en los centros urbanos como rurales.

¿Cómo se distribuirán los recursos adicionales?

De los $16,9 billones aprobados por el Congreso de la República, $9,1 billones se destinaron a la inversión; $7,3 billones a funcionamiento y $500 mil millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones, 5,2% del PIB, y 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($69,7 billones), según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos están orientados además a mejorar la infraestructura escolar, así como a ampliar la cobertura de gratuidad educativa; garantizar el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas y cubrir faltantes en los subsidios de energía y gas, al igual que en la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias.

También se destinarán a incentivar la transformación productiva en el país, cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo; cerrar brechas digitales poblacionales, sobre todo en la zona rural, fortalecer el bienestar de las Fuerzas Militares y de Policía y apalancar la educación artística y cultural.

La iniciativa faculta a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. La medida busca garantizar la liquidez de estas empresas, de cara a los riesgos

venideros como el fenómeno climático de El Niño, en aras de la seguridad energética y la lucha contra la inflación.

Datos presupuestales claves

Con los 16,9 billones de pesos que se adicionaron al Presupuesto General de la Nación 2023, se pasó de tener 405,6 billones de pesos a 422,6 billones.
Eso representa un aumento de 4,2 % a lo aprobado en la Ley 2276 de 2022.
Los recursos adicionales se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre de este año, según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nuevamente la educación aparece como el sector con mayores recursos con 2,19 billones de pesos, seguido de la Salud y Protección Social (2,02 billones de pesos), Hacienda (1,29 billones de pesos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (1,50 billones de pesos).
Para el sector transporte se destinarán 1,44 billones de pesos adicionales, mientras para Minas y Energía 1,40 billones de pesos más. Por su parte, la Agricultura y el Desarrollo Rural recibirán recursos por 1,31 billones de pesos, que se suman a los ya contemplados en el Presupuesto de 2023.
Finalmente, para Defensa y Policía se acordaron 940.000 millones de pesos adicionales, mientras que para trabajo 928.000 millones de pesos más. La Inclusión Social contará con otros 724.000 millones de pesos.
Aunque el proyecto de adición radicado por el Gobierno planteaba inicialmente un aumento en el gasto de $25,4 billones de pesos, a su paso por el Congreso de la República, el monto final quedó en $16,9 billones.

Fuentes consultadas: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Portafolio, Senado de la República, Presidencia de la República y Revista El Congreso Siglo XXI.

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