El reclutamiento forzado de menores de edad continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2025 se han registrado 21 nuevos casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Los departamentos con más reportes durante este periodo son Chocó, con seis casos; Cauca, con cuatro; y Norte de Santander, con tres. Estos territorios, marcados históricamente por el conflicto armado y el abandono estatal, siguen siendo escenarios de una tragedia que afecta especialmente a comunidades vulnerables.
De los menores reportados, trece son niñas y adolescentes, y once pertenecen a comunidades indígenas, lo que refleja una afectación desproporcionada sobre poblaciones tradicionalmente excluidas. La Defensoría advierte que estas cifras podrían ser solo una parte del panorama real, debido al alto subregistro que persiste. El temor a represalias, la falta de garantías para denunciar y la escasa presencia de instituciones en las zonas rurales dificultan que los casos salgan a la luz. “Cada caso implica la ruptura del proyecto de vida de una niña, niño o adolescente”, expresó el organismo.
En lo corrido de este año, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc ha sido mencionado en al menos cinco de los casos, al igual que el ELN y otras estructuras disidentes. En 2024, este mismo grupo fue señalado como el principal responsable, con 205 casos, seguido de otras disidencias (180) y grupos armados sin identificar (93). Cauca, por su parte, continúa siendo el departamento más afectado a nivel nacional, con un total de 360 casos registrados durante el año anterior, una cifra que evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno en esta región.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado al Estado colombiano para que se tomen medidas urgentes y efectivas que permitan frenar este crimen de guerra. Insiste en que no se trata únicamente de cifras, sino de vidas truncadas, comunidades desarraigadas y territorios sometidos a la violencia. Dentro de sus recomendaciones se encuentra la necesidad de aumentar la presencia institucional en las zonas afectadas, garantizar atención psicosocial para las víctimas, y coordinar acciones con las autoridades indígenas y afrodescendientes para asegurar una respuesta con enfoque diferencial. La entidad concluye que el reclutamiento infantil es una tragedia silenciosa que no puede seguir siendo ignorada, y que requiere del compromiso inmediato de todas las instituciones del Estado.
Fuente : W radio