menores Archivos - Revista el Congreso

Consejo de Estado emitió una condena contra la Fiscalía por llevar a cabo una investigación ilegal contra una menor de edad

El Consejo de Estado emitió una condena contra la fiscalía general de la Nación por llevar a cabo una investigación ilegal contra una menor de edad en un caso de aborto en Boyacá. Según el fallo, ocurrido en las cercanías de un colegio en 2004, la Fiscalía procedió con la investigación de la menor de 15 años durante más de un mes, en lugar de remitir el caso al Juzgado de Menores como correspondía. El Consejo de Estado encontró que la Fiscalía realizó investigaciones sobre el delito de aborto sin tener la competencia legal necesaria, utilizando estereotipos, prejuicios y sesgos de género contra la menor. Por ejemplo, el ente acusador tomó declaración de la mujer pero no incluyó a su novio en el proceso, y la sometió a un escarnio público desproporcionado. El fallo del Consejo de Estado destacó que la Fiscalía ignoró las condiciones especiales y el enfoque diferencial que la ley exige para tratar con menores de edad en situaciones como esta. En lugar de ello, intentó indagar sobre aspectos privados y sexuales de la menor, lo cual fue señalado como una práctica discriminatoria común hacia las mujeres. Además, el Consejo de Estado subrayó que la Fiscalía no consideró la condición especial de la menor como sujeto de protección por su doble vulnerabilidad como mujer y menor de edad. Durante la investigación, la Fiscalía recibió la declaración de la menor sin seguir los protocolos legales requeridos y ordenó exámenes forenses que expusieron su situación a un escrutinio público innecesario. El Consejo de Estado calificó la actuación de la Fiscalía como obstinada y terca, ignorando las normas de competencia y afectando gravemente los derechos de la menor. Como resultado de la condena, la Fiscalía deberá coordinar un acto público de desagravio por los actos de violencia y discriminación cometidos, así como indemnizar a la afectada con 50 salarios mínimos vigentes por la persecución ilegítima por parte del Estado.

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ELN sí está reclutando jóvenes en Risaralda y Chocó: Defensoría del Pueblo

Actualidad / revistacg

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los gobernadores de Risaralda y Chocó para aumentar el pie de fuerza y la seguridad. Esto tras confirmar el reclutamiento de menores de edad por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque el órgano constitucional no ha entregado cifras de los reclutados, sí confirmó que el grupo ilegal los está integrando a sus filas. Lo anterior, por medio de montos de dinero a quienes les faciliten el trabajo y amenazas a las familias que se opongan. El Ministerio Público ya ha emitido algunas alertas tempranas con respecto a ambos municipios. A pesar de las repetidas denuncias por parte de voceros del Movimiento Nacional de Víctimas en Risaralda, como las de Eisenhoward Dejanón Zapata, y las alertas constantes de la defensora del pueblo local, Elsa Gladys Cifuentes, la situación lejos de apaciguarse, ha ido escalando. La presencia del ELN en la zona limítrofe de los departamentos está en aumento. “En estas alertas tempranas se anuncia la situación de riesgo por posible reclutamiento de menores, además de toda la problemática que se tiene en la zona limítrofe con el departamento del Chocó en materia de orden público. Por esto hemos pedido reforzar la seguridad en la zona y que se establezca contacto de forma inmediata entre los gobernadores de ambos departamentos”, dijo Cifuentes. Como acción inmediata, la Defensoría del Pueblo espera que la administración departamental cite al primer consejo de seguridad para brindar soluciones. La iniciativa radica en minimizar la violación de los derechos de los menores, así como encontrar una alternativa que permita ponerle fin al conflicto que, por tantos años, ha afectado al territorio colombiano.

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Acusados por violencia sexual a menores podrían quedar en libertad

Actualidad / revistacg

Al menos 2.875 personas acusadas de abuso sexual a menores de edad podrán quedar en libertad en los próximos cinco años por “pena cumplida”, según el Inpec. La entidad tendrá la obligación de revisar y verificar si cumplen o no con los requisitos para recobrar la libertad, pues de acuerdo con cifras entregadas por la institución, 1.380 exconvictos son reincidentes de este delito, datos que preocupan a algunos sectores políticos y organizaciones sociales. Hasta el momento, 804 personas condenadas por violación sexual han sido beneficiadas con la ley de casa por cárcel, mientras que otras 840 son monitoreadas a través de sistemas de vigilancia electrónica. Según informes oficiales, en el año 2018 abusaron de 22.794 menores de edad en el territorio nacional. Por lo tanto, para evitar este tipo de delitos, la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela Sánchez, citó a un debate de control político en la Plenaria de Cámara de Representantes. “Colombia es un país hostil para crecer, en donde los niños y niñas se encuentran expuestos a toda clase de vejámenes y tipos de violencia, situación que debe llamar la atención del gobierno nacional de manera urgente y prioritaria. Por ejemplo, la cifra de 22.794 niños violentados sexualmente equivale a que en Colombia son abusados cada mes 1. 899 niños, semanalmente 438, diariamente 64 y casi 3 niños cada hora”, reveló la parlamentaria. El debate coincidirá con la discusión que, sobre la implementación de la cadena perpetua a los asesinos y violadores de menores en Colombia, avanza en el Congreso.

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El preocupante panorama de los menores en Colombia

Actualidad / revistacg

La Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), deja en evidencia la situación real de la violencia contra niños y menores en el país. De acuerdo con el estudio, el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que sufrió violencia sexual, física o psicológica antes de los 18 años fue de 40,8% en mujeres y 42,1% en hombres. La violencia física antes de los 18 años afecta más a los hombres (37,5%) que a las mujeres (26,5%), mientras que la violencia psicológica por parte de padres, cuidadores, parientes o adultos antes de la mayoría de edad se ejerce más sobre las mujeres (21,2%) que sobre los hombres (9,5%). “Los resultados de la encuesta generan una línea de base que nos ayudará a que las políticas públicas sean más eficientes para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Además, nos alineamos con la estrategia INSPIRE, para la prevención de la violencia infantil, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, informó el viceministro de Salud y Prestación de Servicios encargado de funciones del despacho del Ministro, Iván Darío González Ortiz. El viceministro agregó que “los menores están expuestos a la violencia sexual, incluyendo tocamientos no deseados, intento de acceso sexual no deseado, presión y coerción, y aseguró que las mujeres entre 18 y 24 años reportan con mayor frecuencia haber sufrido violencia sexual en su infancia o adolescencia, frente al 7,8% de los hombres”. Agregó que “el trabajo intersectorial es fundamental para el abordaje de estrategias de prevención que estén basadas en la evidencia. Aquí es importante el desarrollo de capacidades del talento humano para que identifiquen oportunamente cualquier factor de riesgo”.

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Fiscalía creará oficina con enfoque de género e infancia

Actualidad, Bogotá D.C., Fiscalía / revistacg

En el año 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó 22.309 valoraciones médico legales a mujeres por casos de violencia sexual, la tasa más alta en los últimos 10 años. De ellas, el 41,9% fueron niñas entre 10 y 13 años de edad. Durante la celebración de los 27 años del ente investigador, el Fiscal General (E), Fabio Espitia Garzón, anunció la creación de la Oficina para la integración y articulación del enfoque de Género, Infancia y Adolescencia, ante la preocupación por las creciente cifras de violencia sexual e intrafamiliar. Dicha oficina dependerá del despacho del Vicefiscal General de la Nación y se encargará de diseñar y articular todas las estrategias misionales que hacen frente a las violencias sobre los fenómenos criminales contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. “El diseño de los sistemas penales, en la persecución y juzgamiento de tales conductas (violencia sexual), reproducen el esquema de doble victimización de la mujer y del menor que ha sido sujeto pasivo de estas conductas, reforzando consiente e inconscientemente las causas en contextos culturales”, explicó el fiscal. Sin embargo, Espitia aseguró que la entidad viene trabajando fuertemente en el esclarecimiento de feminicidios, “la Fiscalía ha avanzado positivamente logrando un porcentaje de esclarecimiento del 81.6%; desafortunamente no se puede predicar lo mismo respecto de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar”. Por último, el servidor público, aseveró que seguirán trabajando para brindarle un mejor servicio a los colombianos, “cada día seguimos superando dificultades, trabajando para construir un país más justo y digno, y en particular sabiendo que sobre nosotros pesa el deber de dar respuestas a las víctimas”.

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Al menos 7.583 menores fueron vinculados a grupos al margen de la ley

Actualidad, Paz / revistacg

La Procuraduría General de la Nación en la entrega del informe “Infancia transgredida, niñas, niños y adolescentes en la guerra”, sostuvo que según el Registro Único de Víctimas, 7.583 menores fueron vinculados ilegalmente a grupos armados al margen de la ley, cifra que no correspondería a la realidad por causa del subregistro. El Ministerio Público cuestionó ante la JEP la falta de cifras reales y oficiales en torno al flagelo del reclutamiento forzado por parte de grupos armados, en particular las que fueron entregadas por las FARC. A raíz de esta situación, el ente de control “celebró que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice los procesos relacionados con el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para esta población víctima del conflicto armado”. El comunicado hace énfasis en la necesidad de que los colombianos conozcan la realidad del conflicto armado que ha vivido el país. “Saber en qué falló la institucionalidad, por qué el Estado no pudo evitar la espiral de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y no hizo realidad el principio irrevocable de que los derechos de los menores constituyen un interés superior”.

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Se aprueba en primer debate ley que protege a niños con cáncer

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Salud, Senado / revistacg

“Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia”: Ángela Sánchez. Este miércoles se aprobó, en primer debate, el Proyecto de Ley 27 de 2018 por medio del cual se establecen medidas para garantizar la prestación de los servicios de salud oncopediátrica y se declara como urgencia médica la atención integral a los menores con cáncer. La senadora Claudia Castellanos y la representante Ángela Sánchez Leal del partido Cambio Radical, son ponentes de la iniciativa. Según las congresistas, en Colombia alrededor de 1.445 menores son diagnosticados con cáncer cada año, de los cuales 519 fallecieron el año pasado, lo que quiere decir que “cada 2 días durante el 2017 murieron 3 niños”. El índice de mortalidad para los menores con cáncer puede incrementar debido a que esta enfermedad en ellos no puede ser prevenida, ya que cuando es descubierta se encuentra diseminada en un 80% y su detección normalmente es accidental. La Defensoría del Pueblo reveló que solo el 40% de los niños viven más de 5 años luego de ser diagnosticados con cáncer. La Ley Jacobo, como ha sido llamada, pretende modificar la ley 1388 de 2010, con el fin de eliminar las autorizaciones de los servicios médicos y fortalecer el apoyo social. “Es la única ley que de forma especial protege la vida de los menores con cáncer, sin embargo, su incumplimiento hace que la problemática continúe en la atención” que se les debe brindar, aseguró la representante Ángela Sánchez. El proyecto busca agilizar el flujo de recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las instituciones prestadoras de servicios de Salud (IPS), para garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los afiliados al sistema de salud. Finalmente, Sánchez Leal pidió al Ministerio de Educación que promueva el ingreso de esta población al Sistema de Educación Superior y así oriente a los estudiantes diagnosticados con cáncer el paso del colegio a las instituciones de enseñanza superior.

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