mayo 21, 2025

recursos hídricos

La garantía de Agua Potable en medio de la emergencia sanitaria

En el Facebook LIVE de ¿En qué estamos?, se contó con la participación del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jose Luis Acero y del Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Diego Felipe Polanía, con quienes se abordaron temas relacionados con el recurso hídrico y el acceso al mismo en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 en el país. En principio, el viceministro se refirió a las políticas que se adelantan desde esa dependencia y los retos que se tienen frente a la coyuntura actual. “En agua potable y saneamiento básico, Colombia parte de la base de que se tiene una cobertura del 92%, pero esconde diferencias entre el sector rural con el 70% de la cobertura. Sin embargo, se avanza en la universalidad”, precisó. Agregó que a pesar de que en los últimos años se ha dado un salto significativo para alcanzar ese objetivo, se tiene una franja de hogares en condición de vulnerabilidad con probabilidad de pobreza, la cual ha sido priorizada en esta emergencia. Por ello, el trabajo ha sido focalizado en tres puntos claves durante la crisis sanitaria: Garantizar el servicio del agua a toda la población. Ayudar a sobrellevar la emergencia sanitaria a los hogares vulnerables. Gestionar acciones en función de ayudar a la sostenibilidad de las prestadoras de servicios para conservar la solvencia y liquidez con el fin de que se pueda responder a la contingencia actual. En un trabajo conjunto con la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos, se adoptaron 25 medidas, entre las que se destacan las siguientes: La reconexión de los usuarios morosos. Más de 300.000 hogares reconectados cuentan con el acceso al agua potable en medio de la pandemia. Se prohibió el incremento en las tarifas de facturación, con la posibilidad de diferir los pagos. Además, los estratos comercial e industrial para los siguientes 24 meses tendrán una tasa de interés nominal de 0%. Esto permite solventar la crisis desde los hogares colombianos. Generar un crédito a toda la cartera que acumulan las empresas y los operadores, a través de Findeter, con las mismas condiciones. En el conversatorio, el Director de la CRA, Diego Felipe Polanía, consideró que “las entidades prestadoras de servicios han sido muy efectivas en el acceso al agua, lo que corresponde al plan de mitigación en la pandemia, pues certifica el lavado de manos e higiene”. “Se han venido haciendo medidas asociadas al tema de mitigar los efectos económicos en el confinamiento. De acuerdo a la demanda del recurso hídrico se tiene un alza, que en cálculos sería 1.5 metros cúbicos más de los normal, lo cual corresponde a un mayor consumo y una mayor factura”, explicó. Agregó que el no tener acceso suficiente al agua para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad y el estrés que eso ocasiona, se ve reflejado en una facturación más alta. El viceministro resaltó de otro lado las inversiones en infraestructura que se han hecho, como plantas de tratamiento para la potabilización del agua.  Finalmente, se destacó en el Facebook Live que para el 2030 se necesitarán 60 billones de pesos, que se solventarán con recursos del Sistema General de Participaciones, regalías y el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional.  

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Agua que no bebamos, dejémosla…

El agua es el alma del planeta, pues de ella depende la supervivencia del ser humano. Su importancia ha llevado a la generación de acuerdos de cooperación regional de Colombia, hoy reconocido como uno de los países continentales con más recursos hídricos disponibles por km2 sobre el planeta, siendo por ello un país privilegiado, no obstante, las disparidades y diferencias entre las regiones y cuencas del país, no solo en cantidad sino en calidad de las aguas disponibles. Sin embargo, clave es señalar que los sistemas naturales que aportan los principales recursos hídricos del país enfrentan un gran riesgo y una incertidumbre irreductible frente a la oferta y demanda de agua, producto no solo de las complejidades que se enfrentan por los patrones de ordenación, ocupación y uso económico y productivo de sus territorios, sino por fenómenos como el cambio climático global, hoy científicamente reconocido, a pesar de algunas consideraciones políticas que en muchos casos lo niegan o simplemente lo ven con indiferencia. A esto se suma que, a nivel administrativo, las diferentes autoridades están dotadas de mandatos mayoritariamente sectoriales para, por ejemplo, garantizar la oferta de energía, desarrollar la agricultura y/o acceder a los recursos hídricos a conveniencia de los diferentes actores interesados. Sin embargo, estos mandatos se encuentran dispersos, encontrándose desde diferencias fundamentales en la priorización o soberanía particular a cada sector, hasta obstáculos burocráticos e intereses específicos de dominio por parte de algunas entidades, organizaciones o ministerios. De hecho, el análisis de los documentos disponibles de política energética, minera y más recientemente agrícolas ha demostrado que, a nivel de los sectores del “desarrollo económico”, existen diferentes expectativas y objetivos con respecto a la gestión integrada de los recursos hídricos, donde el agua, antes que resultar esencial, se considera como un elemento necesario, pero no sujeto de consideración especial. El agua es el alma del planeta. Acodal busca generar un equilibrio integral en el acceso al agua. La gobernanza del agua Revisión a las políticas vigentes La gobernanza del agua En Colombia, tanto a nivel regional como nacional, es cada día más evidente el surgimiento de tensiones entre los ciudadanos, al reconocer que los actores estatales, no estatales y diversos grupos de la sociedad civil se oponen entre ellos por causa de los proyectos de obras públicas o por aquellos que demandan grandes cantidades de agua para su desarrollo; de igual forma, los grupos sociales compiten por disminuir el suministro de agua en áreas agrícolas y pecuarias extensivas, al punto que la gobernanza del agua, entendida como la práctica dinámica de negociar las formas de gestionar los recursos hídricos compartidos, empieza a verse como un medio para mantener la cooperación y evitar que las tensiones sociales se conviertan en conflictos de gran complejidad y activen nuevos escenarios de violencia en el país.Los hechos señalados demandan del Estado la adopción de políticas asertivas para responder a las condiciones cambiantes que se vienen registrando, casi sin control, en múltiples escalas de tiempo y espacio; aspectos estos que, de no atenderse con responsabilidad, pondrán en alto riesgo, a mediano y largo plazo, la sostenibilidad ambiental, económica y social del país, siendo esencial pasar de la retórica a las acciones integradas y concertadas, de cara a las necesidades regionales y sectoriales, en muchos casos apremiantes. Revisión a las políticas vigentes Sobre lo planteado, y a pesar de los avances logrados, vale reconocer que las políticas vigentes, teóricamente orientadas a la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), exigen ser revisadas y ajustadas, considerando en su conjunto las realidades locales y la legitimidad en su aplicación, en especial si se acepta que la adopción de remedios universales en la Gestión Integral de los recursos hídricos (GIRH) en muchos casos han conducido a la resistencia, conflictos y, en última instancia, a grandes fallas de Estado. Ejemplo de ello son los altos costos de salud pública (4% del PIB anual) derivados de la falta de tratamiento de las aguas servidas (sólo 43.5% de los municipios del país tratan las aguas residuales, siendo el 70% de tipo primario). También son un ejemplo los conflictos presentes en varias regiones del país derivados de las actividades mineras y petroleras argumentados sobre el riesgo de “atentar” contra la oferta y calidad hídrica regional. La necesidad de atender los conflictos por parte de las instituciones gubernamentales, en muchos casos enfrentadas por diferentes criterios y mandatos, puede ser abordada de forma integrada y consensuada por los instrumentos de política disponibles, pero integrando y fortaleciendo en ellos la seguridad institucional con una visión estratégica, misma que obliga a reformar el concepto holístico de la GIRH, incorporando el concepto de “paz y seguridad hídrica” como un nuevo pilar de la gestión del agua, el cual demanda una amplia comprensión de los objetivos sociales y del desarrollo sostenible adoptados por el país de cara a los mismos planteados por las Naciones Unidas. Equilibrio integral en el acceso al agua Información confiable Equilibrio integral en el acceso al agua Para ello, la gama de medidas de política a ser propuestas e implementadas deberá abarcar todo el espectro de enfoques jerárquicos, orientada a generar un equilibrio integral en el acceso al agua con visión sostenible, sobre prioridades claras, y no sobre la red de usos y demandas particulares de los diferentes sectores de la economía, al reconocer que el sistema de políticas sectoriales, además de complejo, no es armónico, pues requiere principalmente de una definición clara de los diferentes roles de los sectores, las regiones y los actores sociales dentro de ellas, sus desafíos y objetivos, así como sus estilos y medidas de gobernanza. Para ello, en los escenarios de política, se deberá considerar e incorporar la etnografía de los usuarios del agua y sus necesidades, exigencias y las respuestas de los grupos de la sociedad civil a los proyectos de desarrollo promovidos por el Estado. Información confiable Así mismo, en las áreas propensas a conflicto, se deberán generar y emplear datos medibles y verificables sobre los recursos hídricos, en especial si se reconoce que

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