Colombia fortalece reparación de víctimas con estrategias definidas en el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras
El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras que se desarrolla en el Caribe colombiano, se consolida como el principal escenario del país para articular al Gobierno nacional, la Rama Judicial, Ministerio Público, las comunidades y la cooperación internacional en torno a un objetivo en común: garantizar la reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado a 2031. Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios. “El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas. En este encuentro, Colombia avanzará en una articulación sin precedentes entre institucionalidad y territorios, integrando las voces campesinas, étnicas y comunitarias en la toma de decisiones.
