5/5 Progresividad y eficiencia son los dos pilares fundamentales para disminuir las brechas económicas en el país. ¿QUÉ ES? El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo mediante el cual la Nación le transfiere los recursos a las entidades territoriales con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y saneamiento básico, principalmente. ¿CÓMO SURGE? A raíz de la crisis que sufrió Colombia en la década de los sesenta por la debilidad en los fiscos municipales y seccionales, el aparato institucional puso la lupa en garantizar una serie de reformas administrativas y fiscales que permitieran la modernización del Estado, en términos de descentralización y fortalecimiento regional. Años más tarde, con la Constitución de 1991, tras la coyuntura político-social y la apertura económica, el país se definió como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Las modificaciones estructurales buscaban potenciar el desarrollo y el progreso, tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, los alcances de la nueva carta magna no resultaron suficientes para resolver la difícil situación fiscal del país, por lo que se modificaron los artículos 356 y 357 y se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2001 que creó el SGP para los departamentos, distritos y municipios. ¿QUÉ ES LO QUE PLANTEA? Tras la reforma constitucional de 2001, se eliminó la dependencia en el monto de las transferencias proporcionales a los ingresos corrientes de la Nación y se pasó a un monto fijo con incremento anual de acuerdo al porcentaje igual a la variación de estos ingresos, durante los cuatro años anteriores. ¿POR QUÉ SE CREA? Existen múltiples razones por las cuales los municipios tienen serias dificultades para superar la pobreza. Entre estas, la baja competitividad, la debilidad institucional, la complejidad geográfica y la ausencia de una población capacitada. De esta forma, las transferencias de dinero desde el nivel central hasta los territorios, es una herramienta que permite mitigar las inequidades regionales, por medio de las entidades territoriales y la gestión del gasto público. Por ende, con el SGP se busca cerrar brechas sociales y beneficiar a comunidades pobres y en condición de vulnerabilidad. El sistema pretende garantizar la ampliación y cobertura de servicios básicos en las regiones del país, enfatizando en la descentralización para el desarrollo económico y social. ¿HASTA QUÉ PUNTO FUNCIONA? Bajo el enfoque constitucional de minimizar la desigualdad social, el sistema debe velar por cerrar progresivamente las brechas que existen entre los territorios. Sin embargo, hay aspectos que replantear pues los criterios de distribución de las transferencias, establecidos hace más de 15 años, necesitan de una revisión, ya que las condiciones de los sectores, las prioridades y los retos regionales han cambiado. Además de priorizar a los municipios más rezagados por su baja capacidad de tributación local, también se requiere un fortalecimiento institucional, capacitación municipal para producir recursos propios y presencia estatal en la periferia para lograr el progreso integral de toda Colombia. Es necesario plantear una reforma en la que converjan la realidad concreta de los gobernantes locales y las poblaciones, con el discurso y la teoría política. LOS RESULTADOS… A pesar de que se han alcanzado avances en educación y salud, los objetivos generales están aún lejos. La universalización de servicios sociales sigue siendo una utopía en el país, en donde los territorios tienen deficiencias, rezagos y brechas. Se estima que le tomará más de cuatro décadas a Colombia equilibrar la equidad y la calidad en el sector educativo, mientras que para la salud el estimado es de la mitad de ese tiempo. Expertos aconsejan transferencias más progresivas y acertadas.
