Un nuevo rifirrafe político se desató entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que el mandatario señalara públicamente a Toro como responsable del hundimiento de la consulta popular en el Congreso. El debate, que pasó rápidamente del escenario legislativo a las redes sociales, despertó preocupación sobre el futuro de obras clave en el departamento.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el presidente Petro acusó a la gobernadora de “partir las aguas” al interior del Partido de la U por su supuesta postura anticonsulta. “Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora”, escribió Petro, en un mensaje que fue interpretado como un intento de deslegitimar el liderazgo de Toro en la región.
En respuesta, la gobernadora emitió una contundente carta pública en la que no solo rechazó las acusaciones del mandatario, sino que denunció la posibilidad de represalias políticas contra el departamento. “¿Las obras del Valle se van a frenar porque usted piensa que yo soy su oposición? Eso sería un uso indebido del poder”, escribió.
La mandataria regional recordó que no tiene voto en el Congreso y que, pese a no compartir todos los aspectos de la consulta, su partido presentó una ponencia alternativa que buscaba fortalecer los derechos laborales. “Los derechos de los trabajadores no son una lucha exclusiva suya”, recalcó Toro, enfatizando que también ha trabajado durante años por la justicia social desde distintos cargos públicos.
Entre las obras que la gobernadora pide no poner en riesgo se encuentran el tren de cercanías, el acueducto de Buenaventura, la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado del puerto de Buenaventura, la vía Mulaló–Loboguerrero y un proyecto de soberanía alimentaria que lleva ocho meses esperando respuesta del Ministerio de Agricultura.
Además, pidió explicaciones sobre supuestos chats que estarían circulando con órdenes de “pararle todo a la gobernadora del Valle”. “Espero que dichas afirmaciones sean solo un malentendido y no reflejen una postura oficial”, advirtió.
La controversia también generó reacciones desde el sector privado. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, pidió separar los asuntos políticos del desarrollo de la región. “Los proyectos regionales no pueden ser castigados por decisiones legislativas. El Valle necesita unidad, no bandos”, sostuvo.
La tensión entre Casa de Nariño y la Gobernación del Valle reaviva la discusión sobre la autonomía regional, la descentralización del poder y los límites de las diferencias políticas en un país donde el desarrollo territorial no puede depender de afinidades ideológicas. El llamado de Toro fue claro: “Trabajemos juntos por el Valle del Cauca. Es nuestro deber con el pueblo”.