La Corte Constitucional ordena integrar a las parteras al sistema de Seguridad Social, como una mecanismo de protección de los saberes ancestrales de este grupo de mujeres ubicadas en su mayoría en el Caribe y Pacífico colombiano.
En alianza con la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (ASOPARUPA), Asociación de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (ASOREDIPARCHOCÓ) e ILEX Acción Jurídica contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social del Departamento del Chocó y la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca.
En Colombia, las parteras tradicionales atienden cerca de 30% de los partos que se presentan en las zonas urbanas marginadas y rurales. En Quinchía, una población de la zona cafetera de Colombia, 40% de los partos son atendidos en el domicilio y de estos 63% son atendidos por parteras.
La diferencia entre una parteras y la atención de un profesional en ginecología esta en la capacidad de manejar un menor número de complicaciones como presión alta, diabetes o problemas cardíacos.
La Corte reconoció que “estas personas además de atender alumbramientos, acompañar a la madre gestante y cuidar del bebé recién nacido, brindan servicios de medicina ancestral, diagnóstico y trata de enfermedades a las comunidades a las que pertenecen, mediante el uso curativo de plantas medicinales y otras formas de medicina tradicional”.
Las organizaciones acudieron a la Corte porque durante la pandemia, a pesar de atender multitud de partos, “no fueron catalogadas como talento humano en salud ni priorizadas en el plan de vacunación en contra de este virus” ni se les reconocieron beneficios económicos o les brindaron elementos de protección.
Precisamente, la mortalidad materna en Colombia se disparó durante la pandemia, después de varios años de descenso de las muertes de madres durante el parto y el post-parto.