junio 17, 2024
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Restitución de tierras

Con insumos y herramientas, víctimas del conflicto armado mejoran sus cultivos

A través del proyecto de apoyo al sostenimiento, beneficio y transformación del cacao, como iniciativa de proyectos productivos encaminados a los beneficiarios de fallos de restitución de tierras y víctimas del conflicto armado que han recuperado sus propiedades en cinco municipios del departamento. “Desde el Gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado ratificamos el compromiso con la dignificación de la vida de nuestras familias campesinas, víctimas del conflicto armado. Por eso, dotamos a 15 familias de los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Rionegro, Girón y Lebrija, quienes contaban con cultivos de cacao ya establecidos y, sobre todo, con fallos de restitución de tierras en firme”, indicó el director Técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Edisson Javier Castañeda López. Los agricultores recibieron a través de este proyecto que tuvo una inversión de 150 millones de pesos, elementos como cal, abono orgánico, abono químico, fertilizantes, cicatrizantes industriales, tijeras para podar, fumigadoras, motosierras y demás herramientas que aportan al óptimo desarrollo de este representativo cultivo de Santander. “El apoyo a las apuestas productivas de todos los campesinos del departamento es fundamental. En articulación con la Gobernación de Santander, venimos haciéndole seguimiento y materializando las sentencias de restitución de tierras de todas aquellas víctimas del despojo y el abandono, ya que actualmente, contamos con más de 500 sentencias”, señaló el director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio, Rafael Figueroa Rincón. De esta manera, se sigue aportando a la dignificación y recuperación de la calidad de vida de las familias que a causa del conflicto armado interno han estado expuestas a condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad, y que ahora, a través de la agricultura, encuentran una nueva oportunidad para su sostenimiento familiar.  Para los agricultores, la recuperación de sus tierras y el impulso en el desarrollo de cultivos como el cacao, que permite cosechar en diferentes momentos del año, es significativo, como es el caso de Doris Santos Camacho, quien fue desplazada hace 34 años y tuvo que dirigirse a Saravena, Arauca: “Nosotros retornamos a Santander hace siete años y gracias al señor, recuperamos la finca hace un año, que estaba muy deteriorada. Este kit fue una bendición de Dios, nos llegó todo lo que necesitábamos y nos sirve mucho porque podemos abonar las matas y entre más abonadas estén, más nos dan. Gracias al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, por las ayudas, que Dios le siga dando ese entusiasmo de seguir ayudando a la gente campesina”, puntualizó la agricultora de El Carmen de Chucurí.  Tomado de: Gobernación de Santander 

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Tiene que haber reparación de víctimas. Eso lo ejerce el actual gobierno y debe hacer hasta lo imposible para que haya justicia en Colombia, dijo el Presidente Petro al entregar títulos de tierras en los Montes de María

272 familias víctimas del conflicto y firmantes de los Acuerdos de Paz recibieron más de 780 hectáreas de tierra para proyectos productivos, ubicadas en El Carmen de Bolívar. El acto simbólico encabezado por el mandatario se realizó en el corregimiento El Salado, Bolívar, donde fue perpetrada una masacre entre el 16 y el 22 de febrero del 2000. El jefe de Estado se refirió a las críticas a la búsqueda de mecanismos más expeditos para la adquisición de tierras y dijo que “no es expropiación exprés”, sino rapidez para entregar la tierra lo que se busca. El Presidente Gustavo Petro Urrego subrayó, al entregar títulos de propiedad de tierras en los Montes de María, que tiene que haber resarcimiento a las víctimas y esa tarea la está haciendo el gobierno, que hará hasta lo imposible para que haya justicia. Reparación para las víctimas “Tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas”, expresó el jefe de Estado en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, donde ocurrió la masacre en 2000. Allí 272 familias víctimas del conflicto y firmantes de los Acuerdos de Paz recibieron más de 780 hectáreas de tierra para proyectos productivos. 499 de las hectáreas beneficiarán a 194 familias de firmantes.  El mandatario dijo que se critica al gobierno porque busca mecanismos más expeditos para adquirir tierras. “¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, dos meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación exprés? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título”.  Denunció que las sentencias judiciales que ordenan la devolución de las tierras despojadas permanecían hasta diez años “en las gavetas de los funcionarios públicos porque simplemente, cómplices del desalojo violento, no querían la restitución de las víctimas”.  La tierra es función social “Qué diferencia cuando un gobierno propone agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia, con los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde, al hambre, a la penuria”, subrayó. El presidente Petro Urrego recalcó que la tierra tiene una función social y el Estado debe hacer cumplir esa función social  Se refirió a la masacre de El Salado, donde se hizo la entrega de títulos de propiedad a los firmantes de los Acuerdos de Paz, y señaló que la empresa Argos “se quedó con la tierra de los desplazados” por esa matanza y ahora, luego de 22 procesos judiciales, debe restituirla por decisión judicial.  “¿Por qué estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra? Era como si le quitaran tres pelos a un gato, como dicen ahora. La codicia lo impidió”.  Investigar desacato a la justicia El presidente pidió investigar a los funcionarios que han guardado las sentencias y dijo que “han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir”. Les solicito a los jueces de tierras, a la Jurisdicción Agraria​, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto –soy el responsable de eso–,  tenemos que multiplicarlo por 10, por 50, el número de jueces, hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana, porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz”, puntualizó. “Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación”. Recalcó que la tierra tiene una función social y el Estado debe hacer cumplir esa función.  Sobre a la masacre de El Salado, señaló que la empresa Argos “se quedó con la tierra de los desplazados” y ahora, luego de 22 procesos judiciales, debe restituirla. “Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación”. Entrega de títulos Asociaciones campesinas de víctimas del conflicto y reincorporados de las FARC, firmantes de los Acuerdos de Paz en la región de los Montes de María, recibieron del Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), más de 780 hectáreas de tierra como Reparación efectiva e integral a las víctimas​ En el acto en el corregimiento de El Salado, de El Carmen de Bolívar,  encabezado por el presidente de la República, participaron la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; el director de la ANT, Gerardo Vega Medina; el alcalde de El Carmen, Carlos Eduardo Torres, y las familias beneficiarias.   Las familias de Andris Quiroz Osorio, María Angélica Garrido Sanabria y Ubaldo Enrique Zúñiga Iriarte recibieron, de manera simbólica, las llaves y derechos de uso de tierra.  Masacre de El Salado En El Salado, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron en febrero del 2000 una masacre en la que fueron asesinadas por lo menos 60 personas. Tomado de Presidencia

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Toda la tierra en extinción de dominio que tiene el gobierno pasará al campesinado y debe estar acompañada de crédito barato y asistencia técnica para producir alimentos, ordena el presidente Petro

El mandatario entregó dos fincas, expropiadas al narcotráfico, de 1.641 hectáreas, a 200 familias de Ciénaga de Oro que establecerán proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y avanzar en la reforma agraria. La reforma agraria se adelanta sin despojar de la tierra a los hacendados, sino comprándola con dineros públicos, para que sea productiva y brinde dignidad al campesino. “Queremos organización campesina, porque esa es la base de una reforma agraria, es la base de la prosperidad”, sostuvo. Tierras expropiadas al narcotráfico y administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarán al campesinado de Colombia. Así lo ordenó el presidente Gustavo Petro, durante la entrega a 200 familias de Ciénaga de Oro de dos fincas, de 1.641 hectáreas, en donde establecerán proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y avanzar en la reforma agraria. “Toda la tierra en extinción de dominio, la que tenemos en nuestras manos y la que la corrupción ha querido quitarle al pueblo, debe pasar al campesinado de Colombia para producir alimentos”, dijo. Las tierras se deben trabajar El mandatario advirtió que “no puede haber una sola repartición de tierra a campesinos que no vaya acompañada de crédito y de ayuda para la producción, porque si no, entregamos tierra pelada, y la tierra pelada no produce riqueza”. “Es un crimen contra la humanidad tener tierra fértil sin producir, mientras miles de niños y niñas aguantan hambre. La reforma agraria integral del Gobierno del Cambio”, subrayó el presidente, “es repartir la tierra para que tenga una función social: producir la comida para el pueblo y para la humanidad”. Para lograrlo, señaló, “lo vamos a hacer pacíficamente, de acuerdo con los terratenientes de Colombia y sus voceros”.  “Ese es el Acuerdo Nacional del que yo estoy hablando. Lo vamos a hacer bailando. Ojalá salgan las composiciones, los porros y las cumbias y las gaitas, que nos permitan cantar cómo la tierra en Colombia empieza a hacer el sustento de una nueva realidad y de una nueva sociedad”, expresó. Los narcotraficantes no se han dado cuenta de que con la llegada de su gobierno, dijo, “hay otra realidad en Colombia”, y por eso amenazaron a los funcionarios de la SAE que trasladaban la propiedad de esas haciendas al campesinado, “con la intención de repetir las noches negras de hace unas décadas”. Avances en la reforma agraria  “Hoy hay un gobierno, un Ejército y una Policía que, a diferencia del pasado, van a cuidar al hombre y a la mujer humilde campesina y a sus niños y a sus niñas”, advirtió a quienes profieren estas amenazas. Los narcotraficantes tienen otra opción, dijo el presidente: “Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos que hayan estado incursos en ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente, del cerebro, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde”. El presidente Petro les dijo, nuevamente, a los grandes hacendados que el gobierno avanza en la reforma agraria no quitándoles la tierra, sino comprándosela con dineros públicos para darle al campesinado la posibilidad de producir alimentos y, a la vez, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. “A los hacendados de Córdoba les decimos que queremos que sean más ricos, pero la riqueza no consiste en tener más y más tierra acaparada sin poderla hacer producir, sino en tener lo suficiente para hacerla producir, para ser grandes ganaderos, grandes productores de carne y de leche”, dijo. “Si el campesinado de Ciénaga de Oro puede producir maíz, yuca, ñame, caña para la panela con coco y la yuca para el cazabe, entonces este pueblo podrá ser más rico”, indicó. Impuesto predial para mas de 500 hectáreas El jefe de Estado solicitó a la Alcaldía de Ciénaga de Oro establecer un impuesto predial a “todo aquel que tenga más de 500 hectáreas y no produzca ni una mata de yuca”, para que estos recursos contribuyan a financiar la educación para los campesinos de este municipio de Córdoba, porque el propósito del gobierno es entregar tierra a los campesinos, pero también ofrecerles crédito barato, maquinaria, asistencia técnica, comercialización, educación y salud. “Esa es la revolución agraria que queremos proponerle al pueblo campesino. Para ello necesitamos un campesinado organizado. Pondremos las cuñas en la televisión, en RCN y Caracol, convocando al campesinado de Colombia a organizar los comités de reforma agraria en cada municipio. Queremos una enorme marcha de campesinos y campesinas pidiendo tierra, pidiendo un lugar bajo el sol, pidiendo el derecho de vivir con dignidad. El gobierno estará a su lado. Ningún fusil público apuntará contra ustedes”. “Queremos organización campesina, porque esa es la base de una reforma agraria, es la base de la prosperidad. Queremos organización campesina para gritar ‘dignidad’ todos los días, para que estas calles de siempre, estos lugares de siempre, estos municipios de siempre se llenen de dignidad”, sostuvo. Compromisos con Ciénaga de Oro ​Ante el pueblo de Ciénaga de Oro, el mandatario estableció varios compromisos con la comunidad: diez mil campesinos beneficiados con los programas de reforma agraria, una sede del SENA, un estadio de fútbol o de béisbol –como lo deseen los habitantes– y una sede de la facultad de música del departamento, para lo cual solicitó a la Alcaldía apoyar al gobierno para adquirir la edificación que se requiere para este proyecto. “Diez mil campesinos produciendo comida harán de este municipio un municipio rico, en cuyas calles pasarán tractores y máquinas para producir los alimentos. Y las bullas y las alegrías y la música podrán ser posibles como nunca antes. Y el loro viejo, que decía mi abuela, se convertirá en el loro nuevo, capital de una Córdoba potencia mundial de la vida”, concluyó el presidente Petro. Algunos datos​ ​En el masivo acto de entrega de estas tierras participaron el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, autoridades locales y departamentales y las

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El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral.

Colombia está en deuda con las metas de reparación integral de víctimas

El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral. Con esta iniciativa se busca agilizar y fortalecer el proceso de Restitución de Tierras por vía administrativa, reformando la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. La Ley 1448 de 2011, que ha sido prorrogada hasta el año 2031, la cual establece metas ambiciosas para satisfacer y garantizar los derechos de las víctimas en Colombia, beneficiando a un total de 9.492.000 personas. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha logrado avanzar un 3.94% en el acceso y garantía de Restitución de Tierras a las víctimas, como parte integral del proceso de reparación. El proyecto busca convertirse en una herramienta que facilite la meta del gobierno y de su bancada legislativa, de la falta de tierras para las comunidades campesinas y para quienes han sido víctimas del despojo a raíz del conflicto armado. Tomado por Congreso de la República de Colombia

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) intervino más de 8.600 hectáreas en los departamentos de Meta y Guaviare durante el año 2022, mediante un mecanismo de georreferenciación o topográfico que permite determinar con precisión los predios objeto de despojo.

La Unidad de Restitución de Tierras intervino más de 8.600 hectáreas en Meta y Guaviare durante el 2022

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) intervino más de 8.600 hectáreas en los departamentos de Meta y Guaviare durante el año 2022, mediante un mecanismo de georreferenciación o topográfico que permite determinar con precisión los predios objeto de despojo. El procedimiento se realizó en los municipios de Acacías, El Castillo, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, San Martín, Uribe y Villavicencio, en el departamento del Meta, y en San José del Guaviare y Miraflores, en el Guaviare. En total se identificaron 8.634 hectáreas mediante el uso de drones por parte de los profesionales del área catastral de la URT, quienes se desplazan a las zonas urbanas y rurales de los municipios de Meta y Guaviare en donde hay solicitudes de restitución. Asimismo, la URT indicó que, con corte al 31 de diciembre de 2022, la Dirección Territorial Meta de la entidad recibió 11.512 solicitudes correspondientes al Meta y Guaviare y de este total 1.332 casos se han llevado ante la justicia. En ese orden de ideas, según los registros de la URT, a la fecha han sido restituidas 50.000 hectáreas en cumplimiento de las sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución del Meta. Además, se han implementado 101 proyectos productivos con inversión de 2.854 millones de pesos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias de restitución de tierras. En este proceso ha sido fundamental el apoyo de la Fuerza Pública, que garantiza la seguridad en las zonas microfocalizadas. De hecho, durante el 2022 la Fuerza Pública hizo 340 acompañamientos a las labores en terreno en la jurisdicción de Meta y Guaviare.

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Vence plazo para presentar solicitudes de restitución de tierras

“El éxito de la gestión de la URT puede deberse al cambio de indicadores y metas, así como al aumento en la negación de solicitudes de restitución de tierras”: CCJ. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) recordó que este jueves culmina el periodo fijado por el decreto 1167, para la presentación de solicitudes por parte de las víctimas de despojo ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).  Advirtió que en repetidas oportunidades la resolución, expedida el 11 de julio de 2018, determinó un período de tres meses exactos para las víctimas que pretendían ser incluidas en el registro. El pasado 10 de septiembre, la CCJ demandó ante el Consejo de Estado dicho decreto con el argumento de que fijar una fecha límite de presentación de solicitudes es violación a la ley de Víctimas que da plazo hasta el 2021 para aplicar la Ley de Restitución de Tierras. “El Gobierno nacional debe derogar el decreto 1167 de 2018 porque afecta gravemente los derechos de las víctimas del despojo e impide su goce y disfrute”, escribió la CCJ en su cuenta de twitter. Y aseguró que se necesita de por lo menos tres años para la culminación del proceso, ya que hasta el momento este no ha sido exitoso. “Las víctimas que han sido despojadas son en su mayoría campesinos, población afrodescendiente, indígenas, población vulnerable que no tiene acceso a información, algunos son analfabetas o no hablan español como en el caso de comunidades indígenas y carecen de asesoría legal y no pueden acceder a las grandes ciudades y esto agrava la situación de acceso a la justicia”, dijo Jennifer Mujica subdirectora de la CCJ. Según un informe presentado por la comisión, durante el foro XIV Clínica sobre Restitución de Tierras, 40 mil solicitudes de reclamantes de tierras han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos estipulados. Esto significa que “las metas que superan el 100% de cumplimiento de la operación de la URT se fundamentan en un cambio de indicadores y en una alta negación de las solicitudes a las víctimas que se presentaron ante la entidad”, agregó. Por su parte Danny Usma, funcionario de la Unidad de Restitución explicó en su momento que se ha logrado responder el 99 por ciento de los pedidos y que la intensidad en las reclamaciones ha bajado considerablemente en el último año. Usma aclaró que las peticiones rechazadas obedecen a los filtros para definir quiénes tienen derecho sobre las tierras. “No todo el que reclama finalmente tiene derecho a la restitución de tierras, las condiciones jurídicas, su relación jurídica con el presionar o las fechas del hecho victimizante, hacen parte de las evaluaciones para determinar si las condiciones se cumplen”, explicó.

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La Fiscalía recupera tierras de paramilitares para víctimas del conflicto

“Ubicar y afectar el capital ilícito que los extintos grupos de autodefensas constituyeron, se convirtió en una de las principales políticas de la Fiscalía para garantizar la reparación integral de las víctimas” La Fiscalía General de la Nación incautó 23.274 hectáreas pertenecientes al bloque centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que serán usadas para reparar a las víctimas del conflicto armado. El ente investigador solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de 2.000 de las hectáreas recuperadas, 3.422 más quedaron a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y sobre ellas hubo 10 presuntos reclamantes falsos. Las demás hectáreas están a disposición de la Agencia Nacional de Tierras. En siete meses fue identificado el terreno desde donde Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario concertó la salida de cocaína desde los Llanos Orientales, planeó masacres y los integrantes de la agrupación recibieron entrenamiento. “Esta zona comprende la unión de varios predios en el centro del departamento de Meta y supera en área la superficie de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia, y desde hoy queda a disposición del Estado”, aseguró la Fiscalía. La Dirección de Justicia Transicional del ente investigador, lideró el trabajo para perseguir el patrimonio ilegal del grupo paramilitar al que se sumaron otras seis entidades: Comando General de las Fuerzas Militares, Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional y Fondo para la Reparación de las Víctimas. Con información de la Fiscalía General de la Nación 

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