agosto 16, 2026

#PresupuestoNacional

El aplazamiento de las elecciones atípicas en Putumayo desata debate

En el departamento de Putumayo, se tenía previsto realizar las elecciones atípicas para escoger al gobernador del Putumayo y al alcalde del municipio de Puerto Guzmán. Inicialmente, estos comicios se tenían programados para el día 9 de febrero. Sin embargo, esta fecha debe ser aplazada, debido a que el Ministerio de Hacienda no ha realizado la transacción correspondiente a los recursos necesarios, en el tiempo establecido, para la organización, contratación de bienes y servicios para estas elecciones. En consecuencia, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del gobierno, dio a conocer su opinión, asegurando que: “¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, dirigida por Hernán Penagos, reconoció que esta “no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de bienes y servicios requeridos para su organización”.  Esto debido a que “simplemente las fechas están muy encima”. Además, la entidad manifestó preocupación por las condiciones de acceso al municipio. Por lo que, se ha desatado debate entre el gobierno actual del presidente Gustavo Petro Urrego y la Registraduría frente al aplazamiento de las elecciones. Frente a lo anterior, el director de Departamento de Planeación Nacional (DPN), Alexander López, emitió el decreto de aplazamiento presupuestal.  Por ende, muchos de los recursos destinados a los comicios quedaron detenidos hasta la obtención de nuevos recursos. Esto quiere decir, que entre mayor tiempo se tarden los recursos en ser efectuados, más tiempo se requerirá para la logística de elecciones de Putumayo y otras regiones del país como son:  Pamplonita (Norte de Santander) y El Rosario (Nariño).

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Senadora Angélica Lozano calificó de “golpe a la democracia” el recorte al presupuesto de la Registraduría para 2025

La congresista del partido Verde, Angélica Lozano indicó en reciente entrevista que para 2025 el monto de recursos pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, cabe destacar que la parlamentaria se refiere a los dineros que llegarían a las entidades gubernamentales, y especialmente a una de las instituciones más importantes para el país, como lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que enfrentaría una reducción del 77% en el venidero año. Inquietante panorama para la Registraduría Explicó Lozano que el presupuesto de la entidad pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, sin que se haya tomado en cuenta que en ese mismo año se debería adelantar la contratación de la logística electoral para los comicios de Congreso y Presidencia para 2026. Asegura que en la ponencia que presentó el Gobierno, le quitan recursos a una entidad que es completamente autónoma y en un año en el que necesita recursos para garantizar los comicios del 2026, ante lo expuesto la funcionaria indicó que es un “exabrupto inaceptable”. Asimismo, indicó la Senadora “Es muy grave porque el Ministerio de Hacienda le quitó recursos a la Registraduría, una autoridad independiente que tiene que organizar las elecciones el próximo año. Es realmente un golpe muy duro para la autonomía y la independencia de la entidad”. Para Angélica Lozano este planteamiento es un “golpe a la democracia”, e indicó que el país necesita una explicación para saber por qué la Registraduría tiene más presupuesto en 2024 que en 2025. La Registraduría advierte el riesgo Por su parte Hernán Penagos, registrador Nacional, indicó también al respecto que la falta de presupuesto pone en riesgo la independencia y autonomía que debe tener la autoridad electoral en Colombia. “En relación con los riesgos en los procesos electorales, uno de los principales riesgos en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Hoy en día, se ha ido perdiendo un poco de esta autonomía, principalmente por un factor: el presupuesto. La mayoría de los organismos electorales derivan sus presupuestos de exigencias o solicitudes al gobierno, lo que, de alguna manera, compromete su labor como árbitros de la democracia”, afirmó.

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