mayo 16, 2026

Ministerio de Justicia y del Dereccho

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño, inicia este martes una vista oficial a Washington en la que sostendrá reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Congreso, para compartir la nueva política de drogas del Gobierno nacional, los desafíos frente a su implementación y los avances en la cooperación judicial entre los dos países.

Ministro de Justicia y del Derecho inicia visita oficial a Washington

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño, inicia este martes una vista oficial a Washington en la que sostendrá reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Congreso, para compartir la nueva política de drogas del Gobierno nacional, los desafíos frente a su implementación y los avances en la cooperación judicial entre los dos países. Además de las reuniones con diferentes agencias estatales, en las que también participará el embajador de Colombia en EE. UU., Luis Gilberto Murillo, el ministro tendrá una reunión en el Wilson Center con funcionarios y ex funcionarios de gobierno y staffers del Congreso, con quienes conversará sobre el marco jurídico para la paz.  Colombia y EE. UU. han mantenido una relación de amistad y cooperación por más de 200 años, en la que los ejes centrales han sido el acceso a la justicia, la garantía de cumplimiento de los derechos humanos, las luchas contra la delincuencia organizada transnacional y las drogas y el apoyo constante para el desarrollo de la política criminal y penitenciaria de Colombia.​

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MinJusticia autoriza creación del primer centro de conciliación del sector financiero

MinJusticia autoriza creación del primer centro de conciliación del sector financiero

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Resolución 2074 del 8 de noviembre de 2022, autorizó la creación del Centro de Conciliación de la Superintendencia Financiera de Colombia, el primer espacio de conciliación para resolver de manera gratuita los problemas entre usuarios y sector financiero, lo que constituye un hito para el Gobierno del presidente Gustavo Petro en sus primeros 100 días de mandato. Este nuevo centro contribuirá a la solución de las controversias entre los ciudadanos y las entidades vigiladas por la Superfinanciera, en los conflictos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, más conocido como Estatuto del Consumidor. Una de las mayores apuestas de la cartera que lidera Néstor Iván Osuna Patiño es que todas las personas comprendan la importancia del diálogo y la solución de sus conflictos a través de la conciliación, antes de acudir a los jueces de la República. Lo que se busca es que este nuevo centro de conciliación posicione dicho mecanismo como la principal alternativa de acceso a la justicia para la construcción de una cultura de paz encaminada a garantizar la convivencia pacífica en todo el territorio nacional. En cuanto a infraestructura, el nuevo centro de conciliación (ubicado en la calle 7 No. 4-49 de Bogotá) contará con instalaciones de primer nivel y ofrecerá a la ciudadanía seis salas de audiencias, una de espera interna y otra externa. Además, pondrá a disposición del público conciliadores con experiencia y conocimiento en el sector financiero y tendrá cobertura nacional de manera presencial y virtual. Con la puesta en funcionamiento del centro de conciliación, el pasado 8 de noviembre, se espera combatir la congestión de la justicia ordinaria, particularmente de los juzgados civiles. Tomado de Ministerio de Justicia  ​

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LA PANDEMIA Y LA NUEVA JUSTICIA

“La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano”. El 17 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el primer Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de conjurar los efectos nocivos de la pandemia del covid-19 (D. 417 de 2020), estado de excepción al que le sucedió una segunda declaratoria el 6 de mayo siguiente (D. 637 de 2020). El 22 de marzo de este año, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el país (D. 457 de 2020), y así comenzó oficialmente la cuarentena, que significó una suspensión inesperada de casi todas las actividades humanas, económicas y sociales, la cual se ha venido prorrogando recientemente hasta el 15 de julio (D. 531, D. 593. D. 636, D. 749 y D. 878 de 2020). Esta situación ha generado un cambio en la forma de trabajar, que ha privilegiado el desempeño laboral desde casa, al que no ha sido ajeno el servicio público de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura había suspendido los términos judiciales a partir del 16 de marzo y esa medida se fue prorrogando hasta el 1º de julio de 2020, con excepción de las acciones de tutela, habeas corpus, diligencias de control de garantías y audiencias penales con persona privada de la libertad. Una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno Nacional fue la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en un escenario de confinamiento como el descrito. Nuestra misión como Ministerio de justicia ha sido la de dirigir y articular el trabajo con las entidades del sector en pos de este objetivo que hemos logrado a través del uso de las Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho. “La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano”. Justici a 21 tecnologías de la información y la comunicación -TIC-. Por la marcada cultura machista y patriarcal arraigada en nuestro país de carácter discriminatorio frente a la equidad de género, el Gobierno Nacional anticipó que la cuarentena generaría un aumento de los actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, producida por la tensión frente a variados factores como dificultades económicas, temores por la crisis en salud, incremento del trabajo doméstico y limitación del contacto social. Pensando en proteger la familia, en los albores del confinamiento se expidió el Decreto Legislativo 460 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para que las comisarías de familia siguieran prestando servicios de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según datos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al 18 de junio de 2020, se registró un incremento de un 150% de llamadas a la Línea 155, reportando hechos de violencia al interior de los hogares durante la cuarentena. Luego, el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020 determinó que la justicia alternativa debía mantener su operación a través de medios virtuales. Con esta norma, los Centros de Conciliación y Arbitraje han podido prestar sus servicios y continuar con sus trámites dentro de sus posibilidades. La circunstancia actual aceleró la digitalización de los métodos de resolución de conflictos y este es un proceso que ya no tiene marcha atrás. Otras normas expedidas Muchas otras normas se dictaron durante la pandemia para salvaguardar los valores, principios y derechos fundamentales del Estado Social de Derecho en relación con la justicia. El Decreto 469 de 2020 le permitió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales para garantizar el control de las normas adoptadas durante el estado de excepción. El Decreto 564 de 2020 fue expedido como una medida de garantía de acceso a la administración de justicia, al disponer que los términos de prescripción y de caducidad para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, se encontraban suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día en que el Consejo Superior de la Judicatura ordenara la reanudación plena de la administración de justicia, el 1º de julio de 2020. Todas estas normas se han expedido con la finalidad última de garantizar el servicio de justicia durante la pandemia. La medida más importante hasta ahora tomada es el Decreto 806 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los del sistema. Este decreto sienta las bases de una nueva forma de administrar justicia, a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología. Se aceleró transformación tecnológica La pandemia aceleró la transformación tecnológica ya iniciada, por ser una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y una de las promesas de campaña del Presidente Iván Duque, que afirmaba que se debía “digitalizar por completo el funcionamiento del Estado, tanto a nivel nacional como territorial” (1). Hoy tenemos importantes avances frente al expediente electrónico, el cual se está apalancando con apoyo financiero de la banca multilateral. Este proceso implica necesariamente un cambio cultural y de mentalidad, frente al que soy optimista porque el uso de las tecnologías se ha vuelto parte de la cotidianidad de muchas personas y esto facilitará mucho esta nueva cultura judicial. Sin previo aviso, la crisis nos introdujo en una realidad diametralmente diferente a lo que conocíamos como normalidad. La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación

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