marzo 23, 2025

SIC

Delegado de la SIC, renunció a su cargo, habría sido presionado para favorecer a Alberto Merlano Alcocer

Según noticia publicada en el medio de comunicación digital La W, el ahora exdelegado de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC Alexander Sánchez, quien recientemente renunció a su cargo, habría sido presionado para revocar una sanción contra el tío de la primera Dama de la República, Verónica Alcocer; Alberto Merlano Alcocer. A pesar de que la Superintendencia habría negado el presunto hecho de corrupción, la denuncia revela que Sánchez tomó la decisión al estar expuesto, al parecer a presiones para favorecer al familiar de la Primera Dama y obviamente por no estar de acuerdo con esta decisión que se iba a tomar a favor de Alberto Merlano Alcocer. Sánchez habría escrito en su estado de Whatsapp “Me puede temblar la voz, pero nunca la moral”, escribió, una frase de Enrique Low Murtra. Lo anterior estaría enfocado en la posible postulación de Alberto Merlano para ocupar un cargo en de Gobierno y que definitivamente quedaría sin efecto, al estar expuesto a las sanciones en su contra. Sobre Merlano se pudo conocer que ya había trabajado en la petrolera colombiana, como director de Recursos Humanos. Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció Ante lo expuesto la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció por medio de un comunicado tras la renuncia irrevocable de los delegados Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra, ante las supuestas presiones que habrían recibido para favorecer al tío de Verónica Alcocer, Alberto Merlano Alcocer “Por el contrario, la solicitud de la revocatoria directa tiene un control de legalidad ante el juez de conocimiento en donde se está tramitando la nulidad de la sanción. En ese sentido, la justicia es la encargada de impartir la orden de aprobar o no dicha solicitud, de acuerdo con la justificación de la solicitud”.

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Líderes taxistas van tras Beat, Didi y Cabify, pese a amenazas

El dirigente del transporte, Hugo Ospina, anunció que ha recibido múltiples amenazas luego de que Uber determinara su salida del país. Sin embargo, aseguró que seguirá con las denuncias en contra de las plataformas de “transporte ilegal”. “En medio de tantas amenazas y muertes a líderes sociales uno espera que no termine siendo uno más del montón”, dijo Ospina tras informar sobre las amenazas.  Pese a la situación planteada, el abogado de Cotech y Taxis Libres, Nicolás Alviar, anunció que el gremio de taxistas seguirá entablando procesos judiciales contra las aplicaciones Beat, Didi y Cabify a las que considera “competencia desleal” porque incumplen con las normas del transporte que rigen en Colombia.  En diálogo con Blu Radio, Alviar indicó que para que Uber vuelva a tener lugar en el país tiene que adaptarse a las tarifas reguladas por el Gobierno Nacional, habilitarse como empresa de transporte público y no prestar el servicio en vehículos particulares.  “Cuando se analiza el actuar de Uber en los diferentes procesos judiciales aquí en Colombia y en el mundo, se ve claramente que no hay intención de cumplir los fallos judiciales”, aseveró Alviar en contra de la aplicación, quien también señaló que la publicación de retiro de la plataforma pudo haber sido una estrategia para no cumplir la decisión tomada por la SIC, ya que la orden, según el abogado, era de inmediato cumplimiento.      

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¡Uber se va de Colombia!

Después de que los directivos de la aplicación habían anunciado la posible denuncia a Colombia por violar el TLC con EE.UU al bloquear la plataforma de movilidad, Uber decide dejar de funcionar en el territorio nacional desde el primero de febrero. A través de un comunicado, la plataforma de movilidad, Uber, anunció que desde el primero de febrero dejará de funcionar en Colombia después de que el pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio haya decidido impedir el funcionamiento de la aplicación. “Consideramos esta decisión arbitraria. Por eso hemos utilizado todos los recursos legales y lo seguiremos haciendo, para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88 mil socios conductores de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”, dice el documento.  Por su parte, la SIC se defendió diciendo que la decisión fue tomada porque la plataforma estadounidense incurrió en “actos de competencia desleal” al violar las normas y por “desviación de clientela” al prestar un servicio público individual de transporte de forma irregular. Sin embargo, los directivos expresan en el comunicado que este tipo de inconvenientes es por culpa de las leyes colombianas. “Decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”. Después de seis años de que Uber haya llegado al país, la plataforma decidió no seguir funcionando en el territorio nacional.  “Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, indica el escrito. 

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