El Tribunal de Barranquilla ha denegado la libertad extraordinaria a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, tras considerar inconstitucional su designación como gestor de paz.
El magistrado de control de garantías, Carlos Andrés Pérez, argumenta que esta designación sería equiparable a un indulto por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Mancuso enfrenta 33 medidas de aseguramiento en el Tribunal de Barranquilla por su presunta participación en más de 34.704 crímenes y otros delitos graves como exjefe paramilitar. Además, hay otras 14 medidas de aseguramiento en Bogotá.
El magistrado Pérez señala que la resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz presenta serios vicios constitucionales al otorgarle un beneficio similar a un indulto, lo cual no es aplicable para crímenes de guerra y lesa humanidad.
La procuradora delegada Diana Niño se opone firmemente a la suspensión de las medidas de aseguramiento, argumentando que el Gobierno no ha definido claramente el papel de Mancuso como gestor de paz. Niño afirma que esta solicitud de “libertad extraordinaria” debe basarse en fundamentos sólidos y no en discursos políticos.
La fiscal delegada Magaly Álvarez también cuestiona la falta de claridad en la solicitud del Gobierno sobre el papel de Mancuso como gestor de paz, advirtiendo que la designación podría exceder los objetivos del proceso de paz.
Mancuso defiende su designación como gestor de paz, afirmando que su objetivo es facilitar el diálogo con grupos armados como el Clan del Golfo para cerrar el capítulo de Santa Fe de Ralito. Propone la participación de organismos internacionales y países amigos como garantes de su labor como gestor de paz.