Procuraduría General de la Nación Archivos - Página 2 de 4

Procuraduría formuló cargos a exagente especial interventor de la EPS Saludcoop

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exagente especial interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, por presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. La Procuraduría Primera Distrital le reprochó al exagente, el que al parecer no diera cumplimiento a lo establecido en la Resolución 128 del 8 de mayo de 2013, acción con la que probablemente habría afectado la prestación de servicios de salud a los usuarios de la EPS. Grosso Sandoval, particular en ejercicio de funciones públicas transitorias entre el 27 de mayo 2013 y el 24 de noviembre del 2015, debía realizar el seguimiento a los indicadores de calidad y alerta temprana con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio de salud; revisar la cobertura y acceso a la red contratada y diseñar un plan de trabajo con la participación de los usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar las alternativas para la adecuada operación de la entidad a largo plazo. Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y celeridad que deben caracterizar el actuar oficial de quienes ejercen funciones públicas. La falta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de dolo. (Información tomada de: Procuraduría General de la Nación).

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Ex director de la U. Distrital acepta cargos por corrupción

Actualidad / revistacg

En la audiencia de imputacíón de cargos contra el ex director de la Universidad Distrital, William Muñoz y la ex tesorera de Idexud, Patricia Gamboa, la Fiscalía General de la Nación decidió inhabilitar a Muñoz para ocupar cargos públicos por 20 años. Después de que el ente investigador escuchara los testimonios, incluido el de Patricia Gamboa, la Fiscalía General de la Nación acusó a Muñoz de los delitos de peculado por apropiación, falsedad de documento y concierto para delinquir, de los cuales el implicado sólo aceptó los dos últimos. Muñoz es procesado por el desvío de 12 mil millones de pesos que entraron como dineros que beneficiarían a la Universidad Distrital entre los años 2015-2019. Según la Fiscalía, el ex funcionario habría utilizado tres modalidades para la desviación de los fondos. La primera de ellas fue el uso irregular de 374 cheques por $11.624 millones de pesos. También utilizó las transferencias bancarias a terceros, entre ellos su hijo, para la compra de carros lujosos y por último la tarjeta de crédito que supuestamente sería de uso institucional exclusivo, empleada para gastos personales como el pago de la cuenta de Netflix, restaurantes lujosos y la compra de ropa de marca. Por ello, la dependencia solicitó al juez que imponga medida de aseguramiento en un centro carcelario para Muñoz y Gamboa, mientras se sigue con el proceso judicial. Aunque la decisión fue apelada, la Procuraduría General de la Nación decidió inhabilitar al ex director de la Universidad Distrital, William Muñoz, por 20 años para ocupar cargos públicos.

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Procuraduría pide a alcaldes y gobernadores garantizar alimentación y transporte escolar

Actualidad / revistacg

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, a los gobernadores y a los alcaldes de municipios certificados, adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación oportuna de los servicios de alimentación y transporte escolar desde el inicio del año escolar 2020. A través de la Directiva 017 de 2019, el jefe del Ministerio Público exhortó a alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas para que adelanten las gestiones que se requieran para que el Programa de Alimentación Escolar y el transporte escolar se preste sin interrupciones, y pidió a la cartera de Educación actuar de manera conjunta con las entidades territoriales para evitar retrasos. Así mismo, pidió a los mandatarios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) destinar los recursos de la participación en educación al pago del transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, y a las asambleas y concejos de las ETC tramitar prioritariamente las solicitudes de vigencias futuras para asegurar los dineros necesarios para la operación de los programas Como resultado de la vigilancia preventiva que adelanta al PAE, el Ministerio Público identificó que existe riesgo de que no se preste oportunamente el servicio desde inicio del calendario escolar, debido al cambio en las administraciones territoriales, lo que, de llegar a ocurrir, afectaría a los niños, las niñas y los adolescentes, que dependen de este programa para acceder a su derecho a la educación. La Procuraduría ha hecho seguimiento a la prestación del PAE en el trascurso del año para evitar suspensiones. De igual modo, ha requerido a 267 alcaldes para que actualicen el reporte de la ejecución de los recursos en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Recordó la importancia de esta información para la planeación, el seguimiento de sus recursos y en general para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios. Información tomada desde la Procuraduría General de la Nación

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Candidatos no podrán utilizar crisis venezolana para hacer campaña

Actualidad / revistacg

La Procuraduría General de la Nación anunció sanciones disciplinarias para los candidatos a corporaciones públicas que hagan campaña electoral con la crisis venezolana. La medida se tomó ante el aumento que han tenido los casos de discriminación y xenofobia contra ciudadanos del vecino país, a raíz de los pronunciamientos que sobre el tema han hecho varios de los aspirantes durante sus actividades proselitistas.. “Estamos vigilando campañas, estamos sancionando candidatos que utilicen la situación de vulnerabilidad de los venezolanos para hacer campaña política. Los vulnerables no pueden ser carne de cañón en esta justa electoral del 27 de octubre”, dijo el Procurador General, Fernando Carrillo, según publicó este viernes RCN Radio en su página web. Carrillo aseguró que la lupa de los organismos de control estará sobre los aspirantes que lleguen a violar la medida e insistió en su llamado a los partidos políticos para que no utilicen la crisis humanitaria que vive el vecino país como publicidad para un fin electoral. Según el jefe del Ministerio Público, politizar esta situación no hace sino crear perjuicios y discriminación. “El llamado que le hacemos a todos los candidatos de los distintos partidos, a los independientes, es no politizar la migración, politizar el asunto migratorio no genera sino perjuicios, crea dificultades y alimenta choques y roces”, manifestó. Más de 1.4 millones de venezolanos han llegado a Colombia huyendo de la crisis económica, política y social de su nación, lo que ha desbordado en algunas regiones la capacidad institucional para brindarles atención en salud, educación y vivienda.

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Procuraduría inhabilita por 12 años a Carlos Caicedo

Actualidad, Judicial / revistacg

El exalcalde de Santa Marta es sancionado por presuntas irregularidades en contrataciones de pozos de agua en el 2014. El fallo revelado por la Delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso, ordena destituir e inhabilitar a Carlos Caicedo para ejercer funciones públicas por 12 años. La decisión, tomada en primera instancia, también cobija al entonces gerente de Infraestructura del Distrito de Santa Marta, Efraín Vargas Corvacho, quien fue inhabilitado por 11 años. De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría incurrido en “falta gravísima al celebrar dos contratos con la firma Ingeniería del Caribe Ltda para la construcción de cuatro pozos profundos con desconocimiento de los principios de igualdad (selección objetiva), transparencia y economía que rigen la función administrativa…”. El ente de control agrega que por desconocimiento del proceso de selección, se benefició a un contratista “no idóneo que terminó incumpliendo con la ejecución de las obras”.

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Procuraduría pide pérdida de investidura de Musa Besaile

Actualidad, Corrupción, Judicial / revistacg

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado acoger la solicitud de pérdida de investidura del senador Musa Besaile, por indebida utilización de recursos públicos. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que, “para el Ministerio Público es claro que los dineros que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos de hemofilia, fueron utilizados en actos de corrupción”. Según la Procuraduría, los recursos fueron usados por Besaile para el pago de coimas multimillonarias con el fin de “manipular decisiones judiciales” que lo habrían afectado dentro del proceso por parapolítica que avanzaba en ese momento en la Corte Suprema de Justicia. A la investigación, también están vinculados el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y el senador Luis Ignacio Lyons. Los dineros fueron entregados a través del abogado de este último, con el propósito de evitar una orden de captura en contra de Besaile. De acuerdo con la dependencia, Musa Besaile “incurrió en la causal de indebida destinación de recursos públicos, comportamiento doloso que desplegó de manera libre y consciente”.

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Procuraduría tuteló para que decisiones de la JEP en casos de extradición puedan ser apeladas

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en contra de la Sección de Revisión que resolvió que las decisiones tomadas dentro del trámite de la garantía de no extradición, no admiten recurso de apelación. Las razones de la Procuraduría para presentar la tutela contra la decisión que tomó la Sección en el caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, exintegrante de las Farc, se fundamentan en que para el órgano de control esta posición impide la posibilidad de una segunda instancia procesal, derecho que a juicio de la Entidad se encuentra ligado al acceso a la administración de justicia y a la garantía judicial que tienen todos, para que los casos sean conocidos por una instancia judicial diferente. “La prerrogativa de que el caso del ciudadano que acude a la administración de justicia sea revisado por otro juez, preferiblemente de mayor jerarquía, tiene la doble naturaleza de garantía – derecho”. La Sección de Revisión de la JEP se declaró tribunal de cierre de esa jurisdicción, en el proceso de garantía de no extradición, posición que para el Ministerio Público descarta que sus decisiones puedan ser apeladas, es decir, revisadas o corregidas por una autoridad superior. Zuleta Noscué, indígena de la comunidad Nasa de norte del Cauca, perteneció al Sexto Frente las Farc- EP, del cual llegó a ser su jefe de finanzas, y se desmovilizó con ocasión de los acuerdos de paz. Sobre él pesa una solicitud de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos. En el mes de abril Zuleta Noscué radicó una solicitud ante la jurisdicción especial, con el propósito de que su caso fuera priorizado, se definiera su situación jurídica y se le aplicara la garantía de no extradición consagrada en las normas de implementación del acuerdo de paz. El 28 de agosto la Sección de Revisión avocó conocimiento del proceso de Zuleta Noscué y definió el procedimiento para estudiar si en su caso aplica la garantía de no extradición. Es la primera tutela que presenta el Ministerio Público frente a decisiones de esta jurisdicción y deberá ser fallada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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Procuraduría se opone a que exsenador Alberto Santofimio se acoja a la JEP

Actualidad, Posconflicto / revistacg

Para el Ministerio Público el crimen de Luis Carlos Galán buscaba favorecer sus aspiraciones políticas y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la petición de acogimiento hecha por el exsenador y precandidato presidencial, Alberto Santofimio Botero, porque los hechos que rodearon el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por los que fue sentenciado a 24 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto armado. A través de un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público pidió que se decretara la falta de competencia de la JEP para conocer los delitos por los que fue condenado Santofimio Botero, y devolver el expediente al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que continúe la vigilancia y el control del cumplimiento de la sentencia. Precisó que la reconstrucción histórica y judicial del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento confirmó que “se pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico”, de su aliado, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La Procuraduría señaló que pese a que las repercusiones históricas y políticas del crimen del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento no fueron menores, se trató de un delito común sin relación con el conflicto armado, contrario a lo afirmado por el exsenador en su solicitud de acogimiento a la JEP. “Se hace necesario dejar claro que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”. El 31 de agosto 2011 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó a Santofimio Botero como coautor responsable de un concurso de tres homicidios con fines terroristas del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el detective Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez. Ante la solicitud del exsenador Santofimio Botero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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JEP deja en firme orden de práctica de pruebas en caso Santrich

Actualidad, Judicial, Posconflicto / revistacg

No aceptó recursos de reposición de la Procuraduría y de la defensa. La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Mediante decisión mayoritaria adoptada el 15 de noviembre de 2018, (la Sección) resolvió no reponer el auto del 23 de octubre pasado que decretó pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición solicitada por Seuxis Paucias Hernández Solarte”, aclaró el tribunal en un comunicado de prensa. Según la JEP, al resolver los recursos presentados por la Procuraduría, y por la defensa de Hernández Solarte, la Sección destacó que “el trámite de garantía de no extradición es novedoso y diferente al que se desarrolla en materia de extradición ordinaria”. “El auto del 15 de noviembre no comparte las consideraciones de la delegada del Ministerio Público cuando sostuvo que la Sección, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición, usurpando y extralimitándose en las funciones”. La Procuraduría especificó, semanas atrás, que de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, la Sección de Revisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma de los Acuerdos de Paz.

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Procuraduría se opone a que general (r) Maza Márquez se acoja a la JEP

Actualidad, Judicial, Paz, Posconflicto / revistacg

El Ministerio Público advirtió que los delitos por los que fue condenado no tienen que ver con el conflicto. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la solicitud de acogimiento que hizo el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, porque crímenes como el del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto. En un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Procuraduría alertó sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el oficial, hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia. Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria. El general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad. La Corte Suprema de Justicia, el 23 de noviembre de 2016, condenó al exdirector del DAS a 30 años de prisión por los homicidios con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla –este último en grado de tentativa-, sumado al delito de concierto para delinquir. Ante la solicitud del general Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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