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Pacto social por el desarrollo, Caquetá somos todos

Pacto social por el desarrollo, Caquetá somos todos Arnulfo Gasca Trujillo, candidato a la Gobernación de Caquetá, oriundo de Puerto Milán es un empresario orgullosamente campesino. Su experiencia de más de 15 años como líder comunitario y su alto sentido de responsabilidad lo posicionan como la mejor opción para el departamento. “Quiero ser Gobernador del Caquetá porque mi pueblo espera de mí un gobernante honrado. Me gusta trabajar por las cosas en las que creo y, sin duda, Caquetá es en lo que más creo. Sueño y quiero un departamento con educación y oportunidades.” Ha trabajado la tierra con sus propias manos durante más de 40 años y gracias a eso creó una empresa ganadera próspera que ha sido la fuente de sus ingresos. Estudió hasta cuarto semestre de Administración de Empresas, pero no pudo terminar porque su padre fue asesinado por la guerrilla y tuvo que trabajar para mantener a su familia. En ese proceso aprendió con la experiencia, la administración de sus recursos, a tomar buenas decisiones y a mantener grandes amigos. ¿Qué lo motivó a emprender su carrera hacia la Gobernación de Caquetá? Sueño y quiero un departamento con educación y oportunidades para todos, en donde el buen estado de las vías sea eje fundamental, promoviendo el turismo y a mi querido sector agropecuario para lograr un avance económico. Teniendo como base a la gente, mi candidatura está enfocada en la ciudadanía, a quienes invito para que me conozcan, me acompañen y juntos construyamos este proyecto y sueño de departamento, haciendo posible un Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá. ¿En qué consiste el Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá, “Caquetá Somos Todos”? Cuando decimos “Caquetá Somos Todos” estamos recordando que este joven departamento ha recibido a muchas personas de todas las regiones colombianas. Por eso esta propuesta parte de esa realidad cultural: incluyente, participativa y sobre todo patriota que pretende aumentar el amor por el Caquetá y elevar el nivel de autoestima colectiva y reforzar el sentido de pertenencia. Así fue que, para poder plantear el programa de gobierno “Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá” hace más de un año empecé un proceso de diálogo directo con las comunidades urbanas y rurales de los 16 municipios para obtener una retroalimentación en espacios abiertos. Educación -Contratación del PAE directamente con instituciones educativas y/o Juntas de Acción Comunal. -Asignación de planta de docentes y contratistas según las necesidades de cada institución educativa. -Articulación entre las entidades territoriales para cualificar alumnos de los 15 municipios no certificados e impulsar un programa de preparación para las Pruebas Saber. Tecnología -Modernización tecnológica de aulas y laboratorios. -Fortalecer los semilleros de investigación, a través de la cofinanciación de proyectos vía Colciencias. -Articular las TIC´S en los modelos educativos del Caquetá. Inclusión social -Apoyo a programas sociales de los movimientos religiosos del Caquetá. -Crear la Oficina de la Familia como pilares de una sociedad prospera. -Crear la Subsecretaria del Campesino. -Implementar la política pública y el plan de acción de la población LGBTI. -Articulación interinstitucional con los entes territoriales para la atención, prevención, protección y garantía de derechos de las personas con OSIGD y sectores sociales LGBTI. -Apoyar la continuidad del proceso de paz. -Respaldar la reinserción a la vida lícita de quienes se acogieron al proceso de paz. -Apoyar la conformación de zonas de reserva campesina. Infraestructura -Sistemas fotovoltaicos, eólica y peltón en zonas no interconectadas. -Vivienda de interés social en los municipios, para los cascos urbanos y zonas rurales. -Complejos deportivos incluyendo pistas de patinaje. -Parques biosaludables en cascos urbanos y centros poblados. -Gasificación para el Caquetá. Medio ambiente -Proteger los recursos hídricos y cuencas abastecedoras de acueductos. -Frenar la deforestación e incentivar la regeneración natural. -Control de la minería ilegal. -Apoyar los proyectos urbanísticos que integren energías limpias y diseños ecológicos. -Apoyar con incentivos los proyectos de ecoturismo, agroturismo y turismo de la paz. -Oposición al fracking, a la minería, a las hidroeléctricas, a la explotación de petróleo en ecosistemas estratégicos y a la fumigación con glifosato en el Caquetá.

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Existe la posibilidad de que paramilitares accedan a la JEP

Actualidad, Congreso de la República, Fuerza Pública, Orden Público, Posconflicto / revistacg

Un Proyecto de Ley radicado por el senador del Partido de la U, Roy Barreras, busca ampliar el plazo para que empresarios, políticos, parapolíticos y civiles acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Paralelo a este, existe otra iniciativa que busca abrir la puerta a los paramilitares dentro de este sistema, aunque el nuevo modelo de justicia no contemple la participación de exmiembros de estas agrupaciones ilegales. El proyecto del senador Barreras busca que terceros tengan más oportunidades de acceder a la JEP. A la fecha van 589 solicitudes por parte de ellos en la búsqueda de confesar su participación en el conflicto y de esta manera resolver su situación con la justicia. Adicional a estas solicitudes, existen 100 peticiones de agentes del estado para acogerse al sistema especial. De acuerdo con los magistrados de la Justicia Especial de Paz, pueden existir circunstancias excepcionales que permitan el acceso de paramilitares a la JEP, sin embargo, a la fecha se han rechazado 300 solicitudes de exparas para “contar la verdad” en este tribunal. Entre quiennes han buscado acogerse a la JEP están Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Pablo Hernán Sierra, Edwar Cobos Téllez, Jorge Iván Laverde, Iván Roberto Duque y Fredy Rendón Herrera, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Ley de Justicia y Paz, a la que se acogieron los paramilitares en el proceso de paz que se puso en marcha en el Gobierno de Álvaro Uribe en 2005, tiene vigencia hasta el 2020, por lo que se piensa en extender esta normativa. No obstante, no se percibe la efectividad de esta justicia transicional, ya que en 35 sentencias solo se han fallado 5.401 delitos de más de 82 mil imputados por la Fiscalía, según un estudio realizado por la Contraloría en 2017. Por su parte el Presidente Iván Duque informó, en una reunión con la bancada del Valle del Cauca, que su intención es presentar un proyecto de ley que elimine la posibilidad de ingreso de los paras a la JEP. Entre tanto, el senador Barreras considera varias opciones, una de ellas permitir que los exparas actúen en condición de testigos y reciban algunos beneficios establecidos por esta jurisdicción especial.

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Mujer y oposición en Colombia

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: María José Pizarro Rodríguez Representante a la Cámara por Bogotá Coalición Decentes – MAIS El 20 de Julio de 2018 tomamos posesión en esta curul de la Cámara de Representantes por Bogotá a nombre de la Coalición Decentes, esto después de una intensa campaña, de miles de voluntades y corazones inspirados en el sueño de mi padre y el de miles de hombres y mujeres que durante décadas han trabajado por un país distinto, una curul que también llena de esperanza a las nuevas generaciones, una curul que ganamos en un momento determinante para el país; por una parte nos estrenamos en el Congreso después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y por otra, estrenamos Estatuto de la Oposición después de unas elecciones presidenciales en donde por primera vez en la historia de Colombia las fuerzas alternativas y de oposición alcanzamos 8 millones de votos, síntoma de que algo está cambiando en el país. Ha transcurrido ya un año de nuestro ejercicio de oposición, por ello quiero referirme a lo que esto ha significado, haciendo con ello también, un ejercicio de memoria. Encontrándome aquí, en el Salón Elíptico del Capitolio como mujer, pienso en el duro camino que hemos tenido que recorrer; apenas en 1945 el Congreso de la República formuló una reforma a la Constitución con lo cual se logró el reconocimiento de derechos ciudadanos e igualdad de las mujeres con los hombres mayores de 21 años y apenas en 1954 se consiguió el voto femenino gracias a otra reforma constitucional, pero solo hasta el 1 de diciembre de 1957 se logró efectivamente el voto femenino en Colombia, curiosamente el único plebiscito que se había realizado hasta el 2 de octubre de 2016, cuando se llevó a cabo el Plebiscito por la paz, en el marco del proceso que se adelantaba entonces entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Durante más de medio siglo nos hemos abierto camino, hemos avanzado en espacios en la economía, la academia, la vida pública y la política; por ejemplo, compitiendo junto con nosotras por esta curul para la Cámara de Representantes habían 637 aspirantes mujeres, pero solo 31 candidatas logramos un escaño, el mismo número que en 2014 y 11 más que en 2010. Son muchos los aspectos en los que aún nos falta avanzar, aspectos como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en sus hogares, en el trabajo y en general en la ciudad, así como el derecho a una sociedad libre de machismo y equitativa para todas nosotras. Pero también desde aquí como mujer, pero mujer de oposición pienso en todo el camino recorrido para lograr el reconocimiento y las garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia. Algunos dicen que el concepto de Estatuto de Oposición apareció por primera vez en el marco del debate sobre el Frente Nacional, sectores demócratas liberales y de izquierda que se oponían a este Frente defendieron la idea del control político y derechos para la oposición, sin embargo fueron derrotados y se impuso la idea de la “alternancia” y con ello el régimen de exclusión que se extendió por décadas en el país, y que en cambio de conjurar la guerra abrió camino a nuevas confrontaciones, las mismas que llevaron al surgimiento del Movimiento 19 de Abril, esto después del fraude en las elecciones de 1970, movimiento del cual haría parte mi padre hasta la firma del acuerdo de Paz en 1990 y que llevó el 8 de marzo de ese año a la entrega de armas en Santo Domingo – Cauca, liderados por su comandante máximo y posterior candidato a la Presidencia de Colombia, Carlos Pizarro León Gómez. Sin embargo, la candidatura duró apenas 18 días, mi padre fue asesinado el 26 de abril de 1990 luchando en democracia por un país distinto y por una apertura democrática en Colombia. “Hoy somos oposición, ejercemoseste derecho y desarrollamosla propuesta que variasgeneraciones buscaron concretar,pero no queremos ser unaoposición a secas, trabajamospara ser una oposición comoalternativa de poder” La cosecha de aquellos años, de todas esas décadas de confrontación, fue la Constitución Política de 1991, con lo cual pasamos del Estado de Sitio de la Constitución de 1886 al Estado Social de Derecho y la garantía de los derechos humanos en la Constitución del 91. Entre los logros de la Asamblea Nacional Constituyente tenemos la figura de la tutela, la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, y otros grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores; la carta magna también otorgó a los partidos políticos que no participaran en el gobierno los derechos de acceso a la información, uso de los medios de comunicación social del Estado, réplica frente a tergiversaciones o ataques públicos de los altos funcionarios, y participación en los organismos electorales. Sin embargo, pasaron más de 25 años y 11 intentos fallidos para que se promulgara la normatividad para estos derechos de oposición y fue gracias al acuerdo con las FARC que finalmente se logró la aprobación en el Congreso de dicho estatuto, el cual reglamenta los derechos de los partidos con personería jurídica que se declaren en oposición. Es así como en este periodo legislativo hemos estrenado dicho Estatuto, el cual contempla entre otras cosas, espacio en el Senado y la Cámara para la fuerza política que resulte segunda en la elección presidencial, la financiación para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, garantía del libre ejercicio de los derechos políticos y tal vez la más conocida por la opinión pública, el derecho de réplica. Ya son dos réplicas las que hemos ejercido, y aunque falta aún la aplicación

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FARC le apuesta a la paz

Actualidad, Bogotá D.C., Posconflicto / revistacg

En la tarde de este martes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recibió de mano de excombatientes de esa guerrilla una lista de 354 casos de desaparecidos durante el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de cuatro décadas. Es la primera vez que el Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformado por exintegrantes de las FARC, entrega documentación que se espera ayude a dar con su paradero, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición. La información entregada a la UBPD corresponde en un 64 % a miembros de grupos armados al margen de la ley; 28 %, a civiles y un 1 %, a integrantes de Fuerza Pública. Los casos documentados están ligados en su gran mayoría a hechos ocurridos entre 1996 y 2007, según informó la Unidad. De acuerdo con lo reportado, los departamentos con el número más alto de desaparecidos son Meta, Antioquia y Huila.

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“Los responsables de estos crímenes los vamos a llevar a la justicia y los vamos a doblegar”: Duque

Actualidad, Bogotá D.C., Estado, Fuerza Pública, Gobierno / revistacg

En el marco del taller Construyendo País, celebrado en Bogotá, el Presidente Iván Duque condenó los hechos violentos que el sábado cobraron la vida de 2 miembros de la guardia indígena en cercanías a Toribío, Cauca. “Hay grupos armados organizados que están en la actividad del narcotráfico, que han estado atentando contra liderazgos indígenas, que han estado amenazando a las comunidades”, aseguró. El mandatario mostró su preocupación ante la recurrente violencia contra las comunidades étnicas en el territorio nacional y responsabilizó a los grupos armados y narcotraficantes de querer expulsarlos de sus territorios ancestrales para hacerse con el control de las tierras. También invitó a las comunidades indígenas a permitir el acceso de las autoridades nacionales a sus territorios, con el fin de esclarecer los hechos que dejan como saldo dos indígenas muertos y cinco heridos. “Se necesita que las comunidades dentro los resguardos estén colaborando con las autoridades, y que ellas faciliten y pidan el acompañamiento que se requiere para garantizar esa protección”, puntualizó. Duque pidió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y al alto mando militar y policial que “estén tomando las mejores decisiones de prevención, pero también de buscar a los responsables y llevarlos a la justicia”.

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Un año más le pide Duque a la ONU

Actualidad, Bogotá D.C., Gobierno, Orden Púbico / revistacg

Tras concluir la reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, el Presidente Iván Duque le entregó una carta al representante de este ente donde le solicitaba una prorroga de un año en la Misión de Verificación que actualmente vigila la implementación del posconflicto. El Mandatario indicó que los miembros del Consejo también conocieron los esfuerzos del Gobierno para sacar adelante los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. “Cuando empezó nuestro Gobierno apenas existían dos proyectos productivos colectivos después de 20 meses de implementación; hoy tenemos 25, que están buscando darles oportunidades a muchas personas que han dejado la violencia”, resaltó el Presidente. “Hemos podido hablar de lo que han sido 11 meses de nuestro Gobierno y el trabajo que se adelanta en los territorios, para que tengamos éxito en la política de reincorporación de las personas que han dejado la violencia y que quieren entrar a una vida de legalidad”, afirmó Duque. Desde el inicio de su gobierno el Presidente Duque ha solicitado a la Misión de Verificación de la ONU que se mantuvieran en el terreno para garantizar que el proceso llegue a una conclusión que beneficie a todos los colombianos. Por último el mandatario comentó que se discutió el asesinado de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, y explicó que “al igual que ha ocurrido con una gran cantidad o la mayoría de los casos de líderes sociales, según los esclarecimientos de la Fiscalía General de la Nación, hay detrás de esos casos la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, los ‘Caparros’, el ‘Clan del Golfo’, entre otros, que quieren intimidar y asesinar líderes sociales que están haciéndole un llamado a su comunidades para salir de las economía ilícitas”.

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Las víctimas seguirán sin curules

Actualidad, Congreso de la República, Judicial, Posconflicto / revistacg

Por medio de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el senador del partido de la U, Roy Barreras, buscaba revivir las 16 curules que habían sigo asignadas a las víctimas en 2017, cuando un proyecto que buscaba darles participación en el legislativo fue aprobado por mayoría. Ya el Senado había rechazado en su momento esa posibilidad. Esta decisión se asimila a la tomada por el Tribunal que también falló de manera negativa ante la solicitud del congresista. De acuerdo con lo resuelto por el Juez, la demanda no causaba ningún “perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del accionante, puesto que no acreditó de qué manera lo afecta personalmente, tampoco a los 67.773.078 habitantes de los 169 municipios que conformarían las circunscripciones transitorias especiales de paz, en nombre de quienes también interpone la tutela, como agente oficioso, pese a que no lo manifiesta expresamente”. Para el Tribunal, “resulta paradójico considerar que estamos en presencia de una situación grave y urgente, que amerite dispensar la protección tutelar solicitada, cuando el mismo legislador, que por antonomasia tiene el deber constitucional de decidir sobre las mencionadas curules, no lo considera apremiante, al punto de que no le ha dado trámite a los nuevos proyectos de acto legislativo presentados con el mismo propósito, y el juez de tutela no está habilitado para sustituir al Congreso”. Otra de las razones para negar el recurso presentado por Barreras fue la inmediatez, de acuerdo con lo señalado por el Juez, debido a que la demanda presentada el pasado 31 de mayo del presente año buscaba amparar los derechos de la población civil ante una decisión tomada el 29 y 30 de noviembre de 2017.

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ONU pide a Colombia a respetar lo pactado con las FARC

Actualidad, Posconflicto / revistacg

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su representante en la misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, explicó cuales son las preocupaciones frente a las objeciones presentadas por el Presidente Iván Duque. El encargado de la ONU para el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana, aseguró que lo pactado entre las FARC y el gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos “es un ejemplo para países alrededor del mundo de que las soluciones negociadas son posibles”. Massieu se refirió al posible cambio a la Ley Estatutaria de la JEP, a raíz de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. “Para las víctimas, para los miembros de las FARC y para las comunidades que han sufrido el conflicto. La mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz”, resaltó. Respecto al proceso de implementación, el representante diplomático hizo un llamado al gobierno colombiano para que “acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que también asegure la aplicación dé un enfoque de género en estos proyectos y que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”. De acuerdo con cifras de la misión de la ONU se han aprobado proyectos para el beneficio de 1.774 excombatientes. Frente a la fecha de clausura de los Espacios Territoriales de Capacitación y de Reincorporación (ETCR), el jefe de la misión de verificación resaltó la labor del mandatario colombiano, que ha buscado darle tranquilidad a los excombatientes, “el mensaje del Presidente Duque durante sus visitas a estos espacios ha sido darles seguridad a los excombatientes sobre el compromiso de su Gobierno con su reincorporación”.

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Las objeciones no los ponen en riesgo, Duque a excombatientes de las FARC

Actualidad, Posconflicto, Presidencia / revistacg

Durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda de San José de Oriente, en el municipio de La Paz (Cesar), el Presidente Iván Duque. se reunió con cerca de 100 excombatientes de las FARC para explicarles las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y darles un parte de tranquilidad. “Estamos a seis artículos de una ley de 159 (artículos) para lograr ese acuerdo sobre una justicia que debe tener garantías para todos”, afirmó el mandatario durante su visita al departamento del Cesar. El Jefe de Estado escuchó de los excombatientes aspectos importantes del proceso de reincorporación en esa zona y recordó que desde el inicio de su gobierno su propósito ha sido ” la construcción de la paz con legalidad, con seguridad, protegiendo los derechos de los ciudadanos”. De acuerdo con lo que explicó el presidente a los habitantes del ETCR, las objeciones a los acuerdos “no tocan, no afectan nada, de lo que se puede considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad”. Fue enfático al afirmar que “nada de lo que hay ahí los pone en inseguridad”. “Lo que nosotros buscamos es que en el Congreso de la República se dé esto y construyamos, porque estamos a seis artículos de lograrlo, una justicia especial que le dé garantías a todo un país”, concluyó Duque.

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Negociadores, víctimas y ONG expresan su preocupación a la ONU por objeciones a la JEP

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

A través de una carta dirigida este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, negociadores, víctimas y organizaciones sociales, expresaron su preocupación ante el anuncio del Presidente Iván Duque de objetar seis artículos a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En el mensaje, advirtieron que la medida presidencial puede lesionar gravemente la implementación del Acuerdo de Paz, así como el funcionamiento de la JEP y el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”, agregaron. El siguiente es el texto de la misiva enviada a Guterres: “El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado. El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”. De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”. En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”. A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica. El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”. Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP. Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de

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