El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario.
En Colombia, curiosamente y por fortuna, el asunto migratorio y en particular la ola migratoria venezolana, no ha hecho presencia en el debate político y en la definición de las preferencias electorales de la ciudadanía. En otras latitudes como en Europa y Estados Unidos, en cambio, el movimiento masivo de población ha producido, cuando menos, modificaciones importantes en el mapa político, en su mayoría articuladas a la explotación de la xenofobia que han dado origen o han alimentado proyectos políticos de la extrema derecha. Esta infortunada circunstancia en Colombia quizás obedezca a que buena parte de los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestras fronteras y principales ciudades son colombianos o hijos de colombianos, que habían emigrado al vecino país en busca de oportunidades laborales o de mejoras en su calidad de vida, o huyendo del conflicto armado interno. Quizás también a los lazos históricos y culturales que nos unen como pueblos y que constituye un dique de contención al nivel de rechazo o xenofobia de otros contextos. Idiomática y culturalmente hablando, el venezolano difícilmente puede ser considerado un extraño en nuestro país. Pero una circunstancia política particular ayuda a explicar esta relativa tranquilidad con la que hemos recepcionado la crisis migratoria venezolana.
Por un lado, los sectores políticos de izquierda o de centroizquierda han tenido una actitud solidaria y comprensiva con los recién llegados, reconociendo sus derechos y respaldando las acciones del Estado colombiano para su atención. Y para la derecha política, representada especialmente en el Uribismo, acogerlos y reconocerlos es sobre todo una manera de insistir en la descalificación del régimen venezolano como una dictadura 83 El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario.
Han llegado incluso a proponer que los venezolanos sean reconocidos como refugiados en nuestro país, con todo lo que ello implica en materia de derechos para las personas que gozan de este estatus en el derecho internacional. Sin embargo, las cifras Indican que el fenómeno migratorio colombiano es de los más grandes y desafiantes del mundo. La ACNUR calcula en 25 millones el número de personas que se movilizan al año expulsa – dos u obligados a salir de su lugar de origen. En Colombia, según datos oficiales, hemos recibido en los últimos cinco años cerca de un millón ochocientos mil personas provenientes del vecino país. En los momentos más críticos 32 mil personas cruzaron diariamente la frontera colombo-venezolana y, actualmente 40 mil circulan a diario en la zona fronteriza, de las cuales se quedan 3 mil en nuestro país. Situación que inevitablemente se agravará con las restricciones en la circulación de los venezolanos en las fronteras de Ecuador y Perú.
Colombia definitivamente cambió su perfil migratorio. De ser un país expulsor de población pasamos a convertirnos en un país receptor. Esa circunstancia nos sorprendió sin una legislación y sin una institucionalidad suficientemente robusta para atender solidaria y productivamente la llegada de personas de otros países, cuando aún tenemos que lidiar con el desplazamiento interno de población víctima del conflicto y la violencia. El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario.