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Después de que las delegaciones del Gobierno nacional y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) anunciaran que firmaron el primer punto de los diálogos de paz, y en el cual se establece de qué forma podrá participar la sociedad civil, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) expresó su preocupación sobre la firma de este apartado.  La ceremonia de firma contó con la presencia de Manuela Márquez, delegada del ELN, y Rodrigo Botero, delegado del Gobierno de Colombia, quienes leyeron públicamente el documento del acuerdo. El primer punto aborda la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la construcción de una paz duradera y sostenible, garantizando que las voces de todos los sectores sean escuchadas y consideradas en las decisiones cruciales del país. Este acuerdo es el resultado de 78 encuentros que congregaron a 8.465 personas de 3.132 organizaciones sociales, representando 30 sectores integrados en el Comité Nacional de Participación. Además, enfatiza la importancia de la participación democrática y pluralista en la transformación de las condiciones que han generado y perpetuado el conflicto armado en Colombia. La firma de este acuerdo es percibida como un paso fundamental en el camino hacia la reconciliación y el cese de la violencia por parte del grupo armado, según lo expresado por los delegados. Sin embargo, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó su preocupación respecto a este acuerdo. Señaló que al menos tres elementos generan inquietud. En primer lugar, cuestionó el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados en los mecanismos de participación, lo que, a su juicio, no garantiza la inclusión de toda la sociedad. “Parece que estas transformaciones terminan siendo de obligatorio cumplimiento por las partes y deberán convertirse, como dice el mismo texto, en políticas públicas. Entonces, la gente se pregunta qué va a pasar con la Constitución y si se va a respetar”, afirmó.  En segundo lugar, destacó las garantías de participación ciudadana, especialmente en áreas rurales donde el ELN tiene presencia significativa. “En departamentos como Arauca, Nariño y muchos otros, el documento no menciona un compromiso del ELN de abandonar la minería criminal o la extorsión, que siguen siendo fuentes de financiación de este grupo terrorista”. Finalmente, cuestionó la intención del Gobierno en relación a una posible Asamblea Constituyente, mencionando que la interpretación del acuerdo genera temores adicionales. “La lectura de ese documento, junto con lo dicho por el excanciller Leyva sobre la Constituyente, indiscutiblemente genera una gran preocupación adicional”, comentó.