febrero 11, 2025

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Duque exige altas sanciones a empresas que ofrezcan sobornos para obtener contratos

“Espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción”, aseguró el jefe de Estado. “Empresa que corrompa a un funcionario para ganar un contrato no solamente está incurriendo en una grave falta penal, sino en una grave falta al derecho a la competencia, que amerita que se aplique la más alta de las sanciones pecuniarias posibles en nuestro país”. Así lo pidió este lunes el Presidente Iván Duque a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIG), durante la conmemoración de los 50 años de la entidad, evento que se realizó este lunes en Bogotá. El mandatario consideró que no se puede permitir este tipo de prácticas en el país, por lo que invitó al Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, y al equipo de la entidad, a darle celeridad al proceso. “No podemos permitir que una sola empresa siga pretendiendo en nuestro país que a base de dádivas, de sobornos, de coimas, de recursos que se pagan en paraísos fiscales, pretenda considerarse parte del ambiente económico nacional”, sostuvo. En este sentido, Duque pidió sanciones ejemplarizantes que contribuyan a la derrota de cualquier forma de corrupción en Colombia. “Espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción”, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República 

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Gobierno expedirá paquete de decretos de meritocracia para contrataciones del Estado

El Presidente Duque explicó que la iniciativa busca fortalecer la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional. En el marco de la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, evento que se realizó este jueves en Bogotá, el Presidente Iván Duque anunció la expedición de un paquete de decretos de meritocracia para la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional, como parte de las medidas que el Gobierno Nacional implementará para mejorar la competitividad del país. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de esta iniciativa es garantizar más transparencia en dichas gestiones y buscar que “todo el país pueda evaluar nuestro comportamiento”. Fortalecimiento de la SIC El Presidente también mencionó la intención de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de modo que combine pedagogía con capacidad sancionatoria. “Yo creo en una Superintendencia de Industria y Comercio que combine la pedagogía también con las sanciones. Pero necesitamos que el marco sancionatorio sea mucho más transparente, y queremos que esa SIC se fortalezca, y fortalezca también la posibilidad de darles plenas garantías a todos los participantes en los procesos, justamente para prevenir las situaciones de juez y parte”, dijo el Presidente. A renglón seguido, citó el ejemplo de otros países que han logrado tener tribunales de competencia dentro de las mismas superintendencias. “Quizá ese sea un camino”, dijo. Y se refirió a la importancia de que dentro de los mismos procedimientos, se pueda “separar muy bien quién es el que está acusando y quién es el que está imponiendo las sanciones, con las debidas revisiones”. Esta iniciativa se une a otras medidas impulsadas por el Gobierno Nacional destinadas a combatir la corrupción y el contrabando, entre otras problemáticas, que ponen freno a la competitividad y al crecimiento y el desarrollo económico del país. El jefe de Estado hizo estos anuncios al recibir el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, documento que presenta las estrategias que el Consejo Privado de Competitividad recomienda priorizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y que deberían materializarse en acciones de política pública de las entidades del Gobierno Nacional. Con información de la Presidencia de la República 

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“En Colombia no hay espacio para prácticas anticompetitivas”

“En Colombia no hay espacio para prácticas anticompetitivas” Durante los seis años al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a Pablo Felipe Robledo no le ha temblado la mano para meter en cintura a pesos pesados de la economía, en su riguroso control para defender los derechos de los consumidores colombianos. El funcionario, quien ha dejado huella en su paso por la entidad, habló con la revista El Congreso sobre su gestión y firme compromiso de seguir trabajando por el país. A Pablo Felipe Robledo le indigna la corrupción y por eso ha dedicado gran parte de su carrera a combatirla. Durante 15 años ejerció su profesión como abogado y nunca tuvo expectativa alguna de estar al frente de un cargo público. Fue en el año 2010 que llegó a ser viceministro del Interior y de Justicia con Germán Vargas Lleras a la cabeza. Desde allí, ayudó a tramitar el proyecto de ley que buscaba reformar la justicia en Colombia. Con la promesa de reforzar la capacidad de control y sanción de la SIC, Robledo asumió en 2012, el que ha sido su mayor reto profesional hasta ahora: tomar las riendas de esta entidad que tiene la misión de proteger el derecho de los consumidores y hacer posible una sana y libre competencia entre las empresas del país. Pablo Felipe Robledo ha dedicado gran parte de su vida a combatir la corrupción y defender los derechos de los consumidores. “No tengo duda alguna de que yo entregaré una Superintendencia muchísimo mejor que la que recibí” ¿Cuáles han sido los logros que más destaca como superintendente para que hoy esta institución sea reconocida por su capacidad sancionatoria? A mí me tocó vivir un momento institucional muy bueno, diferente a lo que les tocó vivir a otros que antecedieron mi cargo. Recibí una Superintendencia con mucho más presupuesto, más gente, con 50 veces más capacidad sancionatoria y con algunas leyes nuevas como la ley de protección de datos personales y derechos del consumidor. Es decir, que con lo que a mí me entregaron no se podía fracasar. Convertimos en política pública defender como nunca antes en la historia de Colombia la libre competencia económica y a los consumidores. Por eso, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos siempre respaldó las decisiones de la entidad. Con la creación de políticas públicas se les envió un mensaje a los empresarios y a la gente para que conocieran sus derechos y los beneficios de la economía de mercado. El mensaje que se le dio al empresario es “o se convence de portarse bien, o hacemos que se porte bien”. En este país no hay espacio para las prácticas anticompetitivas, para los carteles, para lo que no es correcto en el mundo empresarial y lo estamos sancionando ejemplarmente al costo político o personal que sea. Y si por alguna decisión salgo del cargo es por hacer mi trabajo y no por “calentar silla”. Usted ha reiterado la importancia de que este nuevo gobierno convierta en política de Estado la protección de la libre competencia y de los consumidores. ¿Qué tan viable cree que esté cerca de convertirse en una realidad? En Colombia nunca habíamos ejecutado una política pública que protegiera la libre competencia y a los consumidores. Cuando lo hicimos por primera vez, estas eran políticas de Gobierno, más no de Estado. La diferencia es que la política de Gobierno se ejecuta por el convencimiento del presidente de turno. En cambio, las políticas de Estado se llevan a cabo con absoluta independencia en los cambios de administración y se mantienen. Necesitamos que el Gobierno del presidente Iván Duque y los que vienen continúen con determinación protegiendo lo que hemos estado impulsando por años. Confío en que lo hará porque cuando Duque fue senador muchas veces se refirió con beneplácito al trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y su formación es compatible con la férrea defensa de la economía de mercado.  No creería yo que hubiese un cambio en la Superintendencia que implique retroceder en estas políticas públicas. ¿Cómo sería el panorama de la SIC para quien llega a sucederlo? Siempre he dicho que uno tiene que entregar lo que recibe mejor de cómo lo recibió. Por eso no tengo duda alguna de que yo entregaré una Superintendencia muchísimo mejor que la que recibí, porque la vamos a entregar con un enorme presupuesto – casi cinco veces más- y con tres veces más funcionaros, pues hoy tenemos a cerca de 1.800 personas trabajando en la entidad. Cuando puse la primera multa de 85 mil millones de pesos a Comcel por abusar de su posición de dominio, mucha gente pensó que yo me había enloquecido. Luego entramos a sancionar a los carteles empresariales y empezamos a ver a muchas empresas con buena reputación que estaban involucradas en estos hechos bochornosos. La gente no lo podía creer.  Ya ahora estas decisiones no sorprenden a nadie, pues pasaron a ser hechos normales, casi que rutinarios. Hasta el día de hoy entrego una entidad absolutamente fortalecida, con gran credibilidad, en la que la gente cree y quiere. Es por eso que al próximo superintendente le va a quedar más fácil hacer su trabajo. ¿Cómo garantizar que todo lo que usted alcanzó en estos años al frente de la entidad permanezca? Eso está en manos del presidente y en manos del próximo superintendente. No quiero ni siquiera pensar que esto pueda tener un revés. Me parecería terrible para el país, para el Gobierno, los colombianos e implicaría que perdí seis años de mi vida. Pablo Felipe Robledo asegura que deja una Superintendencia mejor de la que recibió. ¿Qué tanto han dañado las prácticas ilegales a la economía colombiana y al gremio empresarial? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que la cartelización empresarial es la conducta más vergonzosa y escandalosa en la que puede incurrir un empresario, quien está diseñado genéticamente para competir. Por eso, no pueden reunirse en un sótano, a las cinco

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“Nadie está por encima de la ley”

Hace mucho tiempo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó de ser una entidad de bajo perfil para convertirse en un órgano independiente, visible, fuerte y contundente en su tarea de proteger a los consumidores colombianos. En esa labor ha sido fundamental la gestión desarrollada por el pereirano Pablo Felipe Robledo. La Superintendencia de Industria y Comercio salió del ostracismo gracias al temple y firmeza de Pablo Felipe Robledo para evitar que se violara en el país la libre competencia y se desconociera el derecho de los consumidores a contar con un producto de buena calidad y un valor real. Es así como ha destapado la existencia de grandes carteles que acordaban precios como el de los pañales y el papel higiénico, en perjuicio del mercado y de millones de usuarios colombianos. Pero su gestión se ha enfocado en varios frentes. Desde que llegó a la SIC, este abogado y profesor universitario, con amplia experiencia en el sector público, se ha dedicado a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y a promover leyes importantes a través del Congreso para proteger al consumidor. Además, ha adelantado innumerables investigaciones y aplicado sanciones a quienes han venido violando el derecho a la privacidad de los datos personales. Los resultados de la labor ejercida en ese campo han sido significativos. Retos Lo más importante es seguir consolidando esa política pública. Para nadie es un secreto que la entidad, que este año llega al medio siglo, pasó durante mucho tiempo como una institución desapercibida. “En el último quinquenio, la Superintendencia ha logrado tener un papel protagónico en la vida nacional, ya que hemos hecho lo que los países desarrollados llevan haciendo en 50 años”, en beneficio de la población, sostiene el funcionario. Precisamente, la línea de acción sobre la cual se ha trabajado, le ha servido a Robledo para destapar los más sucios carteles empresariales que por años estuvieron operando en Colombia sin una entidad que los regulara. Los esfuerzos de la SIC están dirigidos no solo a proteger la libre competencia, sino también a blindar la economía de mercado y a los millones de usuarios que están expuestos cada vez más al ejercicio de prácticas desleales. “Nosotros protegemos ese sistema económico que adoptó Colombia que es la economía de mercado; sin embargo, eso no se protege con un artículo de la Constitución, eso se protege defendiéndola todos los días de los ataques que esa economía de mercado tiene. No hay para la Superintendencia una misión en el corto plazo más aspiracional que consolidar una política pública”, asegura. El Cartel de los pañales, el Cartel del azúcar, el Cartel del cemento y el Cartel de los cuadernos son algunos de los monopolios destapados gracias a las labores del superintendente Felipe Robledo. Institucionalidad Pablo Felipe Robledo admite que para el año 2010 la capacidad sancionatoria de la Superintendencia era irrisoria. “Trabajaban 400 personas y teníamos 38 mil millones de pesos de presupuesto anual. Hoy, ocho años después, la capacidad sancionatoria de la entidad es la más alta de todas las superintendencias. Tenemos más de 1.400 personas laborando, hemos más que triplicado el número de quienes trabajan aquí y tenemos un presupuesto cuatro veces superior al de hace ocho años”, destaca el funcionario. Reconoce también que la institucionalidad en torno al fortalecimiento de la Superintendencia ha venido siendo infinitamente superior a lo que era en el pasado. Según el superintendente, esa efectividad se logró por una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 cuando empezó el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en la que se priorizó a la entidad como protectora de la libre competencia, de los consumidores y del Habeas Data. Años después, en el ranking que hacen los organismos internacionales, posicionan a la SIC al nivel de sus autoridades homologas de Europa. Carteles empresariales La cartelización es una de las prácticas anticompetitivas más dañinas para los mercados y tiene un alto impacto en los consumidores. En los últimos años, las violaciones a la libre competencia se han hecho más visibles, puesto que las autoridades tienen bajo la lupa a las empresas y han dado a conocer sus hallazgos. Los avances en investigaciones a los carteles han permitido que Colombia sea uno de los países líderes en la región junto con Brasil, México y Chile. AÑO VALOR GLOBAL DE MULTAS 2012 $60.582 millones 2013 $175.571 millones 2014 $194.840 millones 2015 $364.348 millones 2016 $535.171 millones 2017 $345.257 millones “La cartelización es una tentación para los empresarios porque, renunciando a competir y amangualándose, pueden dormir tranquilos. El sistema económico lo que necesita es que los empresarios estén preocupados por competir, por ser mejores, por ganarle al otro y en esa lucha al final son mejores empresarios”, señala Robledo. Estrategias para incentivar la libre competencia La Superintendencia ha visibilizado un fenómeno que estaba presente pero escondido. “Hemos impuesto sanciones sin importar lo poderosas que sean o se crean. Hay empresarios que se creen que están por encima del Estado y las instituciones, y lo que le hemos demostrado nosotros es que nadie está por encima de la institucionalidad y el cumplimiento de la ley”, advierte Robledo. Desde que asumió las riendas de la entidad, puso en la agenda pública la importancia de la libre competencia y la protección de los consumidores. Con esa visión, ha recorrido cada rincón de Colombia para hablar con los empresarios, dictar conferencias y asistir a reuniones. “No existe un país desarrollado en el mundo que no tenga una fuerte autoridad de protección de la libre competencia con gran capacidad sancionatoria. Esos países entendieron que para ser desarrollados hay que hacer respetar el modelo económico”, agrega. Fortaleciendo una gestión responsable Según Robledo, Colombia es una nación que cree cada día más en la importancia de proteger la libre competencia y sus consumidores. Reconoce que buena parte de la polarización del debate político, que existe hoy en día, gira en torno a saber qué país queremos. En su concepto, lo importante es que exista una autoridad que día y noche trabaje para

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