junio 13, 2025

Pacto por la Legalidad

Corte Constitucional tumbó artículo del PND

El artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se refiere a la cotización en la seguridad social de los trabajadores independientes, fue denegado por la Corte Constitucional, debido a que la norma no tiene relación con los temas que son parte del Pacto por Equidad en salud de la hoja de ruta. De acuerdo con el artículo 244 decretado por el PND, los trabajadores independientes debían cotizar al sistema de salud sobre el 40% del valor de sus ingresos mensuales, sin incluir el IVA. Sin embargo, según el alto tribunal, no hay razones suficientes para que este decreto sea aprobado, ya que afirma que es institucional y no puede establecerse mediante un PND y, además, le concedió al Congreso dos legislaturas para tramitar y reajustar este artículo. “El artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) desconoce el mandato constitucional de unidad de materia (falta de relación directa entre el artículo demandando y la norma), toda vez que no existe un vínculo directo e inmediato entre la regulación del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes y con contrato es diferente esa prestación de servicios previstos en la ley del plan o en el documento base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, afirmó la Corte mediante un comunicado. Por el momento, el decreto seguirá funcionando hasta que las dos partes ajusten el artículo, o en el momento del vencimiento del plazo otorgado hasta 2022.

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Estamos dentro de la legalidad

En hora buena, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez decidió incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un “Pacto por la Legalidad” para implementar políticas encaminadas a garantizar la eficiencia y la transparencia en la justicia y a combatir la informalidad en todas sus expresiones. Y como lo dijo en su momento, la pauta que marcará su administración será la de ir construyendo seguridad con legalidad para que impere la ley, estrategia en la que el ciudadano será pieza fundamental, porque “sin justicia social no hay paz, y sin paz no hay justicia”. Es así como en el plan de choque “El que la hace la paga”, definió tres grandes ejes: concretar grandes operaciones para la reducción del delito; emprender acciones de control y tal vez, el que considero debe ser el más importante, la activa participación de la ciudadanía denunciando todas aquellas actividades que se realicen por fuera de la ley. Es en este último punto en el cual quiero hacer énfasis, porque precisamente esta publicación, que tiene más de 25 años de existencia, ha sido víctima de una actuación ilegal, que raya con lo penal, por parte de una empresa que ha plagiado nuestra marca por varios años y ha atentado contra nuestro buen nombre y prestigio. Y es que, como medio informativo, la Revista El CONGRESO SIGLO XXI, siempre ha funcionado dentro de los marcos legales, con el registro de marca 32114 de la Superintendencia de Industria y Comercio y Derechos de Autor, reconocidos mediante resolución 1058 de 1993 del Ministerio de Gobierno. Además de actuar dentro de la legalidad como empresa privada, el profesionalismo con el que desarrolla su trabajo, su visión pluralista y defensa permanente de la institucionalidad, le han merecido varios reconocimientos en el país, entre ellos la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Grado de Cruz Comendador del Congreso de la República. Son más de dos décadas en las que nuestra publicación se ha ido afianzando en su función de punto de encuentro entre el Poder Legislativo y las regiones, y en las que sus páginas han albergado como columnistas habituales a los senadores y representantes a la Cámara, sin que exista ningún sesgo político. Como medio especializado, hemos asumido un papel preponderante e imparcial, de informadores del acontecer de la política colombiana con la ética y la altura profesional que nos han exigido las circunstancias y el ámbito en el que actuamos. Por eso y por muchas más razones, salimos en defensa de lo que hemos construido como empresa. Los recientes acontecimientos, en los que se nos quiso relacionar accidentalmente con una marca similar y a los cuales somos totalmente ajenos, no pueden poner en tela de juicio la labor que, de manera objetiva y transparente, ha desarrollado la Revista EL CONGRESO SIGLO XXI, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y a la generación de empleo en el país. Estamos con el “Pacto por la Legalidad” que promueve el Presidente Duque en su carta de navegación para estos cuatro años, convencidos de que la transparencia debe llevar a que los actos que desarrollemos, como sociedad, no afecten los derechos ajenos.    

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