La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, ordenó de manera preventiva a cuatro (4) comercializadores de pruebas rápidas para la detección de COVID-19, el CESE de la comercialización de estos dispositivos médicos, al tiempo que ordenó a Mercado Libre Colombia el retiro de las publicaciones identificadas en su portal web.
El diplomático estadounidense habló sobre la salida de la plataforma del país y sus implicaciones, en términos laborales y económicos. El pasado 1 de febrero la compañía dejó de funcionar en Colombia, debido a la normatividad impuesta por La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Según la entidad, Uber cometía varias irregularidades, entre estas, la competencia desleal. Frente a esto, el embajador expresó en un foro de empresarios: “Nos preocupa que una empresa tenga que cesar sus operaciones mientras sus operadores siguen haciéndolo aparentemente en el mismo modelo de negocio. Miles de trabajadores y consumidores se verán afectados negativamente”. Además, afirmó que la plataforma se encuentra en el marco de lo judicial y que las empresas deben encontrarse en un nivel justo y equitativo. Por su parte, el director de la empresa, George Gordon, aseguró que el gobierno colombiano debe crear una solución que permita a Uber competir con otras plataformas, ya que consideran que la situación es discriminatoria, al ser la única expulsada del país. También, reiteró que en los demás países donde se ha establecido la multinacional, se han logrado compromisos y regulaciones para legalizar la situación. Gordon manifestó que está dispuesto a establecer un acuerdo con el gobierno colombiano para que la aplicación pueda regresar al país a prestar su servicio.
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Tras la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de bloquear Uber en Colombia, los directivos de la plataforma anunciaron que demandarían al país por presunta violación del TLC con EE.UU Así lo confirmaron los directivos de la plataforma por medio de una carta remitida directamente al Presidente Iván Duque, en la cual afirman que los acuerdos de libre comercio están siendo quebrantados, pues Uber estaría bajo las leyes de Delawere, un inversor protegido de los tratados de intercambio comercial con el país norteamericano. “Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio”, aseguraron los directivos de la plataforma. Por su parte, el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, anunció que el Gobierno tiene seis meses para ponerse en contacto con los dirigentes de Uber para llegar a un acuerdo amistoso y evitar que la demanda llegue a ser efectiva, tras la decisión de impedir el funcionamiento de la aplicación el pasado 20 de diciembre. Aunque la organización haya indicado que el bloqueo de la plataforma haya sido “disriminatoria, arbitratria y por presiones políticas”, Gómez respondió aclarando que no fue por “presiones políticas” sino que fue una decisión totalmente jurídica.
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Con 50 años recién cumplidos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una de las entidades que ha logrado conservar una buena imagen entre los colombianos, gracias a la eficiencia en la protección del consumidor, la libre competencia y la propiedad industrial. Ese fue el legado que recibió Andrés Barreto, quien se ha propuesto fortalecer mucho más la agencia reguladora, incentivar la innovación en el país y poner a tono la industria y comercio, luego del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde su creación en 1968, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha encargado de la propiedad industrial, protección al consumidor y de la libre competencia entre empresas e industrias, como parte de sus funciones. En la actualidad, es una de las instituciones más fuertes en Colombia en materia de regulación, por lo que el gran reto que tendrá Andrés Barreto, abogado de la Universidad del Rosario, es superar lo alcanzado por sus antecesores. “Todos han entregado la posta a su sucesor con un poco más de capacidad, así que es un pacto implícito que tenemos entre nosotros: dejar la vara cada vez más alta”, señala el superintendente, quien también le hace un reconocimiento a sus predecesores por el trabajo realizado en el medio siglo que cumple la entidad. Sin embargo, Barreto está listo para dejar su propia huella durante su periodo al frente del organismo de control. La propiedad industrial: nuez de la economía creativa Basándose en la agenda de “legalidad, equidad y emprendimiento” que impulsa el Gobierno del Presidente Iván Duque, el superintendente se ha fijado como objetivo fortalecer el sistema de propiedad industrial, ya que este es el “indicador de cómo se mueve el tema de innovación y emprendimiento, porque solamente a través del registro de compañías y de empresas podemos evidenciar formalidad y, además de eso, nuevas creaciones”. Adicional a esto, la facultad que tiene la Superintendencia de ser la autoridad en materia de propiedad industrial, le permite verificar los signos distintivos, marcas, patentes e invenciones para poder medir “no solamente cuánto están registrando los colombianos, sino que tan redituables son esas creaciones”. La lucha por la libre competencia y el respeto al consumidor Para el superintendente, “la competencia y la libre empresa son derechos constitucionales y de ahí la importancia de nuestra función”, por lo que es claro que la corrupción es una práctica restrictiva en relación con la contratación estatal. Por este motivo, asegura que la Superintendencia continuará con el estricto control que ha venido adelantando en los últimos años sobre esta censurable conducta que tanto ha impactado a la sociedad colombiana. “Seguiremos adelantando las investigaciones que ya tenemos abiertas en la delegatura de competencia y sancionando a aquellos que no quieran darle cumplimiento a la ley”, sostuvo Barreto. Sin embargo, aclaró que van a ser garantistas en el equilibrio de sus funciones e invitó a que “adopten programas de ética y transparencia empresarial, con el fin de que la órbita de acción sea lo más reducido posible porque hay autorregulación”. En este sentido, el superintendente de Industria y Comercio anticipa que se va a efectuar una reforma a la estructura orgánica de la entidad y evaluar la implementación de un programa de cumplimiento (compliance) para que las empresas se fortalezcan en el tema de ética y anticorrupción, lo que iría en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que recientemente ingresó Colombia. “Por esa vía podemos buscar que los empresarios implementen las guías de cumplimiento que les damos y eventualmente, si llegasen a ser sancionados, esto pueda utilizarse a favor del investigado para mitigar el tema de la multa”. “Es un trabajo que va más allá de vigilar la competencia porque reviste realmente responsabilidades grandes”. El superintendente de Industria y Comercio durante la gala del Premio Nacional del Inventor Colombiano. El Premio Nacional del Inventor Colombiano es uno de los impulsos a la innovación que ofrece la SIC.